El reporte del FMI y las reformas olvidadas

«En adición, los altos costos de intereses, una baja base tributaria, y una proporción grande de la deuda en moneda extranjera limitan la capacidad de endeudamiento del país. Las reformas administrativas por sí mismas no serán probablemente suficientes para poner un freno a los déficits públicos, los que requerirían abordar los principales causantes de los déficits – el sector eléctrico y las exenciones e incentivos que erosionan la base tributaria. Las reformas en ambas áreas son política y socialmente difíciles, pero deberían ser diseñadas para neutralizar sus negativos efectos distribucionales». Fondo Monetario Internacional (FMI), Art. IV para República Dominicana, agosto 2019

Una gran virtud de los reportes del FMI es que dan amplios espacios para la interpretación de unos y otros. La anestesiante sutileza del Fondo no permite que una sugerencia de política sea planteada sin un previo halago. Al final de cuentas, es un organismo cuyos socios son, precisamente, los gobiernos; de manera que las recomendaciones que sugiere son más reveladoras que los reconocimientos que las acompañan. Por eso, al leer el reciente informe sobre la economía dominicana – aun reconociendo el sostenido crecimiento y la baja inflación – es mucho más útil, para el futuro del país, focalizar la atención en esos aspectos que representan riesgos y desafíos para la política y la estabilidad económica.

Puede parecer ser sorprendente, pero el FMI estima que el porcentaje de la deuda pública con relación al PIB está por encima del nivel que reconoce el gobierno. Para el FMI la deuda consolidada del sector público alcanzó el 53.1% del PIB, mientras que para el Gobierno ese porcentaje solo alcanzó 50.4%. Esto se debe, según el Fondo, a que en sus cálculos se incluyen los atrasos bursatilizados en el sector eléctrico, los intereses devengados sobre bonos del Banco Central y a diferencias metodológicas en la conversión de moneda. Además de tratarse de una diferencia importante, es obvio que la deuda pública ha alcanzado niveles alarmantes, con la gravedad de que no hay un marco fiscal de mediano plazo que permite encauzar el endeudamiento dentro de una trayectoria de sostenibilidad.

Al respecto, el FMI plantea que “Una trayectoria fiscal creíble es necesaria, especialmente si los déficits se toman un mayor tiempo para reducirse. Una legislación de responsabilidad fiscal podría ayudar a establecer un ancla de medio término para la deuda, definir una trayectoria hacia este objetivo de deuda a través de una regla operacional, y determinar respuestas y responsabilidades por las desviaciones estructurales con relación a los objetivos”. En otras palabras, el Fondo reconoce que la presente gestión fiscal no es creíble, y que una ley de responsabilidad fiscal ayudaría a mejorar dicha credibilidad.

Igualmente, una reforma fiscal destinada a ampliar la base tributaria y reducir las exenciones y los incentivos – una postura que el FMI no pierde oportunidad en reiterar – sería el punto de partida para la necesaria para detener la creciente tendencia de la deuda. Este razonamiento no es del todo correcto, pues asume que una mayor recaudación no estaría acompañada de un incremento igual o mayor del gasto público. Se tienen experiencias de países que han aumentado su presión tributaria y, a la vez, el nivel relativo de endeudamiento.

En este sentido, es llamativo que el FMI priorice una reforma fiscal basada en el aumento de los impuestos – vía ampliación de la base y reducción de los incentivos – y no considere seriamente un saneamiento del gasto público. Como ha sido planteado en otras ocasiones, social y políticamente es muy difícil darle legitimidad a una reforma tributaria sin una reforma del gasto público. De hecho, esto fue lo que impidió que, en el 2012, al inicio de la presente gestión de gobierno, se concretara un acuerdo para una reforma fiscal que incluyera una depuración del gasto público. Desde entonces, el gobierno no ha mostrado interés alguno en una reforma fiscal consensuada en el marco del Consejo Económico y Social (CES).

Por el contrario, redujeron la reforma fiscal a un problema meramente administrativo que, como ha establecido el FMI, no resuelve el problema. Y así, dejaron pasar el tiempo para llegar hoy a la conclusión de que sea la próxima administración la que implemente la obligada reforma fiscal, en un acto propio del populismo latinoamericano.

Tampoco se realizó, durante la presente gestión, la reforma al sector eléctrico y se tiene la esperanza de que la entrada en funcionamiento de las plantas de Punta Catalina significará un importante ahorro fiscal. Es, ciertamente, solo una esperanza, ya que el Gobierno ha vendido muchas ilusiones alrededor de una solución definitiva al problema eléctrico. De paso, en el informe del FMI se dice que dichas plantas estarían costando unos USD 2,600 millones (alrededor del 3.6% PIB), una cifra muy distante de los USD 1,945 millones que el gobierno ha pregonado como costo de las plantas a carbón. El tiempo es el amo de la verdad...

No hay grandes novedades en el reporte del FMI, solo nos recuerda las tantas reformas que han sido ignoradas, gracias a una política de endeudamiento que no es sostenible en el tiempo y que obligará a una política de ajuste en un próximo Gobierno. Cuando eso ocurra, la ciudadanía pudiera pensar que los nuevos sacrificios son la responsabilidad del nuevo gobierno y no de la irresponsabilidad fiscal con la que el gobierno saliente se manejó. No sería la primera vez que eso ocurriese en América Latina. Lo lamentable es que eso ocurra con tanta frecuencia.

Pedro Silverio Alvarez