Educación y “mala práctica política”

Recientemente el Dr. Fernando Reimers ofreció un webinar auspiciado por el IDEC y el Instituto 512, para dar a conocer en nuestro país el libro “Educación y el COVID-19: recuperarse de la pandemia y reconstruir mejor”. Me permito comentar, y contextualizar, algunas de las ideas planteadas, haciéndolo, no tanto desde la perspectiva del desafío coyuntural que tenemos de recuperarnos del COVID, sino desde una visión, mas a largo plazo, de cómo “reconstruir mejor” nuestro sistema educativo, para utilizar el sentido dado a este concepto por el Dr. Reimers.

De su exposición resalto su insistencia en la necesidad de lograr un “incremento de capacidades como condición necesaria para el desarrollo de la resiliencia entre los estudiantes, maestros, escuelas y sistemas educativos.”

A partir de este planteamiento se deduce que para lograr el desarrollo de estas capacidades y que éstas apoyen la conversión de las escuelas en organizaciones que aprenden, se requerirá, en países como el nuestro, un giro copernicano en la visión prevaleciente sobre cómo funciona la escuela y cuál es su papel en la gestión del currículo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El enfoque subyacente al principio planteado por el Dr. Reimers de “Apoyar a las escuelas para que se conviertan en organizaciones que aprenden, donde la colaboración profesional produzca como resultado altos niveles de éxito en el apoyo a todos los estudiantes para que aprendan”, supone un cambio de paradigma profundo orientado a concebir el ejercicio docente del maestro y el de gestión de los directores de escuelas, como ejercicios eminentemente profesionales. Es necesario, desde esta perspectiva, que maestros y directores sean considerados como profesionales capaces de tomar decisiones de manera autónoma, a partir de sus competencias adquiridas, de su conocimiento del contexto en el cual ejercen su función, y de su experiencia. Estas decisiones deben, además, ser el fruto de un trabajo profesional realizado en ambientes de colaboración creados tanto en sus escuelas como entre escuelas de su entorno. En otras palabras, hay que lograr que maestros y directores asuman el protagonismo y la responsabilidad de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes.

Esta visión dista mucho de la prevaleciente, en las últimas décadas, en la República Dominicana. La falta de valorización profesional del ejercicio de las funciones de los docentes y los directores de escuelas ha llevado, en el caso nuestro y de otros países, al uso instrumental, con fines políticos, del sistema educativo. Dado que este sistema es uno de los grandes empleadores, se ha convertido en un gran botín clientelar para los partidos políticos que asumen el poder, y su cobertura a nivel nacional lo convierte en un mecanismo de penetración y dominio para los partidos políticos que logran su control, sean estos del gobierno o de la oposición.

Mientras prevalezca esta visión clientelar orientada al logro de objetivos político-partidistas alejados del interés educativo de los estudiantes, visión que podemos denominar de “mala política”, se corre el riesgo de que los esfuerzos de formación docente y de reforma educativa que se realicen, aunque estén bien concebidos, resulten ineficaces ante las interferencias y las discontinuidades que produce esta intromisión partidista en la buena marcha de los procesos de mejora y de reforma educativa.

El uso del sistema educativo para promover fines partidistas conspira, a nuestro entender, con el desarrollo de un modelo de gestión basado en criterios profesionales para el desempeño de las funciones de docencia y de gestión educativa. Este modelo debe tener como norte el aprendizaje de los estudiantes y el compromiso ético con su desarrollo personal.

La República Dominicana es un buen ejemplo del costo que tiene que pagar un país por esta continua interferencia de la política clientelar en la educación.

Llevamos 30 años, desde los inicios de la década de los 90´s, intentando poner en marcha reformas educativas sin que hasta la fecha se manifiesten en mejoras significativas de los aprendizajes de los estudiantes. Estamos en el inicio de la tercera década del siglo XXI y seguimos luchando por casi los mismos objetivos.

Esperamos que los desafíos que han surgido como resultado de la pandemia, unidos a los que enfrentábamos antes y que todavía conservan su vigencia, hagan recapacitar a nuestro liderazgo político y también al social y cultural, y nos convenzamos, de una vez por todas, que el futuro del país descansa en una educación de calidad, como establece nuestra constitución. Para que la educación pueda jugar este papel, el sistema educativo que debe promoverla, no debe ser botín para repartirse, como resultado de las contiendas electorales.

Desarrollar un sistema educativo capaz de lograr una aprendizaje de calidad en los estudiantes es un imperativo moral a cuyo servicio deben estar todos los sectores nacionales. Este compromiso ético debe trascender los intereses particulares y estar orientado al logro del bien común.

Los resultados de la pandemia sobre el sistema educativo le están dando al Señor Presidente de la República la oportunidad de dejar un legado imperecedero a las nuevas generaciones, erradicando de este sistema el uso de la “mala política”, satisfaciendo así las aspiraciones que en materia de educación, desde hace décadas, tiene la sociedad dominicana. Para lograrlo, es necesario que el presidente, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como máximo responsable de la administración pública, tome las medidas necesarias para que el sector educativo, en todos sus niveles, se administre de conformidad a sanos principios de gestión, desterrando de una vez y para siempre las malas prácticas políticas que tanto daño hacen a la educación. Si lo hace, la sociedad le dará un reconocimiento aun mayor que el que ha recibido hasta ahora por las decisiones tomadas para dotar de independencia al Ministerio Público.

Los niños, jóvenes y adultos de la República Dominicana esperan ver plasmado en hechos el derecho consagrado por el constituyente en el Artículo 63 de nuestra constitución: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” La historia nos enseña que este objetivo no es alcanzable con las “malas” prácticas políticas que afectan a nuestra educación.

Radhamés Mejía