El decreto que no avisó

En julio escribí aquí que la derrota del 12,5 % nos llegó por correo certificado: el arancel que avisó. Lo que no sabía es que la historia tenía segunda entrega, y con el método contrario. El Decreto 635-26, que derogó toda la protección arancelaria del arroz, se firmó el 9 de septiembre. El 11, la prensa recogía el reclamo del representante comercial de Estados Unidos, que pedía precisamente esa derogación. El 12 ya daba cuenta de que Washington la destacaba. La Gaceta publicó el decreto el 24. Y el país lo discutió en octubre, cuando el texto salió a la luz. En toda esa secuencia no hemos localizado un solo anuncio presidencial, una rueda de prensa, ni una comunicación oficial a los productores. En el intervalo, Confenagro pidió mantener la protección y una respetada economista publicó su defensa técnica: ambos escribían sobre un decreto que ya estaba firmado. Cada fecha consta en documentos públicos. Y la secuencia no necesita adjetivos: un gobierno derogó la política arrocera del país y dejó que Washington la anunciara primero.

Confieso que mi primera lectura fue la de siempre: otro episodio de tardanza y opacidad. Pero algo no cuadraba, y tiré del hilo. ¿Qué protegía exactamente el régimen que se entregó en silencio? La respuesta está en documentos que cualquier lector puede verificar, casi todos con membrete del Gobierno de los Estados Unidos.

En 2024, año de dos elecciones, este país, que produce alrededor del 96 % del arroz que consume, importó más de 200 mil toneladas del cereal: nueve veces y media el volumen del año anterior, el «crecimiento atípico» que reconoció el propio Consejo Nacional de Competitividad. Apenas 6,310 toneladas, el 2,9 %, entraron por el contingente del tratado con Estados Unidos. ¿Y el resto, en particular las más de 140 mil toneladas suramericanas y asiáticas sin ruta preferencial hacia este mercado? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lo escribió sin rodeos: «el Gobierno abrió el acceso a las importaciones de arroz durante 2024», mediante «licencias de importación discrecionales» del Ministerio de Agricultura. Y en diciembre pasado, un reportaje de este mismo periódico documentó el instrumento. Se trataba de un memorando de entendimiento entre Agricultura y la asociación de las factorías, firmado el 12 de julio de 2024. Sumado a una resolución de la Comisión Nacional Arrocera, autorizó 150, 000 toneladas totalmente libres de aranceles —ni el 99 %, ni el 20 % de la cuota: cero— con el 80 % reservado a las industrias. El reporte anual de barreras comerciales del USTR cerró el cuadro: cuestionó el manejo discrecional de esas licencias y advirtió que puede conducir a «una aplicación inconsistente de la ley y a un trato desigual». No lo dice la oposición; lo dice Washington, por escrito.

Seamos justos con los hechos: hubo afectaciones reales. Los informes estadounidenses describen lluvias intensas en Duarte (lluvias, no la sequía que se alegó) y menores inventarios; la magnitud exacta del faltante solo la diría un balance de abastecimiento que nadie ha publicado. Lo que sí está en papeles es la respuesta: la Comisión aprobó 50 mil toneladas, el memorando añadió 100 mil a tasa cero, y entraron más de 213 mil. El exceso lo denunció el propio presidente de Fenarroz como incumplimiento del acuerdo.

Una frase del informe estadounidense debería estar en el centro del debate: las importaciones crecieron «debido a la mayor demanda del vecino Haití», la misma demanda informal que la asociación de factorías invocaría después para justificar los volúmenes. Una porción del arroz que entró para supuestamente abastecer la mesa dominicana tenía como destino, según ese informe, el mercado haitiano, donde el grano se pagaba con prima, por un corredor informal que el propio Departamento describe como estructural. Las exportaciones formales de arroz, mientras tanto, no llegaron al millón de dólares en todo 2024, según la DGA. Son datos de naturaleza distinta, que no se restan entre sí. Pero juntos dibujan un canal que el papel oficial no registra.

¿Y quién pagó la fiesta? Los dos extremos de la cadena. El productor, según las denuncias de sus propios gremios: cien pesos menos por fanega, el arroz en cáscara en una franja baja de precios, factorías llenas de grano importado que dejaron de comprar cosecha criolla, pequeños arroceros de Sánchez Ramírez y Duarte al borde de la quiebra. El consumidor, con los reportes de precios del propio Ministerio de Agricultura: el selecto subió 20 % al por mayor y 15 % en los supermercados durante 2024. Léalo otra vez: en el año de la mayor importación de la historia reciente, el campo cobró menos y el plato costó más. Hasta el gremio de los comerciantes, con 2,300 supermercados, declaró que quedó fuera: le ofrecieron 75 toneladas de un pacto que le prometía el 20 %. El margen, el que haya sido (solo los documentos lo dirán), quedó en el circuito de las licencias extraordinarias, cuyos beneficiarios el Gobierno jamás ha revelado. Las asignaciones ordinarias del contingente sí se publican. Las extraordinarias, no. Esa asimetría también habla.

Visto así, el silencio de septiembre deja de ser un misterio. Con razón no avisó. Anunciar la derogación habría obligado a explicar qué se derogaba. Y lo que se derogaba no era un escudo del productor: era la fachada de un sistema de permisos administrado a discreción (algo que un compromiso bilateral firmado por el país en 2004 prohíbe con todas sus letras), que inundó el mercado en año electoral contra los propios datos de cosecha, se vistió de protección en diciembre de 2024 con la industria sentada en la comisión redactora del decreto, según consta en los informes estadounidenses, y se desmontó a oscuras cuando llegó la factura. La ironía es completa: lo que movió a Washington no fue el daño al arrocero dominicano, sino las condiciones de acceso de su propio grano, las que su reporte de barreras documenta como discrecionales y desiguales.

Por eso esta segunda parte no termina en una denuncia, sino en una exigencia concreta: que el Ministerio de Agricultura publique la relación de licencias extraordinarias de importación de arroz de 2023 a 2025: titulares, volúmenes, orígenes y tratamiento arancelario de cada despacho, tal como publica las ordinarias. Es información pública por mandato de la Ley 200-04 y describe actos que el Gobierno de los Estados Unidos ya documentó en informes oficiales. Y el propio ministro acaba de afirmar que desde enero no ha hecho falta autorizar una sola importación: si la ventanilla está cerrada, publicar la lista de ayer no interfiere con nada. Si la publica, el país sabrá quiénes cobraron lo que pagaron los arroceros y las amas de casa. Si la niega, la negativa será la respuesta, con el costo añadido de desmentir a Washington en plena negociación. El arancel avisó. El decreto no avisó. La lista dirá por qué.

Franklin Lithgow