La reforma pensional en Chile

Chile viene de aprobar una reforma a su sistema de pensiones, la primera desde que en 1980 se introdujera el experimental sistema de capitalización individual (CI) a favor de la libertad económica.

Actualmente, 11.8 millones de trabajadores son propietarios de sus ahorros, lográndose una cobertura casi universal de la población trabajadora. A tomar en cuenta que la tasa de informalidad en Chile es de 27 %, comparado con 51 % en RD. El sistema ha generado altos rendimientos demostrando ser resiliente a las crisis económicas.

No obstante, en 2016 hubo grandes protestas porque la jubilación media en Chile resultaba inferior al salario mínimo. Según el Ministerio de Hacienda, para los pensionados por vejez entre 2015 y 2022 la mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada es de apenas 17 %; 27 % en el caso de los hombres y 11 % en el de las mujeres. Solo cuando se incluye la Pensión Garantizada Universal (PGU), esta tasa llega al 63 %; 62 % en mujeres y 65 % en hombres.

Cabe destacar que la introducción del sistema de CI no eliminó al pilar básico de seguridad social que otorga el PGU, sino que lo complementó como un segundo pilar. En ese sentido, RD es el único país latinoamericano que no cuenta con un pilar básico de seguridad social.

La reforma aprobada incrementará la PGU gradualmente un 11.6 % hasta USD 260, beneficiando a más de 1,5 millones de personas. Esta pensión básica es financiada por el estado y otorgada a todas las personas mayores de 65 años, independientemente de si laboran o reciben una pensión o una renta vitalicia.

La reforma crea un Seguro Social para reducir desigualdades a ser financiado por nuevos aportes de los empleadores. Estos aportaban antes un 1,5 % al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Ahora aportarán 2.5 % a ser administrado por el Seguro Social para cubrir las contingencias de invalidez y sobrevivencia y la Compensación a Mujeres por su mayor expectativa de vida. Otro 1,5 % para financiar el Beneficio por Año Cotizado, instrumento transitorio que busca mejorar las pensiones actuales. Así, aumentarán las pensiones de 2.8 millones de personas.

En adición, los empleadores depositarán un 4.5 % del sueldo del trabajador directamente a la cuenta individual de este elevando el aporte total al 14.5 % (los trabajadores aportan un 10 % de su salario) para mejorar las tasas de reemplazo. Está por verse si la estructura de costos de las MIPYMES soportará aportes adicionales del 8.5 % de nómina.

Tales alzas se implementarán gradualmente a lo largo de 9 años. Políticamente, la reforma previsional compensa el reciente rechazo a la reforma tributaria y se estima favorecerá a los trabajadores formales, los jubilados precarizados y las mujeres. También favorecerá a las AFP, afectadas por los retiros aprobados durante la pandemia, y al mercado de capitales chileno, y por esta vía al crecimiento y al acceso a créditos inmobiliarios al aumentarse la tasa de aportes para inversión.

Como se ve, la reforma no invalida los logros del sistema de capitalización individual. Más bien, como señala Guillermo Larraín, "los países más avanzados tienen sistemas mixtos, pero estos están más dominados por el Estado, mientras que en Chile el camino ha sido al revés, pues se está pasando de un sistema muy privado a uno un poco más público". R.D. debe evaluar si continuar siendo el único país unipilar.

Ellen Pérez Ducy

Economista Senior de firma Intelligent Economics.