La corrupción, fuera del debate electoral

«Los hallazgos de este documento muestran que los efectos negativos de una cultura de corrupción dentro de un país debieran ser añadidos a los bien conocidos efectos dañinos de la corrupción sobre el desarrollo y que, juntos, ellos debieran ser incluidos en cualquier análisis de costo-beneficio de políticas dirigidas a promover la transparencia. En verdad, la corrupción tiene un efecto multiplicador: genera más corrupción mediante el ejemplo del comportamiento. Dado que la gente aprende de sus líderes, lograr un cambio cultural sin reducir la corrupción en los niveles más altos parece una tarea muy difícil». Nicolás Ajzenman, The power of example: Corruption spurs corruption, Journal of Applied Economics [forthcoming]

Uno de los efectos colaterales más perniciosos, originado por la negativa del candidato del gobierno a participar en el debate que la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) había planificado para el 22 de junio, es que se ha perdido la oportunidad de contrastar las distintas posiciones que los candidatos a la presidencia han asumido en torno a la corrupción política, tema que aparece de manera recurrente en las encuestas como parte de las mayores preocupaciones de la sociedad dominicana.

Se pudiera argumentar que los candidatos presidenciales ya han presentado por escrito sus planes para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Pero no es lo mismo debatir ante el país y comprometerse personalmente con una posición coherente que permita a la opinión pública –y, en definitiva, a los electores- ponderar el mejor camino a seguir. No es, simplemente, reducir el debate a quien hable mejor, sino quién hace la mejor propuesta, y, sobre todo, la propuesta que resulta más creíble.

Evidentemente que el candidato oficialista no se sentiría cómodo debatiendo un tema que ha sido el talón de Aquiles de su gobierno, y que ha llevado al país a colocarse entre los peores calificados en una escala mundial, a pesar de todas las leyes y reglamentos que formalmente se han aprobado en los últimos años, pero neutralizados por la voluntad política y un sistema judicial selectivo.

Uno de esos supuestos avances es la ley de compras y contrataciones públicas. La narrativa oficial es que dicha ley ha significado una democratización del proceso de participación de los suplidores en las licitaciones públicas. Esta conclusión se apoya en el hecho de que el número de suplidores al gobierno se ha incrementado en más de un 200% en los últimos ocho años. Sin embargo, con los recientes escándalos de compras públicas -amparados en el Estado de Emergencia- se ha comprobado lo que se había sospechado desde un principio: que muchos suplidores formaron más de una compañía para burlar al sistema, y que el gobierno ha hecho muy poco para depurar la lista de suplidores.

A esto se agrega otro hecho que es, además, una violación flagrante de la ley de compras y contrataciones, la que establece quiénes no pueden contratar con el Estado. En el articulo 14 de la citada ley se establece lo siguiente: «Art. 14-. No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas: 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; [...]». Es decir que la ley de compras y contrataciones prohibe que los ministros, así como otros altos funcionarios, participen en las contrataciones públicas.

La misma ley establece que si un funcionario -de los listados en las prohibiciones- tiene una participación superior al 10% del capital de una empresa, ésta tampoco puede concursar o hacer contrataciones con el Estado. Es obvio que los ministros, entre otros funcionarios, que tienen empresas que operan como contratistas del Estado lo hacen al margen de la ley; pero la Dirección de Compras y Contrataciones nunca se ha interesado en aclarar el tema ni mucho menos actuar, en este aspecto, de acuerdo con el mandato de la ley.

Esta realidad, en su conjunto, refleja cuál ha sido la verdadera voluntad política del gobierno para encarar el grave problema de corrupción que enfrenta el país. También muestra cómo el gobierno ha apoyado a su candidato en detrimento del proceso de participación democrática. Y no se trata de una queja exclusiva de la oposición política. En las primarias internas del partido gobernante los precandidatos -es decir, los propios compañeros de partido- se quejaron de un uso abusivo de los recursos públicos para favorecer a quien es hoy su candidato presidencial. De manera que no es sorprendente que los mismos trucos se estén utilizando contra la oposición en una campaña electoral que entra ya en su fase final.

Esta vulnerabilidad ética es la que condiciona la estrategia electoral del candidato del gobierno y lo conmina a mantenerse alejado de cualquier debate que lo obligue a dar explicaciones que tendrían un altísimo costo político. Electoralmente, es mucho más conveniente tratar de reducir el debate a la capacidad de distribuir cajas, como una instrumentalización política de las necesidades de la gente, en medio de una crisis sanitaria y económica. O realizando labores de socorro propias del Estado.

Mientras tanto, el propósito es lograr que los electores no recuerden que en un tiempo no tan lejano hubo un escándalo de corrupción - ¿recuerdan Odebrecht? - que sacudió los cimientos morales de la clase política dominicana, y junto con otros episodios de corrupción política provocaron un movimiento de indignación nacional. Es el momento de refrescar la memoria de los electores, que en medio de la pandemia pudieran olvidar que un candidato sin un compromiso moral es una seria amenaza a nuestro futuro como nación...

Pedro Silverio Alvarez