Lineamientos para plan de acción sobre la inmigración ilegal (2 de 2)

El punto cuatro de los lineamientos se refiere a la reorganización del mercado de trabajo, con objeto de que el sector económico deje de sentirse estimulado a la contratación de trabajadores indocumentados y se abra a emplear más dominicanos.

A esos fines habría que encarecer la contratación del trabajador indocumentado mediante la igualación del costo regulatorio laboral. En adición, habría que elevar el costo del incumplimiento de las normas migratorias y hacerlas exigibles. 

Para igualar el costo regulatorio del trabajo informal, cero en la actualidad, con el del formal (implica modificar leyes existentes), se dispondría que las empresas y las explotaciones individuales, así como cada trabajador, coticen obligatoriamente a la seguridad social tanto en los planes de salud, accidentes laborales y de pensiones. Podría contemplarse que el empleador deduzca la cuota del monto del salario del trabajador.

La cotización aportada para el segmento de pensiones por el trabajador extranjero sería considerada como depósito, sujeto a retiro cuando el inmigrante termine su relación de trabajo.

Estas cotizaciones, en las que el empleador aporta la mayor parte del costo, otorgarían protección social tanto al dominicano como al extranjero indocumentado en posesión del Capil que labore en lo que hoy se conoce como mercado informal, que tendería a formalizarse, aparte de que el fisco generaría mayores recursos, y ante la mejoría general en las condiciones laborales el trabajador dominicano podría sentirse estimulado a retornar a sus ocupaciones.

Por otro lado, a sabiendas de que la cesantía vigente es uno de los elementos que promueve la informalidad, la desprotección social, la expulsión del dominicano del mercado de trabajo y de su tierra, no debe permitirse que continúe intocable y gravite ya no solo sobre el mercado de trabajo, sino que también contribuya a agudizar el proceso de desnacionalización.

Por las razones anteriores y también para aliviar la carga más pesada que en términos económicos recae sobre los empleadores, habría que modificar los términos de la cesantía sin desmedro de los derechos ya adquiridos, mediante la imposición de un tope en el pasivo sujeto a acumulación que le quite su carácter desestimulante a la formalización del trabajo y restablezca los derechos al empleo, salario digno y a la protección social de los trabajadores dominicanos, desplazados en parte de sus puestos por la desigualdad de trato laboral regulatorio.

El punto cinco del plan se enfoca en el endurecimiento de las sanciones tanto en materia migratoria como laboral y en la necesidad de aplicarlas sin titubeos. La cadena de incumplimientos es tan larga y espesa que solo se explica por la sostenida dejación de funciones de autoridades tanto del ramo de migración y seguridad nacional, como laboral, sin que haya habido consecuencia alguna.

En un asunto tan crítico no puede permitirse que flaquee ningún eslabón de la cadena, civil o militar, ni en la custodia de la frontera, ni en la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales y de protección social. Es un deber indeclinable del Estado poner coto a esa situación con medidas ejemplificadoras que sacudan los cimientos de las instituciones envueltas.

Aquí solo planteamos la necesidad de que se revisen las leyes, decretos, normas en general y se apliquen sanciones severas e infamantes a funcionarios y agentes por negligencia en el cumplimiento del deber, incluyendo la inhabilitación por diez años, y algo similar se haga con los entes privados que persistan en el incumplimiento.

El punto seis es el de la contribución del Estado a la normalización del mercado de trabajo y a la modernización de la producción mediante la concesión de estímulos económicos e impulso a la mecanización, en busca de mayor productividad y competitividad. Implica también la revisión de la política de subsidios, remesas y cohesión social con miras a favorecer el impulso de la producción. Es un área muy amplia que no se desarrolla en esta ocasión.

El punto siete es el programa de cualificación y reinserción del trabajador dominicano a la actividad de la construcción y la agropecuaria, que podría extenderse a otras. Aquí tampoco entramos en detalles.

Solo añadiremos que el Estado podría organizar cursos especiales para trabajadores dominicanos de la construcción para reconstituir el know how y elevar la ética del trabajo, diluida por su desplazamiento del sector a causa de la inmigración indocumentada, los subsidios y las remesas. Lo mismo habría que hacer con el sector agropecuario, incluyendo el traslado masivo a los campos de los técnicos del Ministerio de Agricultura para ofrecer asistencia intensiva y permanente a los productores.

Otros temas importantes tendrían que ser parte del plan, entre ellos la cooperación con Haití, incluyendo el apoyo para la prestación de servicios de salud, la reconstrucción forestal y la reconstrucción del tejido económico y educativo.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.