Las sobrevaluaciones

¿Qué puede explicar que una empresa de alto nivel como Odebrecht se involucre en una esquema mafioso para obtener adjudicaciones de obras de infraestructura que muy bien pudo ganar en buena lid por su experiencia y prestigio? ¿Qué sentido tiene que Odebrecht invirtiera más de US$92 millones en el pago de sobornos o que se involucrara en financiar de forma ilícita candidatos y campañas electorales, corriendo los riesgos que hoy se han hecho realidad en su contra?

La explicación es una sola: la perspectiva de obtener ganancias extraordinarias a través de las obras de infraestructura que construía.

La sobrevaluación es una operación compleja. De ella tiene que salir lo invertido en soborno, en candidatos, en campañas electorales, en montar toda la estructura mafiosa, incluida la adquisición de bancos, sociedades comerciales y, sobre todo, garantizarle a Odebrecht porcentajes de ganancias por encima de lo normal.

En el caso dominicano, las sobrevaluaciones fueron descaradas. La forma más común de hacerlas fue a través de continuas addendas al contrato. Veamos algunos ejemplos.

Acueducto de la Línea Noroeste. El contrato fue firmado con INAPA en el gobierno de Hipólito Mejía, por un monto de US$161,761,441. Al ascender Leonel Fernández, por addendas hechas en el 2005 lo aumentan en US$89,925,939 para terminar con un valor de US$251,687,380.

Hidroeléctrica de Pinalito. El contrato original aprobado por un costo de US131,721,079 en el 2002, con el ascenso del PLD al poder por varias addendas se aumenta en los siguientes dos años y medios en US$54,622,886, US$44,674,697 y US$88,096,278, para terminar con un valor de US$319,114,942. Es decir, el incremento fue de US$187,393,862, lo que representa un aumento de 140%.

Hidroeléctrica Palomino. El contrato se firma el 4 de abril de 20005 por US$225,000,000. En los siguientes tres años por addendas sucesivas lo aumentan US$15,000,000, US$20,000,000 y US$364,371,501. El costo final ascendió a US$594,801,548, lo que significó el incremento en un 164%

Acueducto de Samaná. El contrato se firma por un monto original de US$71,258,178 y termina con un costo de US$144,707,962, para un incremento de US$73,449,784 que representa el aumento de un 103%.

Acueducto Hermanas Mirabal. El costo original es de US$50,000,000 y termina en US$168,187,500, para un aumento de US$118,187,500 lo que representa un 236% adicional.

Carretera Casabito-Constanza. De US$29,041,106 termina costando US$74,625,237 para un incremento de un 157%.

Corredor Duarte. De un valor original de US$163,890,541 termina en US$293,091,698 para un incremento de un 79%.

Carretera del río Jarabacoa. De un valor original de US$71,538,760 termina en US$100,545,360 para un incremento de un 41%.

Carretera Bávaro-Miches. De US$265,349,314., pasa a un valor de US$370,195,377 para un incremento de un 40%.

Autopista del Coral. De US$253,702,835 termina costando US$471,062,590 para un incremento de un 86%.

¿Son normales incrementos que hasta dupliquen el costo original? ¿Ocurrió en estos años un cataclismo no previsto? ¿Se produjo una guerra mundial? Nada de esto. En esos aumentos exorbitantes de las obras de Odebrecht lo que hubo fue un patrón mafioso para deliberadamente sobrevaluar las obras y repartirse los beneficios funcionarios públicos y, naturalmente, Odebrecht.

En todas las obras construidas por Odebrecht, como lo admite la propia Procuraduría General de la República, en la página 14 del expediente de petición de medidas de coerción, hubo sobornos y por tanto todas están sobrevaluadas.

Mientras el soborno opera principalmente en la fase de firma de los contratos de construcción y de financiamiento de las obras y de su aprobación en el Congreso, la sobrevaluación se hace efectiva en la ejecución de la obra y por fuerza tiene que contar con la complicidad del ministro o funcionario público de la institución que como contrapartida representa al Estado. En los casos de las obras de Odebrecht son tres las instituciones públicas directamente involucradas: INAPA, CDEEE y MOPC. Fueron los titulares de estos ministerios e instituciones públicas los que, en distintos momentos, para proteger a sus cómplices de Odebrecht certificaron como buenos y válidos los costos sobrevaluados de las obras; aceptaron que los materiales en cantidad y calidad son los consignados en el contrato; quienes aprobaron los movimientos de tierras declarados por la empresa delincuente y que el metraje de construcción se corresponde con lo contratado, entre muchas otras irregularidades.

Por eso es inaceptable que la Procuraduría General de la República se limite a la investigación de los US$92 millones de los sobornos, a sabiendas de que el soborno no fue más que un medio para la comisión de un crimen mayor: la apropiación del patrimonio público a través de la sobrevaluación de las obras.

Hay pues que exigir la auditoría técnica y financiera de todas las obras construidas por Odebrecht, la investigación de todos los ministros y titulares de estas instituciones públicas y el reclamo a Odebrecht de la devolución de lo robado por vía de la sobrevaluación.

Guillermo Moreno