Franklin LithgowEl Estado que dejó de contar (VIII)
Los sesenta y siete datos pendientes, con su institución responsable
Siete entregas atrás prometí que no iba a decir que este gobierno gobernó mal. Cumplo: no lo voy a decir. Voy a decir algo más específico y más grave.
El patrón
Lo que leyó estas semanas era la misma historia contada siete veces.
La deuda pública: tres cifras para 2024 —46.3 %, 47.5 % y 58.1 % del PIB— que responden a perímetros y métodos distintos, sin una serie nacional consolidada que permita conciliarlas.
La canasta: la del quintil más pobre subió 42.7 % y la del más rico 34.4 %, y el Banco Central construye los ponderadores que lo demuestran y no los publica.
Las pensiones especiales: RD$10,915 millones al año a 28,880 personas, sin padrón, sin criterio publicado y sin auditoría que conste en cuarenta y cinco años.
Senasa: el contador sí existía —la siniestralidad se publicaba sobre 100 % desde 2023— y nadie estaba obligado a actuar. La consecuencia: una multa de RD$1,888,902.
Las concesiones: treinta años de aeropuertos por un pago único, con la participación futura del Estado medida contra un estudio que no se publica, y la ley que lo habilitó se deroga sola el 10 de noviembre.
Los fideicomisos: uno solo con RD$67,076.5 millones de deuda y plazo hasta 2060, una ley que desde 2023 los somete a la Cámara de Cuentas, y cero de los 110 informes publicados desde abril de 2025.
La obra pública: entre 22 % y 42 % del gasto de capital registrado en diciembre, y el único informe que compara el dinero con la obra excluye, por diseño, los proyectos de inversión.
Y una que esta serie decidió no convertir en entrega, porque el tema es otro debate: la Oficina Nacional de Estadística diseñó en 2022 una Encuesta Nacional de Inmigrantes —muestra de 68,148 viviendas, marco muestral construido, metodología presentada ante la CEPAL— y nunca llegó a levantarla. Entre los riesgos del proyecto consignó, textualmente, «el clima nacional en materia migratoria». Es la única vez que una oficina de estadística dejó escrito que el clima político era un riesgo para medir.
El caso que va más lejos
Hay uno más grave que todos, porque aquí la resta ya está hecha y la hizo el Estado.
El Plan Operativo Anual 2025 del Ministerio de Educación dice, entre sus logros de 2024, que se «completó el registro de 15,755 estudiantes con discapacidad de los 28,033 identificados en los registros administrativos del año 2023».
Léalo despacio. Veintiocho mil identificados, quince mil registrados, en el mismo documento. Falta explicar qué significa exactamente «identificado», qué significa «registro completado» y qué ocurrió con los 12,278 restantes. El número que circula afuera es el pequeño.
Y no es que nadie lo sepa: la directora de Educación Especial lo dijo en público en noviembre de 2025: «sabemos que estos datos son parciales, y que aún existe un subregistro».
Y esto es más que un retraso administrativo. El Anuario registra 21,626 estudiantes con necesidades de apoyo y el Plan Operativo 2026 fija una meta de atención de 7,500. Sin una ficha técnica que diga si son estudiantes únicos, nuevas incorporaciones o servicios concretos, no se puede saber qué parte de lo registrado cubre. Y esa ficha tampoco está.
Registrar a un niño activa para el centro obligaciones de apoyo y ajustes curriculares que la norma prescribe, pero no garantiza que existan el personal y los recursos para cumplirlas. Y el Estado no publica el cruce entre estudiantes registrados y capacidad disponible. Y la norma que lo ordena es una sola frase. El artículo 24 de la Ordenanza 05-2024, completo: «Los centros educativos deben registrar la información referente a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo inscritos en el SIGERD a la App-DGEE».
Léalo otra vez. Es un deber de registrar, sin plazo, sin meta y sin consecuencia. Y alcanza solo a los ya inscritos: manda a anotar, no manda a buscar al que no aparece.
