Hacia una reestructuración del Estado

La semana pasada presenté en esta columna un conjunto de elementos analíticos que permiten determinar cuáles gastos públicos deben ser recortados y cuáles ampliados. La aplicación de técnicas rigurosas de costo-beneficio junto a un estudio del efecto distributivo de la política fiscal ayudaría a mejorar significativamente la productividad y equidad del gasto gubernamental, elevando su aporte al bienestar de la gente. 

La racionalización del gasto público implica una reestructuración del Estado. Una simple inspección de las instituciones públicas lleva a recomendar modificaciones que no solo se traducirían en un importante ahorro de los recursos pagados por los contribuyentes, sino también en la mejora de su impacto sobre el crecimiento económico y creación de empleos privados.

El Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario de 2024 fue aprobado con un nivel de gasto del Gobierno Central ascendente a un monto de 1.42 millones de millones de pesos, equivalente a 19.2% del PIB, y un déficit de 231mil millones de pesos. La racionalización y chapeo del gasto corriente, que representa casi el 86% del gasto total, debe ser el punto de partida de la discusión de la reforma tributaria que se aprobará en los próximos meses para ser aplicada a partir de enero de 2025. De lo contrario, la población pensará que los nuevos recursos que se obtendrán con la reforma tributaria irán a financiar actividades con bajo impacto al desarrollo económico y social. 

Actualmente existen 21 ministerios bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo que, junto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la República, reciben un total de 1.18 millones de millones de pesos para su gasto corriente; monto que incluye 426 mil millones de pesos que corresponden principalmente al pago de los intereses de la deuda pública y otros gastos bajo la responsabilidad de la Administración de Deuda pública y la Administración de las Obligaciones del Tesoro Nacional y no son objeto de la reestructuración que propongo. La presidencia de la República incluye al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio Administrativo de la Presidencia. 

Esos ministerios pudieran consolidarse y reducir así el tamaño del Estado. Las funciones específicas de los ministerios absorbidos -o eliminados- serían realizadas por viceministerios o direcciones que se crearían dentro del ministerio resultante, pero todas las actividades administrativas y de soporte operativo como compras, contrataciones, recursos humanos, entre otras, serían realizadas bajo los departamentos responsables aprovechando las economías de escala, lo cual permitiría reducir los costos de adquisición de bienes y servicios y mejorar su nivel de eficiencia. 

El Ministerio de Hacienda y Economía agruparía a las siguientes instituciones: Ministerio de Hacienda; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; Ministerio de Turismo; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Energía y Minas; y Ministerio de Trabajo. La coordinación de las acciones ejecutadas por ese nuevo ministerio sería clave para la expansión de las actividades productivas del sector privado. 

El Ministerio de Educación agruparía a las siguientes instituciones: Ministerio de Educación; Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Deportes y Recreación; Ministerio de Cultura; Ministerio de la Mujer; y Ministerio de la Juventud. Una buena educación permitiría mejorar el tratamiento social a la mujer y a los jóvenes, por eso las funciones de esos ministerios caben perfectamente en el nuevo Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Obras Públicas, Edificaciones y Viviendas agruparía a las siguientes instituciones: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La eficiencia del proceso de contrataciones mejoraría significativamente, reduciéndose a un mínimo el tiempo y costo del otorgamiento de los permisos de construcción. 

Ministerio de Defensa, Interior y Policía agruparía a: Ministerio de Defensa; y Ministerio de Interior y Policía. Las compras conjuntas de los pertrechos militares y policiales reducirían significativamente los costos. 

Fuera del Gobierno Central se pudieran hacer otros recortes y actividades de racionalización del gasto público.  Por ejemplo, se debería crear una Superintendencia de Servicios Financieros que agrupe a las siguientes entidades: Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Seguros; Superintendencia de Pensiones; y Superintendencia de Valores. La eficiencia de la supervisión mejoraría significativamente. 

Se debe integrar a la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas en una sola entidad. Esto mejoraría la eficiencia en la lucha contra la evasión tributaria. 

Además, se debe analizar a profundidad los gastos que se ejecutan a través de organismos autónomos y descentralizados para determinar su eficiencia y productividad. Entre esos gastos cabe destacar los casi 14 mil millones de pesos que se transfieren a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe realizarse una evaluación de impacto de la educación que recibe una persona que asiste a la UASD con la que recibe una persona con una situación socioeconómica similar que asiste con una beca a una universidad privada. El resultado de esa evaluación de impacto permitiría determinar si es mejor ampliar el presupuesto que recibe la UASD o utilizar esos recursos para el otorgamiento de becas a los mejores bachilleres para que estudien en universidades privadas. Los jóvenes dominicanos que exhiben dedicación y perseverancia en sus estudios se merecen la oportunidad de recibir la mejor educación posible en el país y en el extranjero.  Por otro lado, se debería analizar la pertinencia de establecer un congreso nacional unicameral o, por lo menos, realizar una significativa reducción del número de diputados. 

Cabe recordar que actualmente el gasto corriente total del cuerpo legislativo asciende a 8,763 millones de pesos, monto que se divide entre la Cámara de Diputados con un gasto corriente de 5,831 millones de pesos; y el Senado de la República con 2,932 millones de pesos. En la discusión sobre la próxima reforma constitucional se debería poner sobre la mesa ese tema y abordarlo con rigurosidad al mismo tiempo que se discute la reforma tributaria. Pienso que el contribuyente, responsable del pago de impuestos directos e indirectos por más de 1.05 millones de millones de pesos se beneficiaría mucho de la reestructuración del Estado y la racionalización del gasto público.

Jaime Aristy Escuder

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Economista y matemático. Graduado de la Universidad de Chicago y doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Economía Matemática.