La burocracia nos cuesta miles de millones: es hora de actuar

Carlos necesitaba renovar su pasaporte para un viaje de negocios. Revisó los requisitos en la web de la Dirección General de Pasaportes, llevó todos los documentos indicados y llegó temprano a la oficina. Sin embargo, al presentarse, le informaron que debía presentar un certificado adicional que no aparecía en la lista oficial. Lo que debía ser un trámite sencillo terminó convirtiéndose en una odisea de días.

Casos como el de Carlos ocurren a diario en diferentes instituciones del Estado. La burocracia excesiva, la falta de integración entre sistemas y la duplicidad de procesos hacen que cada interacción con el gobierno sea lenta y frustrante. Mientras en otros países la digitalización ha permitido reducir trámites a minutos, en República Dominicana seguimos atrapados en una estructura obsoleta que no solo afecta la vida de los ciudadanos, sino que también impacta la economía.

La eficiencia del Estado no es solo una cuestión administrativa, es una necesidad económica y social. Un sistema burocrático ineficiente aumenta los costos operativos del gobierno, genera pérdida de tiempo para los ciudadanos y ralentiza la inversión privada. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las ineficiencias del gasto público representan hasta el 4.4 % del PIB en la región, lo que equivale a miles de millones de pesos desperdiciados en procesos que podrían optimizarse con un Estado moderno y digital.

Mientras tanto, países como Chile y México han tomado medidas decisivas para eficientizar su aparato estatal. Chile implementó un sistema de interoperabilidad de datos que redujo en un 30 % los tiempos de espera en trámites gubernamentales, al permitir que las instituciones públicas compartan información en tiempo real, eliminando la duplicidad de procesos. México, por su parte, digitalizó el 70 % de sus trámites, permitiendo que la ciudadanía acceda a servicios en línea sin necesidad de acudir físicamente a una oficina pública. Ambas reformas han mejorado la calidad del servicio al ciudadano y han reducido significativamente la corrupción y los costos administrativos.

En República Dominicana, la nueva cédula de identidad y electoral es un paso hacia la digitalización, pero su implementación debe ir acompañada de una integración real con otras instituciones para evitar que siga siendo un simple documento y se convierta en la llave de acceso a todos los servicios del Estado. Países como Estonia han logrado que el 99 % de sus servicios gubernamentales se presten en línea, reduciendo costos y tiempos de espera.

El pasaporte electrónico es otro elemento clave en este proceso de modernización. Un documento de identidad digitalizado que facilite el acceso a servicios dentro y fuera del país permitiría unificar información y mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Sin embargo, sin una verdadera articulación con otros organismos, su impacto será limitado.

Pero la transformación más urgente es la eliminación de la burocracia innecesaria. Burocracia Cero no es una utopía, es un modelo que muchos países han implementado con éxito. Se trata de reducir los trámites redundantes, eliminar requisitos innecesarios y crear procesos automatizados que permitan a los ciudadanos y empresas interactuar con el Estado sin perder tiempo. En República Dominicana, un trámite que en otros países toma minutos, aquí puede tardar semanas o incluso meses.

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y los Puntos GOB han sido un avance, pero necesitan una mirada transversal que permita su integración con todas las instituciones del Estado. Hoy, estos centros funcionan como soluciones parciales cuando deberían ser el eje de un gobierno digital unificado.

Otro avance necesario es la firma digital en la Suprema Corte de Justicia. La digitalización del sistema judicial no solo agilizaría los procesos legales, sino que reduciría costos y mejoraría el acceso a la justicia. Actualmente, miles de ciudadanos deben desplazarse físicamente para firmar documentos o presentar solicitudes que podrían realizarse en línea con total seguridad.

Finalmente, el Congreso Nacional debe asumir un papel protagónico en la Estrategia Nacional de Eficiencia del Estado y Reducción de la Burocracia. La modernización del aparato estatal no puede depender solo del Poder Ejecutivo, sino que requiere un marco normativo que garantice su continuidad en el tiempo. Esto implica reformas legales que permitan la interoperabilidad de datos entre instituciones, la simplificación de trámites y la adopción obligatoria de herramientas digitales.

Durante mi visita a Estonia, pude observar de primera mano cómo un Estado puede transformarse para servir eficientemente a sus ciudadanos. Con solo 12 ministerios, Estonia ofrece más de 4,000 servicios en línea, demostrando que una estructura gubernamental compacta y bien organizada puede ser altamente efectiva. Este modelo de eficiencia no solo responde a las necesidades de una sociedad contemporánea, sino que también se alinea con los principios establecidos en nuestra Constitución, que en su artículo 8 establece que "es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma equitativa e igualitaria". Para lograr esto, es imperativo diseñar un Estado que, más allá de estar modernizado, esté verdaderamente orientado a satisfacer las demandas de la ciudadanía y cumplir con los mandatos constitucionales.

En mi libro Por el Bien Común, explico cómo la eficiencia estatal no es solo un tema de tecnología, sino de voluntad política. Un Estado eficiente significa menos gasto público, menos corrupción y más calidad en los servicios. Los ciudadanos no deberían perder su tiempo en trámites innecesarios ni enfrentar procesos interminables para obtener lo que les corresponde por derecho.

Carlos no debería haber perdido días en un trámite que pudo resolverse en minutos. Un Estado moderno no se mide por la cantidad de empleados que tiene, sino por la calidad del servicio que ofrece. Es hora de actuar. La eficiencia del Estado no puede seguir siendo una promesa. Debe ser una realidad.

Pablo Ulloa

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.