La formación de maestros y la Normativa 09-15

En 2014, la firma del Pacto Educativo dejó plasmado en papel el compromiso del liderazgo nacional con una educación de calidad. Uno de sus aspectos más notables fue el reconocimiento del papel de la formación de los docentes en el logro de los aprendizajes. Como resultado, un año después fue aprobada la Normativa 09-15, que estableció un novedoso programa para la formación universitaria de los profesores.

En esencia, la normativa dictó que los nuevos maestros debían ser formados con énfasis en el dominio de los contenidos y en el desarrollo de competencias, los profesores debían tener un perfil profesional respetable y los ingresantes debían alcanzar un valor mínimo en una prueba de ingreso. Esas disposiciones procuraban un cambio significativo en la forma convencional de hacer las cosas, atentaban contra intereses ya creados y alteraban prácticas bien establecidas. El tema generó amplias discusiones en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), especialmente en lo relativo a los criterios de admisión, hasta la aprobación de la Resolucion en diciembre de 2015. El Acta de la reunión me atribuye la propuesta de que la prueba de ingreso fuese “internacional y estandarizada” para permitir la comparabilidad con otros países, lo que fue acogido por todos.

La puesta en marcha de la iniciativa resultó un camino sinuoso, pues tuvo que sobrepasar una larga secuencia de obstáculos administrativos. Sólo en 2017, el Intec asumió el riesgo de iniciar cinco carreras bajo la nueva normativa, financiando a los primeros estudiantes con recursos institucionales propios mientras se resolvían las trabas burocráticas. Nos animaba el objetivo de tener los primeros egresados antes de que la década acabara.

Esto sirve como telón de fondo para una discusión sobre la posibilidad de descontinuar los nuevos programas de formación de maestros conforme a lo establecido en la Normativa 09-15 y, en particular, eliminar la prueba de ingreso vigente. Se argumenta que los requerimientos de dichos programas son un cuello de botella que impide la incorporacion de una cantidad deseable de estudiantes y que, en adicion, limita los recursos de universidades cuya matrícula depende en gran medida de los programas de formación docente. Esto ha llevado a proponer la eliminación de los requerimientos o el reemplazo de la prueba vigente por otra, presumiblemente más adecuada al contexto local.

Los argumentos no son descabellados. Por un lado, las tasas de ingreso a los programas han sido relativament bajas y, si se mantuvieran así, tardaríamos más de lo deseado para lograr la incidencia necesaria en el sistema. Por otro lado, la baja matriculación pone en riesgo la sostenibilidad de algunas entidades cuya preocupación no debe ser menospreciada, pues las universidades no pueden cumplir con su función social si no cuentan con recursos para hacerlo. Sin embargo, la eliminación de un mecanismo de exigencia de entrada equivaldría a renunciar a la aspiración de calidad en la nueva generación de profesores que tendrán a su cargo la misión de contribuir a la mejora del sistema educativo.

La intención debe ser, por el contrario, fortalecer las exigencias a lo largo del tiempo, con la esperanza de alcanzar un momento en que los apirantes a profesores sean de los cerebros más brillantes en la población estudiantil. La sustitución extermporánea de la prueba por otra de confección local nos privaría de la experiencia internacional y, en el peor de los casos, abriría las puertas a que los intereses locales distorsionen el instrumento. El país tiene ejemplos penosos de esa naturaleza.

¿Cómo podemos proceder? Empecemos por reconocer que la prueba vigente no es necesariamente inasequible a nuestros estudiantes. La misma se aplica desde hace años como criterio de admisión a todas las carreras del INTEC y los resultados promedios no se apartan de los patrones de otros países o entidades donde también se usa. En el caso particular de los estudiantes de Educación, esa institución ya ha recibido varias cohortes, cuyas evaluaciones promedio en la prueba no se apartan de los resultados que obtienen los aspirantes a carreras como Medicina o Ingeniería.

No veo razón para que esa experiencia no pueda replicarse en otras universidades, si cuentan con el apoyo y las condiciones necesarias. El camino a seguir incluye la preservación de las exigencias de entrada con estándares ya bien establecidos internacionalmente, que no solo sirven como criterio de entrada sino también para identificar planes de mejora. Es también necesario un mayor incentivo para atraer a los mejores estudiantes, y eso incluye la rápida contratación de los ya egresados -que todavía no han tenido oportunidad de incorporarse al sistema- para que se conviertan en historia de éxito. Es claro que hay que mejorar los mecanismos para nivelar a estudiantes que no logren pasar en el primer intento, como establecido en la propia Normativa y en el Pacto Educativo, además de seguir subiendo el nivel promedio de nuestros bachilleres.

No tengo dudas de que la comunidad académica, la gran mayoría de los rectores y las autoridades del MESCYT, en quienes reconozco la mejor de las intenciones, encontremos el modo de conciliar las distintas perspectivas y avanzar en la dirección deseada, sin sacrificar nunca el rigor o la calidad.

Rolando M. Guzmán