Importancia del informe especial 301 de EE.UU. sobre propiedad intelectual

Según el reportaje titulado "Alcohol: un producto clave en la economía dominicana" -publicado por el semanario El Dinero bajo la firma de Diara Rosario en fecha 20 de noviembre de 2023-, el mercado de las bebidas alcohólicas representó un aporte al fisco por un monto de RD$2,422.6 millones, solo en el mes de septiembre de 2023. Esto representó un incremento de 14.8%, en comparación con el mismo período de 2022 (RD$2,108.2 millones). Durante el período comprendido entre los meses de enero-septiembre "este producto generó ingresos al Estado por RD$21,548 millones, es decir, RD$1,032.4 millones más que igual período de 2022, año que totalizó los RD$20,515.6 millones." 

Esas cifras, si bien en incremento, no eran nuevas, pues el consumo de alcohol forma parte central de nuestra industria hostelera. Es por eso que se dispararon todas las alarmas cuando en el año 2020 en el país tuvo lugar una significativa ola de muertes como resultado del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, particularmente durante la Semana Santa y las festividades navideñas. Un total de 330 personas perdieron la vida por esa causa en aquel año. Durante el primer cuatrimestre de abril de 2021, el alcohol adulterado causo la muerte de otras 127 personas.

La cuestión llamó la atención de las autoridades del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que requirieron información, a las autoridades de nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, sobre si el alcohol que llegaba de RD a Estados Unidos estaba libre de metanol (la sustancia tóxica que provocó las indicadas muertes.

La circunstancia de la pandemia confirió a estos hechos una significación a la vez trágica y desconcertante. Sin embargo, las medidas no tardaron en hacerse sentir, y no solo en en ámbito del control de calidad en el expendio de alcohol. 

De ahí que se recibiera con tanto alborozo la información ofrecida por la prensa nacional el 25 de abril recién pasado según la cual, "la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (...) eliminó este jueves a República Dominicana de su Lista de Vigilancia Especial sobre Protección y Observancia de la Propiedad Intelectual, correspondiente a este año, por lograr avances significativos en la resolución de preocupaciones sobre este aspecto." El Informe Especial 301, reportaba la prensa, "es un examen anual de la situación mundial de la protección y observancia de la propiedad intelectual. El Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales lleva a cabo este examen de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, modificada por la Ley Ómnibus de Comercio y Competitividad de 1988 y la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay" (véase la edición digital de Diario Libre de la fecha indicada).

La prensa destacaba que hacía casi tres décadas que el país se encontraba en esa lista de observación integrada por más de 100 socios comerciales de Estados Unidos, que, anualmente, es objeto de una investigación detallada sobre los niveles de compromiso y cumplimiento para con las demás partes interesadas. En síntesis, se evalúa el clima de protección de los derechos de propiedad intelectual en los socios comerciales de dicho país. 

¿Cuáles fueron los indicadores de mejora que llevaron a la autoridad norteamericana a adoptar la medida indicada para con República Dominicana? El mismo informe da cuenta de que en el país es produjo un incremento de "las medidas de observancia y la cooperación interinstitucional en la lucha contra la piratería de señales", así como de mejora en "la asignación de recursos para los organismos"; de que se "pusieron a disposición del público estadísticas relacionadas con la observancia, aumentaron el número de fiscales especializados en P.I., aumentaron las medidas de observancia contra los medicamentos falsificados y colaboraron con diversos organismos de los Estados Unidos para recibir formación y asistencia técnica" (sic.).

En síntesis, destaca el informe, se trata de un reconocimiento a "los avances significativos de la República Dominicana en materia de transparencia, observancia de los derechos de propiedad intelectual y lucha contra el comercio ilícito."

¿Por qué esto es importante? Lo es, en primer lugar, porque para un país que, como el nuestro, atrae inversión extranjera directa significativa, tanto para manufactura como para servicios, el hecho de haber sido eliminado de la lista del Informe Especial 301, constituye un reconocimiento importante al avance sustancial que hemos tenido en el abordaje de las preocupaciones sobre la observancia de la Propiedad Intelectual y la transparencia, cuestiones estas de suma importancia para el capital extranjero en búsqueda de destinos seguros para canalizar inversiones. 

Sobre esta cuestión vale destacar algunas decisiones y medidas concretas que constituyen el sustento normativo e institucional del importante resultado que aquí se analiza. En febrero de 2021 se emitió el decreto número 55-21, mediante el cual se ampliaron las funciones del CECCOM, que paso a llamarse Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), ampliando su ámbito de control más allá del comercio ilícito de combustibles, y llevándolo a productos como el alcohol, el tabaco y sus derivados, así como a un ámbito tan sensible como el de los medicamentos. 

De igual modo, en abril del mismo año 2021se emitió el decreto número 275-21, por el que se declaró la problemática de la fabricación y comercialización de alcohol adulterado con metanol como un asunto de seguridad nacional, y se incluyó el control de la importación y comercialización de esta sustancia.

Posteriormente, se emitió el decreto número 776-22, con el cual se creó el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI) que, bajo la dirección de la Procuraduría General de la República, vendría a fortalecer, mediante su labor, este importante ámbito de la vida jurídica y económica nacional.

Fue como parte de los trabajos del Consejo Interministerial y con los insumos provistos por todos los miembros, incluyendo la Mesa de Ilícitos, que en el año 2024 se preparó el reporte que fue sometido para mostrar los avances de la República Dominicana, durante el proceso de consulta pública que realizó el USTR en el 2024 para la redacción del Informe Especial 301 de este año. Esta es una síntesis de esa historia, que confiamos se siga escribiendo en beneficio del país.

Cristóbal Rodríguez Gómez