Los residuos sólidos

La recogida y disposición final de los residuos sólidos refleja como pocas cosas el nivel de desarrollo humano de una sociedad. Y en esa materia República Dominicana debe figurar entre los países que peores notas obtienen en la región.

Vivimos entre la basura y al parecer nos acostumbramos. Pero eso ya es insostenible. La forma absurda como se manejan en este país los desechos sólidos no sólo provoca graves daños a la salud colectiva y genera un enorme pasivo medioambiental, sino que también atiborra imbornales provocando inundaciones urbanas que afectan la seguridad de las personas, y tiene el potencial de amenazar la expansión económica del país, pues es queja constante entre turistas y cruceristas lo sucias de nuestras ciudades y vías de comunicación.

La solución definitiva a este problema no puede esperar, y se necesita dinero. En el país se producen cuatro millones y medio de tonelada de basura al año, y para su recolección y adecuada disposición final se requiere de al menos veinte ocho mil millones de pesos, de los que hoy día apenas se dispone una pequeña fracción.

Una parte de esos recursos pueden y deben recaudarse mediante los mecanismos establecidos en la propuesta de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, aprobada por el Senado y pendiente de conocerse en la Cámara de Diputados.

Asociaciones empresariales y grupos medioambientales han criticado como procedió la Cámara Alta. Y llevan razón, pues se conoció con una rapidez inusitada sin permitir que sectores interesados expresaran sus pareceres en comisiones o vistas públicas.

Los senadores aprovecharon los primeros días del año para aprobar de urgencia y en lecturas consecutivas el proyecto, sin escuchar siquiera al Ministerio de Medio Ambiente, la Liga Municipal o las Federaciones de Municipios y Distritos Municipales. Un error que la Cámara de Diputados debe enmendar, abriendo espacios para escuchar a los sectores interesados, y de ser necesario hacer los ajustes que se requieran, siempre y cuando no desvirtúen la ley y mucho menos afecten su sostenibilidad financiera.  

Pero también los empresarios deberían flexibilizar sus posiciones, no les luce protestar por la pequeña cuota que se les pide para solucionar un gran problema. Y hacen trampa cuando refieren a los incrementos de sus contribuciones con relación a lo que hasta ahora pagan, ya que aun duplicando o hasta triplicando los aportes como propone la nueva legislación, lo que pagarían como porcentaje sobre sus ventas totales es ridículo. El tope apenas alcanzaría un cero punto veinticinco del total de su facturación anual. Una verdadera chilata.

No es la ley perfecta, pero contiene avances y mejoras. Queda pendiente abordar la prohibición de ciertos tipos de plásticos, y para algunos asuntos se establecen plazos y gradualidades razonables, aunque en otros deberían revisarse. Pero permitirá resolver de una vez y por todas el eterno problema del manejo de los residuos sólidos en la República Dominicana, y sólo eso constituye una razón más que suficiente para aprobar sin dilación esta legislación.

Óscar Medina