Más que dependencia: una mirada justa a la relación entre el Estado y la ciudadanía

El reciente artículo publicado en Diario Libre, titulado "Más de la mitad de los dominicanos recibe algún tipo de ayuda del Gobierno" y basado en un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), presenta una perspectiva que merece mayor profundidad. El uso del término "dependencia" puede inducir a interpretaciones erróneas sobre la relación entre el Estado y diversos sectores de la población.

El informe del CREES indica que en 2024 el 51.1 % de la población dominicana recibió algún tipo de asistencia del Estado, un aumento del 3 % respecto a 2022. Sin embargo, es crucial contextualizar estas cifras. La relación entre el Estado y sus ciudadanos se basa en derechos, deberes y solidaridad. Los empleados públicos ofrecen servicios esenciales; los pensionados reciben beneficios por sus años de contribución; y los programas sociales apoyan a quienes enfrentan vulnerabilidad. Por lo tanto, el uso del término "dependencia" en este contexto es simplista y no refleja la complejidad de estas interacciones.

Empleados públicos: servidores, no dependientes

Los empleados públicos, incluidos médicos, maestros, policías y militares, no "dependen" del gobierno en el sentido peyorativo del término. Estos profesionales garantizan derechos establecidos en la Constitución al ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía. Su relación con el Estado es laboral, como la de cualquier empleado del sector privado con su empleador. Por lo tanto, describirlos como dependientes del gobierno es tan inexacto como afirmar que los empleados privados dependen de los empresarios. En ambos casos, se trata de una relación contractual basada en la prestación de servicios a cambio de una remuneración.

Pensionados: derechos adquiridos y protección social

Los pensionados que reciben ingresos del Estado han dedicado años de servicio tanto en el sector público como en el privado. Muchos provienen del antiguo régimen de pensiones y trabajaron en el sector privado bajo el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Otros son exfuncionarios públicos—como policías, militares, médicos y maestros—que, conforme a la ley, tienen derecho a una pensión tras su retiro. Además, existen pensiones solidarias para poblaciones vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidades severas, en cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Caracterizar a estos individuos como dependientes del gobierno minimiza sus contribuciones previas y sugiere una dependencia que no refleja la realidad de sus derechos adquiridos.

Beneficiarios de programas sociales: apoyo a la vulnerabilidad

El tercer grupo mencionado en el artículo se refiere a los beneficiarios de programas sociales, como Supérate, que proporciona transferencias monetarias a hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. Estas ayudas, de 1,650 pesos mensuales, complementan la alimentación y otras necesidades básicas. Este tipo de asistencia social es común incluso en países desarrollados y suele ir acompañada de intervenciones para promover la autosuficiencia de los beneficiarios. Dado el monto limitado de estas prestaciones, es inexacto afirmar que estas familias "dependen" del gobierno; más bien, reciben un apoyo que busca garantizar sus derechos fundamentales y ofrecer oportunidades para superar su situación de vulnerabilidad. Es fundamental abordar el tema de la asistencia estatal con una perspectiva que reconozca tanto los derechos de los beneficiarios como las responsabilidades del Estado.

Etiquetar a más de la mitad de la población como "dependiente" del gobierno perpetúa estigmas y malentendidos. En lugar de ello, debemos valorar las contribuciones de los empleados públicos, respetar los derechos de los pensionados y comprender la importancia de los programas sociales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Otro debate necesario es el de la eficiencia en la asignación de recursos públicos: la cantidad de empleados públicos, la calidad de los servicios y el equilibrio en las pensiones y prestaciones sociales.

Jefrey Lizardo