El Poder Judicial no tiene quien le escriba

Cada 7 de enero conmemoramos el Día del Poder Judicial, según lo dispuesto en el párrafo único del artículo 40 de la Ley Núm. 327-98, de Carrera Judicial.

En los últimos años, se han logrado avances notables en el sistema judicial dominicano: digitalización, automatización y estandarización de los procedimientos administrativos, erradicación de la mora judicial y la implementación de la justicia virtual. Sin embargo, persisten desafíos preocupantes: la aplicación de normativas basadas en reglamentos nulos, el descuido de infraestructuras, pensiones estancadas, una carrera administrativa con lento progreso, escasa aplicabilidad de los concursos para jueces y defensores, y, lo más alarmante, la falta de mejora progresiva en las condiciones laborales y salariales de los jueces.

El presupuesto aprobado para el Poder Judicial en 2025 es de 12,921 millones de pesos, según la Ley Núm. 80-24, de Presupuesto General del Estado. Este monto está totalmente comprometido en gastos corrientes para la administración de justicia, dejando poco espacio para mejoras estructurales o salariales.

Los salarios de los jueces, sin indexar desde hace más de siete años, no son competitivos. Un abogado recién graduado en otros poderes del Estado puede ganar más que un juez de paz. Esta situación desmotiva y deteriora la independencia del sistema. Más grave aún, un juez supremo percibe un salario inferior al de jueces de otras altas cortes, fomentando la percepción de desigualdad entre estas instituciones y socavando el respeto hacia el sistema judicial.

Limitaciones presupuestarias y su impacto en el sistema

La insuficiencia presupuestaria no solo afecta las condiciones laborales de los jueces, sino también la seguridad y dignidad del ejercicio de su profesión. Es inaceptable que un juez, quien dicta sentencias que pueden definir la vida de las personas, deba salir a tomar transporte público tras finalizar un juicio, exponiendo su seguridad personal. Además, los jueces no cuentan con exenciones fiscales, financiamientos especiales para vehículos o viviendas, ni programas que mejoren su calidad de vida.

Se exige especialización y formación para el ascenso, pero no hay becas, ayudas ni permisos suficientes para realizar estudios. Los jueces deben trasladarse a suplir funciones en comunidades distantes utilizando sus propios recursos, sin recibir compensaciones por depreciación, dietas, gasolina ni pasajes.

Por otro lado, la mora judicial no siempre es culpa del juez, pero la carga laboral no se compensa con incentivos, bonos ni horas extras. Los jueces trabajan desde casa con sus propios equipos, pagan internet para cumplir con sus funciones y deben cuidar su apariencia, ya que su imagen refleja la del sistema judicial. Todo esto, con un salario que debe cubrir además las necesidades básicas, la educación de sus hijos, préstamos, transporte y formación profesional.

Un sistema en deterioro

Más allá de las condiciones laborales de los jueces, el sistema judicial en sí muestra un deterioro evidente por la falta de recursos:

• Tribunales sin electricidad, agua potable ni baños en condiciones dignas.
• Infraestructuras deterioradas, con paredes cayéndose.
• Secretarías sucias y sin recursos básicos.
• Falta de vehículos para mantenimiento o traslado hacia tribunales en zonas remotas.
• Pensiones de jueces retirados sin indexar ni mejorar.
• Empleados administrativos fuera de la carrera judicial.
• Alguaciles y salas de registros en condiciones precarias.

Incluso con una gestión comprometida desde la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, la falta de recursos es un freno para la creación de nuevos programas y el fortalecimiento de una justicia verdaderamente independiente.

Reflexión final

Es injusto que los jueces, pilares de la justicia, deban sacrificar su salario para sustentar el sistema. Trabajan bajo condiciones que vulneran su dignidad, poniendo en riesgo no solo su bienestar, sino también la calidad del servicio judicial. Es imperativo reflexionar sobre la sostenibilidad del Poder Judicial en un Estado de Derecho y abogar por una asignación presupuestaria adecuada, que permita garantizar la independencia, eficiencia y dignidad de este sistema fundamental.

Yorlin L. Vásquez Castro

La autora es experta en Derecho Tributario.