Y la propia Ordenanza dice que ese registro debe servir para «mejorar la gestión y asignación de recursos». No existe un solo análisis público que cruce la dotación de personal con el registro por regional, y el Manual Operativo asigna los técnicos por distrito, no por matrícula. Si la dispersión del registro entre regionales es falta de gente o falta de práctica, no lo sé: ese es el dato que lo decidiría, y lo estoy pidiendo por escrito.
Y conviene decir algo que va contra el título de esta serie. En educación el Estado no dejó de contar: empezó. Los anuarios de 2019 y 2020 no traen una línea sobre estos estudiantes. Por eso este caso es el más útil de los veintiuno: enseña qué pasa cuando un Estado empieza a contar y contar no obliga a nada.
Dos más, que no dieron para entrega propia
La nómina pública: dos registros oficiales con 288,028 personas de diferencia, y ninguna conciliación publicada.
Y las muertes maternas. Desde diciembre de 2023 un reglamento obliga a cada centro, público y privado, a constituir un comité que analice cada una. Ese reglamento no se puede leer: el único repositorio que lo aloja lleva meses inaccesible. El Ministerio cerró 2025 con 177. Y en el boletín de la semana 33 de este año, midiendo su propia mejoría, escribió que en 2019 hubo 177: la misma cifra, con los nacimientos cayendo más de un veinte por ciento entre medio. Cuántas analizaron los comités no se publica: el único recuento disponible, de una investigación privada, reconstruyó treinta.
Lo que encontró este trabajo
Veintiún dominios y sesenta y siete datos, conciliaciones y series que solo el Estado dominicano puede entregar o producir con autoridad, cada uno con su institución responsable.
Y esto es lo que quiero que se lleve: casi nunca el dato falta porque sea caro producirlo. Falta porque alguien decidió, o permitió, que dejara de producirse —y, en el caso de los niños con discapacidad, porque producirlo no obliga a nadie a nada—. Un padrón que no se sube a un portal no cuesta dinero. Una conciliación entre dos cifras del mismo ministerio, tampoco.
Porque un país que no se mide no se corrige: se narra. Y sin contador, la discusión deja de ser sobre hechos y pasa a ser sobre quién tiene mejor tribuna: esa la gana quien decide qué se publica.
Ese es el verdadero costo de estos seis años. No es un déficit fiscal: es un déficit de aritmética. Y no lo paga este gobierno: lo paga el siguiente, porque las series rotas no se reparan hacia atrás.
Lo que le pido al lector
No que vote de una manera. Que exija los sesenta y siete.
Ninguna de las ocho entregas exigió una investigación heroica: todas las cifras proceden de instituciones del Estado, publicadas por separado, y este trabajo solo las puso una al lado de la otra. Desmentir una de ellas obliga a desmentir a la institución que la publicó. La lectura que hago es otra cosa, y esa sí se discute. Ojalá se discuta: para eso va cada cifra con su fuente.
Y la exigencia es barata: no pedimos que el Estado haga algo nuevo, sino que vuelva a hacer lo que hacía, y que lo que empezó a hacer, lo termine.
El dato que falta
Los sesenta y siete. Pero si tuviera que escoger tres para empezar mañana:
Uno. La conciliación de los dos registros de nómina pública, con la brecha de 288,028 explicada. Administración Pública y Tesorería de la Seguridad Social.
Dos. El padrón de pensiones especiales, con nombre, monto, decreto y fundamento. Jubilaciones y Pensiones.
Tres. Los ponderadores del índice de precios por quintil, en datos abiertos. Banco Central.
Ninguno requiere ley ni presupuesto. Los tres se pueden publicar esta semana. Y ese es exactamente el punto.
La pregunta con la que cierro
No es si gobernaron bien o mal. Después de ocho entregas sigo pensando que esa es la pregunta pequeña.
La pregunta es si, después de seis años, todavía se puede saber.
Y la respuesta que encontré, dominio por dominio, es que cada vez menos.
Un Estado que deja de contarse a sí mismo no está escondiendo un dato. Está renunciando a que lo juzguen.
Fin de la serie. Los sesenta y siete datos pendientes, con su institución responsable, están disponibles para cualquier periodista, diputado o ciudadano que quiera pedirlos.
Franklin Lithgow