Libertad, desarrollo y democracia

“Las autocracias perpetúan valores colectivistas; las sociedades libres y los estados perpetúan valores individualistas. Como muchos rebeldes, antes y ahora, han descubierto a un costo personal muy alto, no es tan fácil ser individualista yendo a tu propia manera en una autocracia que puede castigar a los rebeldes con impunidad. Aquellos que se preocupan por ti -por encima de todo, tu propia familia- te rogarán que te ajustes a las leyes y normas colectivistas para evitar la vida en prisión y tortura, para ti o para ellos mismos”. William Easterly, The tyranny of experts, 2013

Es fácil de entender que la libertad política es fundamental para tener sociedades más inclusivas y participativas; para muchos, sin embargo, es difícil entender que la libertad económica es imprescindible para lograr que en una economía los procesos de innovación y emprendurismo motoricen una dinámica económica que sustente el desempeño de los sectores productivos. De manera que la libertad política y la libertad económica son dos aspectos que se complementan con el fin de lograr sociedades más desarrolladas: la libertad política preserva un derecho humano fundamental y la libertad económica les garantiza a los individuos la posibilidad de entrar en intercambios mutuamente ventajosos.

Pero -como casi siempre ocurre con categorías abstractas- el problema es la definición que se adopte de una o de otra. Aun en términos de la libertad política, que puede parecer tan obvia, se presentan controversias acerca de su significado; por ejemplo, si la libertad individual debe estar sujeta a los intereses políticos de un grupo o partido. En sociedades totalitarias, como se puede apreciar a lo largo de la historia, la libertad de los individuos queda subordinada a los intereses de un proyecto político que dice poner los intereses colectivos por encima de los individuales.

En el caso de la libertad económica no es menos complicado, y se puede prestar a interpretaciones extremas de sus implicaciones. Puede interpretarse como la capacidad de los individuos para actuar de manera libre sin ninguna restricción institucional, que normalmente conduce a una concepción anárquica de la organización social. O puede considerarse que la libertad económica debe someterse a los designios del Estado. Naturalmente, en los matices de ambas interpretaciones debe encontrarse la combinación que genere el nivel de libertad económica que sea óptimo.

Los que algunos denominan el ‘capitalismo salvaje’ no es una representación ni remotamente ideal de un ambiente de libertad económica. La misma teoría económica provee el marco dentro del cual la acción reguladora del Estado puede minimizar o mitigar las acciones económicas que pudieran ir en detrimento del conglomerado social. Como ejemplo, se pueden citar casos en los que el poder de monopolio se pueda traducir en precios extractivos de rentas de los consumidores; cuando la asimetría de información puede distorsionar las decisiones de los agentes económicos, o cuando las externalidades -negativas o positivas- generadas por las acciones de un agente económico sobre otro no son debidamente internalizadas. Pudieran agregarse otras consideraciones, pero las señaladas son razones suficientes para pensar que las restricciones institucionales son importantes para mantener al capitalismo dentro de un corredor socialmente deseable.

A pesar de la evidente complementariedad de la libertad política y de la libertad económica, subyace la idea de que en la práctica los programas económicos que se derivan de la libertad económica requieren de regímenes totalitarios para su implementación. El sorprendente desarrollo de algunas de las economías asiáticas en décadas recientes es tomado como una muestra de cómo las ideas de una economía de mercado conllevan a la represión o supresión de la libertad política.

En nuestro continente es obligatoria la mención del caso chileno. Se argumenta que se necesitó de la dictadura de Pinochet para imponer un modelo económico que ha puesto a Chile en las puertas del desarrollo. Este país sudamericano había tenido hasta 1970 una trayectoria democrática ejemplar en términos de la democracia latinoamericana; lo que permitió que resultara electo el doctor Salvador Allende, quien consideraba que desde un gobierno democráticamente elegido podía implementar una revolución socialista. El caos económico que se generó en casi tres años de gobierno de Allende puede ser atestiguado en la novela El ultimo tango de Salvador Allende de Roberto Ampuero (2012), un escritor probablemente adverso; así como en Largo pétalo de mar de Isabel Allende (2019), pariente del presidente Allende. Ambas novelas muy interesantes, y que coinciden en describir, noveladamente, la realidad que vivió Chile en el gobierno de la Unidad Popular.

Sin embargo, el apoyo que tanto Friedman como Hayek dieron al programa económico -no al programa político de Pinochet- fortaleció la idea de que la libertad económica necesitaba de un régimen que conculcara la libertad política, como hizo el dictador chileno.

Una enseñanza que nos deja el caso chileno, y que se puede conectar con otros casos en Asia, es que la libertad económica es perfectamente compatible con la democracia. Esto así, porque en el caso de Chile cuando finalmente el dictador fue sustituido en 1990 por una coalición de partidos denominada la concertación de Partidos por la Democracia se preservaron las reformas económicas que había hecho posible el gran avance de la economía chilena. Si hubiera habido una contradicción entre las reformas económicas y la democracia, la Concertación, que incluía partidos de izquierda y centroizquierda, no hubiera preservado tales reformas.

La libertad política y la libertad económica pueden -y deben- coexistir en una vinculación que tiene por fin último crear las capacidades necesarias en seres humanos, libres e independientes.

Pedro Silverio Alvarez