Un pleito interesante
Tendencias legales en redes sociales: Brasil en la mira
En Brasil está en curso un enfrentamiento interesante, que pone en pugna al derecho a la libertad de expresión contra la responsabilidad de una empresa a la hora de dispersar, a sabiendas o no, de información falsa y peligrosa para la estabilidad social de un país.
En el medio del cuadrilátero están el juez brasileño del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, y el dueño de X, antiguo Twitter, el polémico Elon Musk. Moraes autorizó el domingo que Musk y su empresa sean investigados por supuestos delitos de obstrucción a la justicia e incitación al crimen, tras el motín que surgió en Brasil luego de la victoria de Lula contra Bolsonaro. El juez entiende que Musk y Twitter tuvieron mucha responsabilidad en ese hecho, al usarse la plataforma para difundir fake news.
“Las redes sociales no son tierras sin ley”, dijo Moraes en su sentencia, una frase lapidaria que podría ser el inicio de una cruzada global para poner coto al desorden social que han provocado esas plataformas. Musk anunció que combatirá las acusaciones, blandiendo la espada de la libertad de expresión, aunque tenga que cerrar sus lucrativas operaciones en el territorio brasileño.
Este es un pleito que podría determinar tendencias en diversos aspectos sobre el manejo de las redes sociales. ¿Son las fake news un delito o un ejercicio de libertad de expresión? ¿El delito es desinformar o difundir las fake news? ¿Es responsable la plataforma o quien origina el contenido falso? ¿Deben estar las mentiras propagadas deliberadamente cobijadas por la libertad de expresión?
Será interesante lo que Brasil decida en ese aspecto, pues es un país con amplias operaciones de esas plataformas en su territorio y podría convertir su decisión en una suerte de tendencia legal en la región. Soy de los que creo que los fake news, cuando perjudican una persona o una figura jurídica pueden atacarse mediante el uso del libelo o la difamación. Ahora, el problema está cuando esos fake news provocan desorden social y daños permanentes a la propiedad pública. Entiendo que eso hay que legislarlo, porque hoy día está todo demasiado ambiguo.
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