Abinader tiene razón: Es inevitable un ajuste fiscal después de las elecciones
Cuando se concluyeron los proyectos de infraestructura, de manera automática el déficit se redujo
Hace unas semanas el Presidente Abinader habló sobre las finanzas públicas y lo hizo de una manera muy sincera. Básicamente dijo que, independientemente de quién gane las próximas elecciones, es necesario hacer un ajuste fiscal.
¿Y qué es un ajuste fiscal? En los términos más sencillos esto significa que hay que reducir el déficit del Gobierno para bajar el nivel de deuda pública e ir creando más espacio para gastos prioritarios. Esto solo se lograría de una manera: ¡Aumentando las recaudaciones!
La razón es que el Gasto Público no va a bajar y esto el Presidente lo dejó bien claro. En sus palabras: se necesita aumentar el gasto público para mejorar “la salud, la seguridad ciudadana, así como continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras, como terminar el sistema de transporte masivo sobre Santo Domingo .”
¿Pero por qué hay que hacer un ajuste fiscal si los ingresos van bien y los gastos se han controlado? Al menos eso es lo que nos han dicho. Veamos los datos y analicemos lo que está pasando con las finanzas públicas.
Una primera forma de analizar la información es hacer una comparación simple de la evolución de los ingresos y gastos de manera nominal, es decir, expresados en millones de pesos. Pero cualquier estudiante de economía diría rápidamente que esto no tiene sentido porque, como bien nos enseñó el economista Irving Fisher hace ya un siglo, este análisis sufriría de lo que él denominó “Ilusión Monetaria”: comparar variables en valores corrientes no tiene el más mínimo sentido. Es una comparación mostrenca.
Otra forma de ver el problema es que el déficit fiscal promedio en estos últimos años es de alrededor 3.5% del PIB, que es justamente el nivel que se verificó en los diez años previos al COVID. Con una economía que tiende a crecer 5% históricamente, un déficit de esa magnitud no impide que la deuda siga aumentando. Para bajar la deuda solo hay dos opciones entonces: que la economía crezca considerablemente más, digamos 8% todos los años; o bien que el déficit fiscal disminuya. Como el Gobierno no tiene certeza de cuánto va a crecer la economía en el futuro, la opción responsable sería hacer el ajuste fiscal.
Como mucha gente no entiende lo que es el Producto Interno Bruto, tal vez algunas gráficas nos ayuden a ilustrar el punto, eliminando el efecto de la inflación y comparando también con la tendencia que llevaban los ingresos y gastos antes del COVID, tomando en cuenta que este fue un choque sin precedentes con impacto no solo en el corto sino en el largo plazo.
En la gráfica 1 vemos la evolución de los ingresos (ajustados por inflación) comparados con la tendencia Pre-COVID. Y la gráfica es clara: a pesar de los adelantos de impuestos, de las amnistías y de las mejoras de gestión, los ingresos del Gobierno vienen creciendo muy por debajo de la tendencia Pre-COVID.
En la Gráfica 2 hacemos el ejercicio para los gastos. Aquí vemos el aumento de los gastos con el COVID en 2020, luego una reducción en 2021. Pero a diferencia de los ingresos, los gastos han retomado la tendencia Pre-COVID rápidamente.
¿Y qué pasa con el balance fiscal? Esto lo vemos en la gráfica 3, en la que expresamos el déficit fiscal mensual ajustado por inflación. Rápidamente podemos ver varias cosas:
El Gobierno opera con déficit desde hace más de 20 años.
El Déficit aumentó de manera importante durante la crisis financiera internacional del 2008 y no regresó a los valores previos a dicha crisis.
Entre 2013 y 2019 el déficit osciló entre 10 y 15 mil millones de pesos mensuales.
Luego del COVID, el déficit se ha mantenido en el entorno de los 20 mil millones de pesos mensuales. Al igual que pasó luego de la crisis del año 2008, parece que nos hemos quedado luego del COVID con un déficit mayor de manera estructural.
En términos anuales (y nuevamente, ajustando por el efecto de la inflación): el déficit promedio en el periodo 2013-2019 fue de alrededor de RD$ 150,000 millones por año. Luego del COVID parece que nos hemos quedado con un déficit en el entorno de los RD$ 250,000 millones. Esto cuando se elimina el efecto que tienen los adelantos de impuestos y las amnistías, porque lo que nos interesa es ver la magnitud del problema estructural que estamos enfrentando.
Es decir, el legado del COVID es un déficit mayor en unos RD$ 100,000 millones por año, con el agravante de que es con un gasto de capital relativamente bajo para lo que necesitamos como país en esta etapa de desarrollo en que nos encontramos.
Es importante notar que en 2012 fue relativamente fácil bajar el déficit fiscal, no solo porque se hizo una reforma tributaria que aumentó los ingresos, sino porque el aumento del déficit se dio por un incremento de la inversión pública. Cuando se concluyeron los proyectos de infraestructura, de manera automática el déficit se redujo. Pero ahora esto no va a ser posible porque todo el incremento del déficit se ha debido a un aumento del gasto corriente (nómina, compra de bienes y servicios; y, sobre todo, subsidios). Esto se ve claramente en la gráfica cuatro.
Aquí se ve que el gasto de capital ha estado prácticamente estancado en los últimos 20 años, mientras que casi todo el aumento del gasto público ha sido por el gasto corriente. Esto en parte es un legado del 4% del PIB a Educación y, por supuesto, del COVID que nos ha dejado de manera permanente con un nivel de gasto mayor. Obviamente el sector eléctrico tiene también una alta cuota de responsabilidad.
Estas gráficas ilustran la necesidad de la que hablaba el Presidente: se necesita un ajuste fiscal. Pero, ojo para el buen observador: si se hace una reforma que aumente los ingresos, pero los gastos aumentan en la misma magnitud…el problema se quedará igualito y en un par de años volveremos nuevamente a hablar de otro ajuste fiscal.
Cuando se concluyeron los proyectos de infraestructura, de manera automática el déficit se redujo. Pero ahora esto no va a ser posible porque todo el incremento del déficit se ha debido a un aumento del gasto corriente (nómina, compra de bienes y servicios; y, sobre todo, subsidios).