El COVID-19 como pretexto electoral

«COVID-19 están creando oportunidades para que autócratas y aspirantes a autócratas tensen sus agarres. Ellos deben asumir poderes extraordinarios, insisten, para proteger la salud pública. No menos de 84 países han declarado un estado de emergencia desde que la pandemia comenzó. Algunos entregarán sus poderes cuando termine la emergencia. Otros planean aferrarse a ellos. El peligro es mayor no en democracias maduras con fuertes contrapesos [...], sino en lugares en donde tales contrapesos son débiles [...]». The Economist, abril 23, 2020

Ha causado mucho revuelo en la opinión la decisión del gobierno de emitir bonos por RD$40 mil millones para que cuatro AFP voluntariamente los comprasen con recursos de los trabajadores anticipadamente redimidos por el Banco Central. La operación luce impecable, desde el punto de vista de la reingeniería financiera; sin embargo, algunos aspectos de esa operación llaman poderosamente la atención, especialmente por el alto grado de opacidad con que se ha manejado todo el entramado.

Ahora se entiende un poco mejor la ofensiva oficial para convencer –con una mezcla de argumentos válidos, y otros no tan validos– a la opinión pública de que era o es improcedente la redención anticipada del 30% de los fondos de pensiones para ser entregados a los trabajadores, mientras arrinconaban a las AFP para hacerlas parte del esquema. Luce inconsistente, empero, que a la hora de entregarle RD$ 40,000 millones de esos fondos al gobierno se haya olvidado el argumento del impacto inflacionario y la presión sobre la tasa de cambio. O que, en realidad, el tema era el porcentaje: 30% no era posible, 7% (RD$40,000 millones) sí.

Pero hay una gran diferencia entre entregar el dinero a los trabajadores o entregarlo al gobierno, pues este ha descubierto, con bastante rapidez, que los recursos para combatir la pandemia son un buen instrumento para los propósitos electorales; por eso, mientras el gobierno está solicitando una extensión de la emergencia por 25 días, ha emitido RD$40 mil millones con el pretexto de reactivar la economía. Esto no encaja muy bien; la emergencia presupone que el estado de confinamiento de la demanda se mantendrá. De forma que tratar de reactivar la economía bajo esas condiciones es como acelerar un vehículo en ‘neutro’: va para ninguna parte. En el ínterin el gobierno desarrolla su agenda electoral. Si alguien deliberadamente ha politizado esta pandemia es el gobierno, que ha puesto en manos de su candidato todos los escenarios posibles, aun en detrimento de funciones propias de la gestión del Estado.

Un aspecto desconcertante – relacionado con esta operación – es la flagrante falta de transparencia con que se ha realizado. Una operación financiera tan especial y que envuelve recursos que son propiedad de los trabajadores debió anunciarse con todos los detalles que se necesitan para evaluar su conveniencia o no para los dueños de los fondos. Por ejemplo, se desconocen los plazos y los rendimientos a los que estaban colocados los fondos en el Banco Central, y los nuevos términos de colocación en los bonos de Hacienda. Son detalles importantes para hacer una evaluación de la calidad de esta transacción. Hasta ahora, el gobierno ha dejado en manos de la especulación las condiciones de esta opaca transacción.

Con esta emisión de deuda por parte de Hacienda las finanzas públicas han recibido una inyección extraordinaria de aproximadamente RD$110,000 millones; esto es, una cifra similar a la del déficit fiscal previsto para este año. El Gobierno se ha sentido con las manos sueltas para acumular una gran cantidad de recursos y gastarlos antes del 5 de julio. De hecho, ya se han publicado declaraciones de funcionarios que plantean mantener el esquema de subsidios sociales y políticos hasta julio.

Cuando el ministro de Hacienda hizo tímidamente pública la emisión de los RD$40,000 millones aclaró que no es verdad que el Gobierno se está endeudando para pagar deudas. Una forma de saber si esto es cierto o no pudiera ser revisando la ejecución presupuestaria del año pasado. De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Presupuesto (Digepres) el balance primario (Ingresos corrientes menos gastos totales, sin incluir el pago de intereses) fue positivo en unos RD$30 mil millones. Esto significa que una vez ejecutado el presupuesto de ingresos y gastos solo quedaron unos RD$30 mil millones para cumplir los compromisos del servicio de la deuda.

La suma del pago de los intereses y del monto de amortización (aplicaciones financieras) ascendieron a RD$286.5 mil millones durante 2019; lo que significa que efectivamente el gobierno tuvo que endeudarse para pagar la totalidad del servicio de la deuda pública. Para ese año las fuentes financieras ascendieron a RD$244.3 mil millones. De manera que es claramente cierto que el gobierno dominicano ha tenido que endeudarse para pagar sus deudas, lo que añadido a la nueva dinámica de endeudamiento provocada por el COVID-19 – y potencializado electoralmente por el gobierno – tendrán un impacto muy restrictivo sobre las finanzas públicas del próximo gobierno.

Como ha planteado The Economist la pandemia ha sido una excusa para regímenes con vocación autoritaria aplicar reglas de juego que van en detrimento de la democracia, especialmente en países con grandes debilidades institucionales, como el nuestro. En nombre de la lucha contra la pandemia y bajo el relajamiento de las normas que rigen los procesos públicos se ejecutan acciones que en lo formal buscan soluciones sanitarias, pero en el fondo el propósito es adelantar una agenda electoral; y con frecuencia es difícil trazar una línea divisoria entre el interés público y el interés electoral... el subdesarrollo no es un accidente.

Pedro Silverio Alvarez