Operación Calamar

Del 25 de enero al 21 de agosto de 2021 escribí en esta columna 15 artículos sucesivos denominados “Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad en la RD”. A ese título faltó ponerle “en los últimos 25 años” pues abarca desde 1996 al 2021. 

La crónica iniciaba con el caso del Banco Agrícola, en 1997, en la administración de Sánchez Roa y seguía con los casos del PEME, la construcción del Aeropuerto Internacional La Isabela, las Turbinas incautadas al narcotráfico por la Fuerza Aérea Dominicana que fueron sustraídas y vendidas de forma fraudulenta a la fuerza aérea de Colombia. Luego se reseñan los casos más relevantes de corrupción del periodo 2000 al 2020, incluyendo por supuesto el caso Odebrecht. Finalmente, los artículos se ocupan de los casos investigados en este periodo de gobierno conocidos como Operación Antipulpo, Operación Caracol, Operación Coral, Caso empresas distribuidoras de electricidad, operación Medusa. También se incluye los casos de funcionarios de este gobierno como el de Kimberly Taveras y Operación 13. Al ponerse en movimiento la acción pública el pasado 19 de marzo, en el caso “Operación Calamar” nos vemos precisados a hacer este número 16 para incluirlo en la “Crónica Brevísima de la corrupción e impunidad”. 

Como expresé oportunamente, no se trataba ni se trata, al registrar los casos en “la crónica brevísima…” de hacer juicios de valor sobre el contenido de los casos penales expuestos, sino simplemente dejar un registro lo más objetivamente de cada uno de estos casos, reseñar las imputaciones e imputados y finalmente el resultado final o el estado procesal en que se encuentran al momento de hacer la reseña. De esa forma procedo con este último caso, a continuación.

OPERACIÓN CALAMAR. Con este nombre designó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) el caso penal contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gervasi Fernández, Princesa Alexandra García Medina, Julián Omar Fernández Figueroa, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Soza, Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero. 

LOS HECHOS. I) Conforme el caso presentado por el Ministerio Público, las acciones delictivas se inician con una reunión convocada por el entonces presidente de la República Danilo Medina quien, frente a las elecciones venideras, instruye a los funcionarios Donald Guerrero ( Ministro de Hacienda),  José Ramón Peralta (Ministro Administrativo de la Presidencia),  Simón Lizardo (Director del Banco de Reserva), Francisco Pagán (Director de la OISOE) a buscar dinero para las campañas políticas del año 2019 (internas del peledé) y las nacionales del año 2020. 

II) A fines de llevar a cabo la referida instrucción, José Ramón Peralta, Francisco Pagán y Donald Guerrero se reúnen con el ing. Bolívar Ventura y finalmente se ponen de acuerdo que se le pagarían las deudas que el Estado tiene con este último y que éste le aportará para las campañas indicadas, la suma de RD$527,694,838.00. A esos fines, los imputados realizaron cubicaciones adulteradas y también las antedataron para que pudieran ser pagadas en el 2019. Todas estas operaciones se realizaron a través de operaciones del Banco de Reservas, sin ser detectadas a pesar de ser violatorias de las leyes y prácticas bancarias.  

III) Los ministros y funcionarios citados, se apoyaron además en otros individuos que no eran funcionarios como los nombrados Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, quienes de acuerdo al Ministerio Público se repartieron para sí unos 7 mil millones de pesos. A ellos les correspondió identificar bienes declarados de utilidad pública y cuyos dueños no habían recibido el pago correspondiente, especialmente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales. Este esquema de defraudación, extorsión y estafa se hizo posible porque contó con la participación de Daniel Caamaño Santana, excontralor General de la República, Luis Miguel Piccirillo McCabe, ex director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Peña, exdirector General de Catastro Nacional. Siempre de acuerdo al expediente del Ministerio Público, por este concepto esta estructura manejó unos RD$10 mil 67 millones de pesos. 

IV) Esta estructura de delincuencial identificada por el Ministerio Público, para lograr sus propósitos se valió, entre otras, de maniobras fraudulenta para alterar o violentar procesos judiciales y administrativos relativos a determinación de herederos, obtención de Certificados de Títulos duplicados del dueño, constancias anotadas, avalúo de las propiedades sin los debidos soportes técnicos ni los registros necesarios, falsificación de actos de notoriedad. En este esquema de extorsión y estafa, le hacían firmar a los reclamantes reales o supuestos, cesiones de créditos en favor de interpósitas personas, en base a deudas imaginarias, cesiones de crédito que luego les permitía cobrar los montos pagados por el Estado en favor de los reales o supuestos reclamantes de las propiedades expropiadas. A éstos les correspondía un porcentaje mínimo de lo pagado por el Estado. 

V) Un tercer mecanismo de recaudación se hizo a través de una estructura que se dedicó a cobrar dinero a propietarios de casinos, bancas deportivas y de lotería y máquinas tragamonedas que operaban ilegalmente, chantajeándoles con cerrarles el negocio si no accedían. Conforme el expediente por esta vía se recibía entre 25 y 30 millones de pesos mensuales y que duró unos 14 meses. Estas operaciones en términos de operatividad práctica eran realizadas por los imputados Oscar Chalas Guerrero, director de Casinos y por Julián Omar Figueroa, director de Juegos de Azar, ambas direcciones del Ministerio de Hacienda cuyo ministerio era, según se ha dicho, el nombrado Donald Guerrero.

VIOLACIONES PENALES. Conforme la imputación hecha por el Ministerio Público, los hechos ilícitos cometidos por los imputados quedan tipificados por las prescripciones legales siguientes: I) De la Constitución: Art.146, numerales 1 y 2 (proscripción de la corrupción); II) Del Código Penal Dominicano: coalición de funcionarios (Art. 123); falsificación (arts. 146 y 147); prevaricación (art.166); desfalco (arts.171 y 172); soborno o cohecho (Art. 177); asociación de malhechores (Arts. 265 y 266); Estafa (art.405); 

III) De la Ley 311-14 (art.18 sobre enriquecimiento ilícito); 

IV) Ley 72-02 sobre Lavado de Activos: arts. 3 (letras A y B); 4, 8 (letra B), 18, 21 (letra B), 26; 

V) De la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del Terrorismo: Arts.2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 

VI) De la ley 33-18 de Partidos: Arts. 59, 63, 64 y 78. (Continuará).

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.