Hacia la consolidación fiscal de República Dominicana

Uno de los grandes desafíos de los países de América Latina y el Caribe es recomponer unos espacios fiscales que quedaron un tanto maltrechos como consecuencia de la pandemia. Los largos confinamientos y la presión en los sistemas de salud provocaron una contracción económica y una la reducción de ingresos tributarios sin precedentes, que en su momento se mitigó con políticas fiscales contracíclicas para preservar la actividad económica, los ingresos de los grupos más vulnerables y los sistemas de salud.

El resultado es que, actualmente, varios países no tienen el margen fiscal ideal para llevar a cabo sus planes de desarrollo y equilibrar sus economías con todas las garantías. Por ejemplo, la recuperación del espacio fiscal permitiría a las economías de la región acceder a financiamiento a menores costos, lo cual redundaría en un manejo más efectivo de las finanzas públicas, o en un incremento en las posibilidades de financiar proyectos de inversión que potencien la capacidad productiva de las economías.

Además, una posición fiscal más cómoda permitiría mitigar los riesgos y las vulnerabilidades asociados a choques climáticos (particularmente importantes en el Caribe) y en términos de intercambio, importantes para países como República Dominicana, que son importadores netos de energía.

En el caso de República Dominicana, una de las economías más dinámicas en la región, la pandemia retrasó la implementación de una reforma fiscal que debía ampliar la base impositiva, reducir las exenciones tributarias existentes y reducir los subsidios al sector eléctrico. El buen desempeño económico, la expectativa de mayor crecimiento y el acceso a mercados externos permitió financiar varios años de déficit fiscal, pero actualmente el país necesita retomar sus ajustes fiscales.

El país necesita una reforma fiscal integral que permita incrementar los ingresos tributarios, reducir los gastos, las necesidades de financiamiento externo, y también brindaría mayor grado de libertad a la política monetaria al reducir el riesgo cambiario sobre la gestión fiscal.

Hasta la fecha, las necesidades de financiamiento han podido ser financiadas por el acceso a mercados externos. La valoración positiva del mercado sobre la evolución de la economía dominicana le ha permitido un acceso amplio y conveniente a financiamiento externo privado, con bonos emitidos por USD 29.215 millones a través de diferentes emisiones, representando la mayor parte de la deuda pública (24% del PIB; 75,2% de la deuda externa y 52,3% de la deuda total).

Debemos tener en cuenta que República Dominica es uno de los países con menor presión tributaria de la región, que dependen mayoritariamente de impuestos indirectos. En 2022, por ejemplo, la recaudación tributaria del país fue de 13,9% del PIB, cuando el promedio regional alcanza a 21,5% del PIB y el promedio de la OECD a 34% del PIB. Además, en 2022, cerca del 70% de los ingresos tributarios provenían de la recolección de impuestos indirectos y la presencia de impuestos directos convive con amplios márgenes de exención tributaria.

Aunque el nivel de deuda de República Dominicana es razonable, la deuda soberana aún no posee grado de inversión. Un esfuerzo adicional en la dirección de reducir el stock de deuda apuntalaría las posibilidades de lograr este nivel de calificación, lo cual a su vez abriría significativamente las oportunidades de financiamiento disponibles para el país.

En definitiva, una potencial reforma fiscal permitiría al país profundizar los avances macroeconómicos logrados en las últimas décadas, potenciar el crecimiento económico, financiar más y mejores iniciativas de desarrollo y equilibrar las finanzas públicas.

Sergio Días-Granados