No lo entienden

Los legisladores son representantes de la ciudadanía y los responsables de crear las leyes que rigen la vida de la sociedad. Son por tanto servidores públicos de una categoría especial a la que corresponde brindar privilegios y facilidades para el desempeño de sus funciones. Entre ellos adquirir un buen automóvil. Pero no bajo el modelo actual que cada dos años otorga una exoneración abierta para la importación de un vehículo de motor. Un esquema que la sociedad rechaza porque no supera el rasero de la racionalidad, pero que además va en detrimento de la imagen de los congresistas.

Lamentablemente, quienes defienden con uñas y dientes ese privilegio no lo entienden, no aquilatan que esas exoneraciones provocan demasiado ruido a cambio de muy poco beneficio. Ya que la mayor parte de esas facilidades son vendidas al real beneficiario, un tercero que paga centavos en comparación con los millones evita sufragar por la importación de vehículos de altísimo costo. 

Una práctica violatoria de la ley porque supuestamente son intransferibles, pero se sabe que la mayoría de esas exoneraciones se comercializan para traer al país vehículos de alta gama. Los carros ingresan a nombre de congresistas, pero los reales propietarios son otros que eludieron obligaciones impositivas. Sólo en los últimos cuatro años el costo tributario de esta práctica supera los dos mil millones de pesos.

Nadie debería justificar esa distorsión comparándolas con otras concesiones que ni por asomo se asemejan. Y esa fue la respuesta de algunos diputados a dos proyectos de ley presentados en el Senado, uno de Félix Bautista que propone eliminar las exoneraciones y otro de Alexis Victoria que plantea mantener sólo una por cuatrienio con un límite de doscientos mil dólares. Y aunque ninguna es buena, se valora que el tema se traiga al debate.

Para abordar este asunto desde la viabilidad, se debe mantener alguna facilidad para que los legisladores adquieran un buen vehículo. Además de una costumbre constituye un beneficio legítimo para un parlamentario.

Pero la respuesta tampoco puede ser una exoneración con límites. Pues muchos congresistas continuarían vendiéndolas, más baratas y con menor impacto impositivo, pero igual facilitaría la elusión. A partir de la propuesta del senador Victoria, por cada vehículo de doscientos mil dólares que se importen el fisco dejaría de percibir setenta y seis mil dólares. Esto por el uso de una exoneración que habrían vendido en unos veinte mil. Mal negocio para todos.

El modelo que el congreso debería adoptar es el que utilizan muchas empresas y algunas instituciones públicas. Otorgar un bono de inicial para la adquisición de un automóvil, que podrían ser por un monto similar a la mitad del valor de mercado de un buen todoterreno, y acordar con el Banco de Reservas que los legisladores puedan acceder a facilidades de tipos de interés para financiar el resto del valor del vehículo durante los cuatro años de su periodo.

Así los legisladores andarían bien montados, y de paso evitarían que tipos de dudosa reputación transiten por estas calles de dios en Ferraris, Lamborghinis y Bugattis a nombre de diputados y senadores.

Óscar Medina