Crónicas de la intolerancia (2)

Un reportaje publicado por Diario Libre el pasado día 16 de mayo, bajo la firma de los periodistas Benjamín Morales y Mariela Mejía (subdirector y jefa de redacción de este medio, respectivamente), avivó una llama de agresiva intolerancia que desde hace varios años se ha venido encendiendo gradual, lenta, pero de forma constante en el país. El reportaje apareció bajo el título "El ultranacionalismo gana fuerza y despierta temores en la República Dominicana." Y su lead advertía que "el contexto electoral y la crisis haitiana han abierto las puertas a discursos extremos, como ha pasado en otros países del hemisferio."

Esto fue suficiente para que grupos ultranacionalistas convocaran a una manifestación frente a las instalaciones de Diario Libre, en protesta frente a un medio que tildan de tener una línea informativa anti-dominicana y pro-haitiana. 

Es el mismo grupo que en 2018 amenazó públicamente al periodista Marino Zapete, convocando a confrontarlo en una actividad que tenía pautada en la ciudad de Santiago, luego de tildarlo de "pro-haitiano" y de "traidor a la patria". Esto sucedía en una sociedad en la que, poco tiempo atrás, frente al parque Independencia, grupos ultranacionalistas levantaron pancartas exhibiendo fotos con los rostros de varios ciudadanos, a los que un cintillo calificaba de "traidores a la patria", mientras el coro bajo las pancartas y en sus alrededores pedía, a voz en cuello, "muerte a los traidores."

Es el mismo grupo  que en septiembre de 2021 consiguió, bajo amenaza, que se cancelara una exposición organizada por la ONU sobre venezolanos en República Dominicana. La misma se denominaba "Caminos de Aprendizaje", según refería una nota del periódico Hoy del aquel 15 septiembre, y reunía "trece fotografías realizadas por dos fotógrafos venezolanos, en las que se retrata la labor de trece profesores venezolanos que residen en República Dominicana." 

Entre las amenazas que dieron lugar a la cancelación de la exposición por parte de los organizadores de Naciones Unidas se encuentran las publicadas en el perfil de una red social de uno de los convocantes: "¡Si la directiva y los dueños de Ágora Mall no quieren que nosotros le prendamos fuego a esa mierda mañana, que se atengan a las consecuencias y suspendan ese acto, que no lo vamos a permitir! ¡Todos los nacionalistas y patriotas de la República Dominicana vamos a ir a defender el honor de la República Dominicana!" (citado por Benjamín Morales y Mariela Mejía. DL, 16/05/2024).

Se trata del mismo grupo que, armado y con violencia, disolvió una manifestación de trabajadores de la caña que, pacíficamente, reclamaban el derecho a una pensión digna en las inmediaciones del Palacio Nacional, luego de haber dejado lo mejor de su vida y sus sueños en el áspero trabajo del corte de la caña. Es la misma pulsión de intolerancia subyacente a las periódicas prohibiciones de manifestaciones de religiosidad popular que, escenificadas a lo largo de décadas por Semana Santa, han sido sistemática y arbitrariamente impedidas en los últimos años en San Pedro de Macorís. 

Se trata de actos que constituyen un gravísimo atentado contra la Constitución dominicana, que en la parte capital de su artículo 64 establece que: "toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores." Y contra el numeral 2 del mismo artículo que prevé como un deber del Estado garantizar "la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y promover la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones." 

¿Están protegidas por los derechos a la libertad de expresión, manifestación y protesta, las acciones antes descritas? ¿Es lícito que un grupo convoque una protesta intimidatoria frente a un medio de comunicación que no ha hecho otra cosa que cumplir con su misión de servir informaciones y reportajes de investigación sobre temas de alto interés nacional, como es el auge del tipo de discurso que habitualmente enarbolan los convocantes?

Creo que la respuesta a ambas preguntas es negativa. Hace 165 años, en un texto canónico sobre la libertad de expresión, John Stuart Mill sostenía lo siguiente: "La opinión de que los tratantes de maíz matan de hambre a los pobres (...) o de que la propiedad privada es un robo debería poder expresarse con libertad cuando solo se divulga en la prensa, pero puede merecer un justo castigo cuando se expresa oralmente ante una agitada multitud congregada frente a la casa de un tratante de maíz, o cuando se exhibe ante la misma multitud por medio de una pancarta."

Se trata de la imagen más precisa y elocuente para explicar el daño, o la amenaza de infligirlo o provocarlo, como el límite de los límites a la libertad de expresión. Es una cuestión que ha inspirado todo el debate sobre dónde termina la protección constitucional del discurso en sus distintas manifestaciones. 

Hagamos un ejercicio mental y cambiemos de lugar, de tiempo y de actores. Imaginemos que en vez de la Inglaterra de la segunda migad del Siglo XIX, y en vez de manifestantes que incitan a la violencia contra los tratantes de maíz, nos encontramos en el Santo Domingo de 2024, ante un grupo de manifestantes incitando a la violencia contra uno de nuestros principales medios de comunicación y el equipo de periodistas que en él laboran. 

Con las razones aducidas para la manifestación, con los antecedentes de violencia ejemplificados, y con el altísimo nivel de intolerancia que despierta el discurso del "pro-haitiano" y de "traición a la patria", se tata de manifestaciones que atentan no solo contra la libertad de expresión y el pluralismo informativo, sino contra la integridad de los propios periodistas. 

Creo que en las condiciones que a la libertad de expresión le imponen internet y las diversas herramientas tecnológicas para su multiplicación exponencial, la sanción del daño o de la incitación a la violencia son quizá la única justificación a las restricciones penales en esta materia. Como escribía el historiador y politólogo Timothy Garton Ash en Libertad de Palabra: Diez principios para un mundo conectado: "Las condiciones sin precedentes de cosmópolis no hacen sino reforzar la necesidad de una versión modernizada de una postura liberal clásica. Debemos usar el derecho penal y el poder coercitivo del Estado para combatir daños reales." 

El discurso del odio y de incitación a la violencia debe parar. O nos exponemos a que llegue un momento en que no haya discurso ni editorial, ni manifestación ni resistencia que puedan parar la ola de violencia que estas prácticas son capaces de desatar, y solo haya espacio para la sangre y la confrontación.

Cristóbal Rodríguez Gómez