Víctor Díaz Rúa
En el universo de la corrupción administrativa peledeista, el Ing. Víctor Díaz Rúa, sin lugar a dudas tiene reservado un sitial especial. Nombrado Director General del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), en agosto de 2004, permaneció en esa posición hasta agosto de 2007 cuando es designado Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones hasta agosto de 2012.
El expediente de la Procuraduría General de la República, presentado ante el Juez de la Instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la solicitud de medidas de coerción, revela datos que es importante conocer.
Díaz Rúa, en 2004, declara un patrimonio de RD$63,532,898. Dos años después éste aumenta a RD$153,108,646. y en el 2008 había ascendido a RD$414,083,066, todo conforme a sus declaraciones juradas. No tenemos la hecha al salir del MOPC, pero las valoraciones son de que su patrimonio rebasa los 700 millones de pesos. Es necesario puntualizar que su salario nominal en INAPA era de RD$72,847. 00 y en Obras Públicas de RD$75,100.00.
Al ser nombrado, INAPA tenía en ejecución el Acueducto de la Línea Noroeste y en los primeros dos meses concerta con Odebrecht una addenda a la obra elevando el costo a US$ 161,761, 441. En 2005 acuerda dos nuevos aumentos, uno en enero de US$79,850.000. y, en junio, otro de $10,075,939.
En octubre de 2005 contrata con Odebrecht el acueducto de Samaná por US$115,098,661. valor que en 2008 aumenta en RDS$49,599,642. Luego, en el 2009, concibe otro aumento por US$62,299,690. para la construcción del acueducto de la provincia Hermanas Mirabal, como una obra complementaria del acueducto de Samaná.
En Obras Públicas y Comunicaciones sustituye a la Constructora Hormigones Moya de la Autopista del Coral, por Odebrecht, elevando de paso el contrato original a la suma de US$272,269,336. Por addendas de 2011, por valor de US$77,193,729. y de 186,840,792. La obra termina con un costo de $536,303,858.
En el mismo 2007, aprovechando la declaratoria de Emergencia Nacional, suscribe un contrato con Odebrecht para la rehabilitación de la carretera Constanza-cruce Autopista Duarte-Casabito por US$40,553,690. Por addendas al contrato, en junio de 2009 lo aumenta en US$10,138,422. y, en octubre, para la rehabilitación de la misma carretera firma un nuevo contrato con Odebrecht por valor de US$46,204,854. En abril de 2010 una nueva addenda al contrato le agrega US$11,551,213.
En abril de 2009 concerta por valor de US$163,890,541. la construcción del Corredor Duarte I. Por addendas de 2010, aumenta el costo en US$40,570,765. y, en agosto, previa declaración de urgencia, lo eleva en US$63,499,981, para el túnel de la Ortega y Gasset a la UASD, obra esta totalmente distinta a la originalmente contratada.
En agosto de 2010, previa resolución de urgencia, contrata directamente a Odebrecht para la construcción de la carretera El Río-Jarabacoa, por un monto de US$71,538,760. Más adelante por addenda al contrato el valor asciende a US$100,545,358.
En fin, como se consigna en el expediente, en sus funciones como titular de INAPA y del MOPC, entre 2007 y 2012, Díaz Rúa concertó contratos a Odebrecht por valor de US$2,370,815,216. Es ahí donde está la fuente del incremento meteórico de su patrimonio.
El desfalco cometido por Díaz Rúa contra el patrimonio Público es el vector resultante de una empresa como Odebrecht decidida a obtener sobre ganancias mediante prácticas ilícitas, la ambición de enriquecimiento de un funcionario público sin límites éticos y la vulnerabilidad legal e institucional de un país como la República Dominicana.
Díaz Rúa y Odebrecht coaligados manejaron a su favor las licitaciones. En otros casos previa declaración de urgencia, las obviaron. Hacían contratos por un valor que en poco tiempo duplicaban y triplicaban, mediante addendas. Ignoraron en decenas de ocasiones las disposiciones de la ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones por el Estado. Otras veces desnaturalizaron el proyecto originalmente contratado o introdujeron como ampliaciones obras nuevas.
Las actuaciones ilícitas de Díaz Rúa son tan abundantes y evidentes que sólo pudieron hacerse con la permisividad del entonces Presidente Leonel Fernández. La situación es más grave si recordamos que Díaz Rúa era, y es, el Secretario de Finanzas del PLD. ¿Cuánto del dinero obtenido en sobornos y sobrevaluaciones fue a alimentar las campañas electorales congresuales y municipales de 2006 y 2010 y las nacionales de 2008 y 2012?
Si algo está claro es la desprotección en que se encuentra el patrimonio público de los dominicanos. Durante todos estos años de tramposerías y de enriquecimiento ilícito de Díaz Rúa ¿dónde estuvieron los departamentos de fiscalización de INAPA y de Obras Públicas? ¿Dónde estaban la Cámara de Cuentas, el Departamento de Ética, el Congreso y el Ministerio Público?
Es por haber descubierto nuestra orfandad institucional que la ciudadanía se ha puesto en marcha para exigir por sí misma lo que debieron hacer aquellos que son electos y pagos por el pueblo.
Por eso, la marcha iniciada no se detendrá hasta llevar los corruptos a la cárcel, recuperar lo robado y ponerle fin a la impunidad.
Si algo está claro es la desprotección en que se encuentra el patrimonio público de los dominicanos.