Depravación
Alcaldía del Distrito Nacional y Ministerio de Medio Ambiente eluden responsabilidad en caso de poda ilegal
No utilizó mal el lenguaje el empleado edilicio que, tras pedir a la periodista no citar su nombre para evitar represalias, calificó de «depravación» la criminal poda de una veintena de árboles en el parque Mirador, denunciada por Jaime David Fernández, exministro de Medio Ambiente y caminante frecuente por el lugar.
Utilizó bien la palabra porque es depravación de la democracia y sus derechos que él, uno de los encargados del mantenimiento del parque, tema perder el empleíto, no por cobardía personal, sino por la reserva propia del que habita en la escala de los nadie cuando denunciar afecta a quienes tienen el superpoder de aplastarlo con el dedo meñique.
Es depravación que, pese al eco mediático del caso, el depredador continúe siendo anónimo, no porque perderá nada sino por el privilegio que le concede pertenecer a los círculos de la élite. Casi con toda seguridad, con el mismo grado de soberbia con que ordenó dañar los árboles irrespetando leyes que deberían valer para todos, confía en que las autoridades de la alcaldía del Distrito Nacional y las del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy se rasgan las vestiduras, tutelan su «prestigio» social.
Es depravación del compromiso de transparencia de la administración pública con la ciudadanía que el ADN y el ministerio, y sus titulares Carolina Mejía y Miguel Ceara Hatton, jueguen pimpón con la responsabilidad del delito ecológico cometido, sin sudar frío y sin ruborizarse. Se fían, apuesto peso a morisqueta, de que el olvido echará pronto su pesada tierra sobre el anunciado propósito de «tomar acciones legales» contra el responsable, que pluralizan en un intento semántico de diluir la culpa.
Participa de la depravación la gobernación del parque, a cargo de Belinda Mastrolilli, que no ha dicho «esta boca es mía», aun cuando tiene a su cargo el cuidado y preservación del área y el cumplimiento de las normas de uso que dictan la prohibición de «maltratar árboles y áreas verdes», y haber sido responsabilizada por Medio Ambiente de autorizar la poda.
¡Claro que molesta y duele que en esta ciudad de varilla, cemento y tapones se dañe un solo árbol, inclusive un matojo! Pero más lo hace que de lo sucedido en el Mirador veamos únicamente las ramas y troncos «podados» y no las razones sociales que hicieron esto posible. Que pasemos por alto cuánto abuso de poder, de arrogancia y corrupción encierra que un individuo, prevalecido en su estatus económico, se cargue normas y leyes.
No se trata de buscar la quinta pata al gato; se trata de no convertir en anécdota un problema que es, a la vez, social y político: la impunidad absoluta de un rico que se arroga el derecho de dañar un bien común porque quiere solazarse mirando el mar desde su apartamento de lujo, y unas autoridades que guardan silencio cómplice sobre el delito.
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