El aval moral de las reformas

Como pueblo estamos situados ante un amplio panorama de reformas anunciadas por el poder ejecutivo (institucionales, políticas, económicas, sectoriales). 

A muchos, esa perspectiva les alivia: son quienes sueñan con tener una nación cada vez mejor organizada. Otros, en cambio, se preocupan: temen que sus intereses sean afectados y no otorgan credibilidad a la posibilidad de que los cambios creen un clima de estímulo al crecimiento y al surgimiento de nuevas oportunidades. 

Con independencia de la posición de cada cual, las reformas no pueden acometerse todas a la vez. No hay capacidad de hacerlo y existe peligro de saturación por parte de la población. Por tanto, hay que establecer un orden de prelación; una primero, la otra después.

¿Por dónde empezar y cómo seguir? Cada estrategia tiene su pro y su contra. 

Si fuera por sentido de urgencia de recursos para el Estado, no cabría duda alguna: la eléctrica, fiscal y cuasi fiscal son alas de un mismo pájaro y deberían encabezar la lista. 

Pero, si fuera por la necesidad de frenar el angustiante proceso de desnacionalización, de expulsión de dominicanos de sus fuentes originales de trabajo y su sustitución por inmigrantes indocumentados que se ampara en la desigualdad de costos de funcionamiento del mercado formal e informal, la prioridad tendría que ser la laboral. 

Si fuera por la urgencia de ampliar la protección social, sobre todo en salud, habría que ceder el paso a la reforma a la seguridad social. 

No obstante, si fuera por la premura de relacionar con más intensidad los sectores productivos para elevar la generación de valor agregado nacional, la elección recaería sobre medidas que fortalezcan los enlaces entre la agropecuaria, recursos naturales y la industria y entre todos los sectores entre sí.

Y, si fuera por dotar al país de un mayor umbral relativo de certeza de que el proceso político no se verá alterado en el futuro por pretensiones de perpetuarse en el poder y de reforzar el grado de independencia de la justicia, entonces la reforma constitucional debería ser la primera opción. 

Y si fuera...Ahí está la disyuntiva. Todas son importantes. Habrá que decidir cuál va delante y cuales después, asunto que cae dentro de la potestad de las autoridades. 

Dentro de esa óptica convendría considerar que las reformas de carácter tributario y de ajuste de precios son complejas, desgastantes, de sufrida interacción con los sectores empresarial, laboral y población en general; su materialización suele llevar largos meses de fricciones en la sociedad. Las más exitosas, medidas por sus resultados, son aquellas profundas y punzantes que van al meollo del asunto, mientras que las graduales suelen terminar siendo molestas y vacuas.

Luego de su puesta en funcionamiento es improbable que queden ánimos para empezar un nuevo proceso de discusiones sobre las demás reformas: se necesitaría dejar transcurrir el tiempo antes de proponerlas, con el riesgo de que se pospongan hasta el infinito.

La experiencia también enseña que antes de empezar el camino tortuoso pero esperanzador de las reformas económicas, las autoridades deben pavimentarlo con un sólido aval moral, para hacerlas más digeribles. 

Es la razón por la cual suelen ser precedidas de medidas contundentes que den idea a la población de que ante la perspectiva de que tenga que amarrarse el cinturón para asumir las nuevas cargas impositivas, el Estado se pone en primera fila, da el ejemplo y anuncia medidas creíbles y contundentes, no cosméticas, de racionalización del gasto público, eliminación de instituciones que no funcionan y de empleos superfluos. 

Teniendo en cuenta esos elementos cobra sentido la propuesta de embarcarse primero en la reforma constitucional, limitada a aspectos puntuales, sin superar los límites en que se sobrepase el consenso nacional, pues serviría de aval moral al Estado y facilitaría el conocimiento posterior de las demás. 

En cambio, si el proyecto de reforma constitucional se dejara para ser discutido con posterioridad a las reformas económicas, el desgaste y cansancio de la sociedad sería de tal magnitud que imposibilitaría su presentación. Eso sí, debe partirse de la idea de que los blindajes son relativos: una mayoría legislativa siempre puede ser sobrepasada por otra, aunque los grados de dificultad para hacerla posible lo hagan improbable.

Sea cual fuese la decisión, convendría tener en cuenta que en el caso de las reformas de naturaleza tarifaria y tributaria el momento óptimo para su realización es aquel que coincide con un entorno exterior favorable, que en las circunstancias actuales no parece ser el caso. Las perspectivas para 2025 lucen halagüeñas, aunque nadie puede dar por seguro cuándo llegará un oasis de bonanza mundial.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.