Giovanni MatosEl Plan Piloto debe salir del control administrativo de la Policía Nacional
Reformar la Policía más allá de los relevos
La abrupta destitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como director general de la Policía Nacional, apenas seis meses después de haber sido designado, ha provocado numerosas interrogantes. El Poder Ejecutivo no ofreció explicaciones detalladas sobre las razones de su salida y se limitó a colocarlo en honrosa situación de retiro mediante el Decreto núm. 558-26, designando en su lugar al mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Sin embargo, en distintos espacios públicos se ha relacionado el relevo con supuestas tensiones internas y con presuntos intereses económicos alrededor del llamado Plan Piloto.
El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito ha reclamado investigar versiones según las cuales Cruz Cruz habría intentado enfrentar estructuras irregulares dentro de la institución. Entre las denuncias divulgadas se encuentra la alegación de que desde el Plan Piloto se habría entregado mensualmente sumas millonarias a altos mandos policiales.
Se trata de afirmaciones graves que no deben asumirse como hechos comprobados, pero tampoco archivarse bajo el cómodo silencio oficial. Corresponde a la Procuraduría General de la República investigarlas hasta establecer si tienen fundamento, identificar a los posibles responsables y determinar el destino de los recursos señalados.
El Plan Piloto realiza una función necesaria: inspecciona físicamente los vehículos, verifica las numeraciones del chasis y del motor, consulta las bases de datos sobre robos y otras situaciones legales y expide la certificación requerida para traspasos, cambios de color, exportaciones y diversas operaciones comerciales.
No obstante, debe discutirse si esta actividad administrativa y certificadora tiene que continuar bajo el control exclusivo de una institución armada cuya misión esencial es prevenir el delito, preservar el orden público, proteger a la población y auxiliar a los organismos de investigación.
La Policía Nacional debe aportar sus registros criminales, sus informaciones sobre vehículos robados y el conocimiento técnico de sus peritos. Eso no significa necesariamente que deba controlar las citas, los cobros, las certificaciones y toda la administración del servicio.
Una cosa es proporcionar inteligencia policial y otra muy distinta manejar una dependencia que interviene diariamente en operaciones económicas de miles de ciudadanos. Cuando una misma entidad concentra la información, la inspección, la certificación y el control administrativo, aumentan los riesgos de discrecionalidad, intermediación y falta de fiscalización.
Por eso, proponemos que el Plan Piloto sea transformado en un Sistema Nacional de Verificación y Certificación Vehicular, dirigido administrativamente por el Ministerio de Justicia. La Ley núm. 80-25 creó precisamente ese ministerio para coordinar políticas públicas relacionadas con la justicia y asumir determinadas funciones administrativas que no deben distraer a los órganos encargados de perseguir el delito.
El Ministerio Público podría ejercer la supervisión jurídica y dirigir las investigaciones cuando se detecten alteraciones, falsificaciones, robos, suplantaciones o adulteraciones de chasis y motores.
La Policía Nacional conservaría un papel técnico esencial, pero no el monopolio del procedimiento. Sus especialistas podrían realizar las inspecciones forenses y suministrar acceso controlado a las bases de datos, mientras el Ministerio de Justicia administraría el servicio, garantizaría la trazabilidad de los expedientes y publicaría estadísticas sobre solicitudes, rechazos, ingresos y reclamaciones.
La Dirección General de Impuestos Internos también debería integrarse al sistema para validar las matrículas, al igual que la Dirección General de Aduanas en los casos de importación y exportación.
Existe un precedente que merece ser recordado. Durante años, los certificados de no antecedentes penales —conocidos popularmente como certificados de buena conducta— estuvieron vinculados a dependencias policiales. Alrededor de aquellas diligencias también circularon denuncias sobre gestores, cobros irregulares, alteraciones y supuestas mafias.
Finalmente, la expedición pasó a la Procuraduría General de la República y con el tiempo se modernizó mediante plataformas digitales. El cambio demostró que una información originada parcialmente en archivos policiales no tiene que ser certificada y administrada obligatoriamente por la Policía.
El otro problema del Plan Piloto es su excesiva centralización. Aunque la cita pueda gestionarse digitalmente, el vehículo debe presentarse físicamente para comprobar sus numeraciones. Obligar a ciudadanos y comerciantes del interior a viajar hasta un centro concentrado en Santo Domingo significa combustible, peajes, hospedaje, pérdida de jornadas laborales y exposición innecesaria a accidentes. Digitalizar la cita sin descentralizar la inspección es modernizar solamente la fila, no el servicio.
El Sistema Nacional de Verificación Vehicular debería comenzar con centros regionales en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Vega, San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, Higüey, La Romana, San Pedro de Macorís, Montecristi y Dajabón.
Posteriormente podría extenderse a las demás provincias. Cada centro tendría cámaras de vigilancia, turnos electrónicos, pagos exclusivamente bancarios o digitales, rotación periódica de inspectores, auditorías independientes y un mecanismo accesible para presentar denuncias.
Todos los procedimientos deben dejar una huella verificable: quién recibió el vehículo, qué numeraciones examinó, qué bases de datos consultó, cuánto pagó el ciudadano y quién autorizó la certificación. Además, las tarifas, los requisitos y los plazos tendrían que publicarse claramente.
Donde circula dinero sin trazabilidad, tarde o temprano aparece el intermediario; y donde el intermediario se vuelve indispensable, el derecho ciudadano termina convertido en mercancía.
La salida de Cruz Cruz no puede quedar reducida a otro relevo rutinario dentro de la Policía Nacional. Si realmente trató de desarticular intereses irregulares, el país merece conocerlo. Si las acusaciones son falsas, también debe establecerse. La transparencia no condena anticipadamente a nadie: impide que el silencio institucional proteja tanto la calumnia como la corrupción.
Reformar la Policía no consiste solamente en cambiar a su director. También supone retirar de su control aquellas funciones administrativas que la distraen de su misión constitucional o crean espacios vulnerables a negocios particulares.
El Plan Piloto necesita dejar de ser un enclave policial centralizado y convertirse en un servicio nacional, descentralizado, fiscalizado y transparente. Porque, como enseña la sabiduría popular, cuando el río suena, no siempre trae piedras; pero el Estado tiene la obligación de entrar al agua y averiguar qué arrastra la corriente.
Giovanni Matos