Justicia sí, impunidad no

La primera y principal condición para hacer realidad la investigación y persecución penal de la corrupción y acabar con la impunidad es que quien ejerza la presidencia de la República tenga la convicción y la determinación de respetar la independencia del Ministerio Público. La segunda es que quien ejerza la función de procurador general de la República, como cabeza del Ministerio Público, tenga el carácter para hacer valer su independencia. Por tanto, no es verdad que una reforma de la Constitución y una nueva arquitectura del Ministerio Público, por sí mismas, garanticen su independencia ni necesariamente le pondrían fin al régimen de corrupción e impunidad.

En abono de este argumento ¿se quiere una demostración más patética que la padecida con la Suprema Corte de Justicia? ¿Acaso la reforma constitucional del 1994 y la integración del Consejo Nacional de la Magistratura no fue para garantizar la independencia del Poder Judicial? ¿Ha sido independiente? ¿Qué hizo Leonel Fernández de la primera SCJ en el caso de la Sund Land? ¿Qué hizo luego con el “sacrosanto” CNM cuando nombró a un abogado asociado de su firma privada de abogados para presidir la SCJ e integrar otros cuya misión era archivar expedientes y garantizarles impunidad a él y a los suyos? ¿Qué hizo luego Danilo Medina con ese mismo CNM permitiendo que éste se utilizara para la cacería de una jueza honesta, capaz e independiente y nombrar como presidente de la SCJ a un activista político, miembro del Comité Central de su partido? ¿De qué han servido la reforma constitucional y el CNM si hemos tenido una justicia sometida en cuerpo y alma a los intereses políticos, en cada momento?

La insistencia en transitar un proceso de reforma puede convertirse en la nueva modalidad para un deslizamiento suave hacia un nuevo “borrón y cuenta nueva”. El procurador general de la República y el Ministerio Público, con la “autonomía funcional, administrativa y presupuestaria” así como la facultad para “la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”, que les otorga la Constitución, y el monopolio de la investigación y persecución penal de las infracciones, tienen herramientas más que suficientes –si no hay interferencia del poder político— para poner en marcha una decidida, eficaz y contundente lucha contra la corrupción, la impunidad y la recuperación de lo que se han robado.

Algunos de los “preocupados” por la necesidad de revestir la lucha contra la corrupción y la impunidad de la “estética” de una reforma constitucional para parir un ministerio público “inmaculado y puro”, lo que en realidad están es ganando tiempo para desviar la atención en medio de la crisis sanitaria y la parálisis económica, apostando a que se produzca un nuevo olvido de los desmanes cometidos en estos años de dominio peledeísta. Esos son los que ya, desde su poltrona y opinión docta, comienzan a levantar la voz para evitar una posible “retaliación política”. ¿En qué sistema jurídico –que no sea en el país de la impunidad y la complicidad— puede ser calificado como retaliación política, que mandatarios, funcionarios y representantes se asocien para apropiarse ilícitamente del patrimonio público para beneficio de ellos, familiares y compañeros de partido? ¿No es “robo” y a sus autores “ladrones” como se denomina a los que sustraen bienes que no les pertenecen y que a diario son condenados por los tribunales del país? ¿Por qué cuando el robo es cometido por un funcionario público y se le persigue entonces se trata de retaliación política? ¿No debería, más bien, ser motivo de agravamiento el robo cometido por los funcionarios que traicionan la confianza y la dignidad de la función pública que desempeñan apropiándose de bienes que tienen una finalidad social?

Si el nuevo gobierno tiene real interés de ponerle fin a la corrupción y a la impunidad, en la Constitución y leyes vigentes tiene los medios para investigar y perseguir penalmente, con responsabilidad y de forma integral, sin que a nadie le tiemble el pulso y las rodillas, a todos los que por décadas desfalcaron y se enriquecieron a costa del patrimonio público. El programa a ejecutar empieza por la ampliación de la investigación del caso Odebrecht, para incluir la sobrevaluación de las 17 obras construidas, el financiamiento ilícito de campañas, además, los 55 millones adicionales entregados en sobornos para la contratación de la termoeléctrica de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Danilo Medina. Disponer, de inmediato, la auditoría en todos los ministerios, direcciones y oficinas que manejan presupuesto y rendir un informe de cada uno a la nación y proceder contra los responsables conforme las violaciones penales detectadas. También hay que auditar y darles curso a todos los casos, que así lo ameriten, que se encuentran varados en la PEPCA. No dejar impunes los escandalosos casos de corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina: Súper Tucanos, parqueos de la UASD, remodelación del Palacio de Bellas Artes, Universidad Haití, Funglode, Vagones del Metro, Indhri, Liga Municipal Dominicana, Malecón de Nagua, Hospital Darío Contreras, venta del barrio de Los Tres Brazos, mafia OISOE, desfalcos del CEA y OMSA, para solo mencionar unos cuantos.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.