Estado: entre canastas y fiestas

Hay herencias nacidas del atraso. Algunas más arraigadas que otras. Su vigencia nos recuerda que el tránsito al desarrollo todavía es pesado. Una de ellas es el "reparto menudo" de Gobiernos, políticos y partidos. Viene desde Trujillo. Balaguer las afirmó como política de beneficencia pública. Los demás gobiernos las han mantenido por el peso de una tradición paternalista que concibe al Estado como el paterfamilias.  

Parece mentira, pero en el siglo de la conectividad global, la IA, el e-commerce y el teletrabajo, se entregan las "cajas de la afrenta": un surtidito de ponche, ron, aceite, arroz, habichuela, pollo, sardinas, manzanas y golosinas. 

La turba que convoca esa "filantropía" recuerda a hienas atraídas por las carroñas. Hasta no distinguir las etiquetas de las cajas se pensaría que son operativos humanitarios de la ONU en asentamientos tribales del África subsahariana. Ver a la gente —entre pleitos, empujones y pisotones— perder su piel en los forcejos es patético. No se sabe qué es más barato: si las provisiones o el repartidor. 

Y claro que muchos defenderán el reparto, bajo argumentos tan festivos como que son parte de la costumbre navideña o de una atención social a los más pobres. Lo primero es que el Estado no precisa de motivos religiosos para validar su acción social; lo segundo es que una cena no hace diferencia entre 364 al año. 

Los fondos destinados para esas compras pudieran ser dirigidos a programas que agreguen valor social, como la formación técnica, considerando que el 53 % de la población económicamente activa se ocupa de la actividad informal. Es enseñar a pescar antes que regalar una sardina.

Otros, más prejuiciosos, no demorarán en imputarle cierto elitismo a esta crítica y dirán que ese reparto es una práctica simbólica para promover la sensibilidad en una festividad dominada por un aparente espíritu de solidaridad.  Las políticas sociales del Estado no son inspiraciones poéticas ni acciones episódicas: son programas estructurados para el bienestar y con ello reducir las desigualdades sociales, garantizar derechos fundamentales y promover la inclusión social (educación, salud, vivienda, empleo y protección social). Por lo menos en este Gobierno esas raciones se han sustituido por bonos, con el inconveniente de que, por carencia de controles, muchos llegan a donde no debieran o sencillamente son mercadeados. 

La tradición navideña también ha servido de motivo para que instituciones públicas destinen parte de los ingresos que les faltan a fiestas que conllevan todo tipo de contrataciones. Multiplicar tales erogaciones por la cantidad de entidades públicas que las realizan les da tamaño de nueve dígitos a las cifras. 

El problema no comprendido es que los recursos no nos sobran; que arrastramos un déficit fiscal estructural que debiera imponer una revisión cada vez más rigurosa de la política de gastos. "Esos son chelitos", dirían algunos; es posible, pero en otros contextos. La idea es proscribir esa creencia de mendicidad social que inspira y justifica este tipo de acciones.

Pero la cuestión atiende también a una cosmovisión política. Y es que el populismo no sobrevive sin la pobreza: ella es su fermento, mercado y razón ideológica. En su lógica, el poder lo dan los necesitados. Tampoco fomenta la autorrealización ni agrega más valor que la manutención. Concibe al Estado como benefactor (llegó Papá) y la sumisión al sistema como garantía para recibir sus menudos favores. La política populista es el poder de los que les sobra en nombre de los que necesitan. De esa masa nada más sirven sus cédulas. Si ella supiera al menos su verdadero precio, pediría algo más que una caja cada diciembre. 

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.