Ludovino CNuevo paradigma para los incentivos fiscales
La reforma que obliga a replantear la planificación fiscal
La promulgación de la Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, promulgada el 18 de junio del 2026, marca uno de los cambios más relevantes que ha experimentado el sistema tributario dominicano. Más allá de modificaciones puntuales en procedimientos, administración tributaria e incentivos fiscales, la ley incorpora principios que redefinen aspectos fundamentales de la relación entre los contribuyentes y la Administración Tributaria.
Entre estas novedades, merece especial atención la integración del artículo 2-1 en el Código Tributario Dominicano, disposición que introduce un principio clave para el sistema tributario y los regímenes de incentivos fiscales de la República Dominicana. Este artículo dispone libertad a los contribuyentes para acogerse al régimen tributario que consideren más conveniente para sus intereses y que mejor se adapte a sus condiciones operativas y financieras, pero prohíbe beneficiarse simultáneamente de más de un régimen de incentivos sobre una misma actividad económica, inversión u operación.
El verdadero alcance de este artículo no pretende alterar la existencia de los regímenes de incentivos fiscales ni la facultad del contribuyente para optar por ellos, por el contrario, el artículo reconoce expresamente la libertad del contribuyente de acogerse al régimen de su elección. Con este artículo se busca evitar que una misma actividad económica sea simultáneamente beneficiada de múltiples leyes de incentivos, buscando así una mayor equidad entre los contribuyentes y a su vez protegiendo la base tributaria y la transparencia fiscal.
Sin embargo, es importante entender que la ley no prohíbe que un contribuyente se beneficie de más de un régimen de incentivo fiscal. Su redacción conduce a una interpretación razonable de que un mismo contribuyente podría beneficiarse de varios regímenes, siempre y cuando los mismos recaigan sobre actividades, operaciones o inversiones diferentes. La prohibición no es contra pluralidad de incentivos por contribuyente, sino contra la acumulación de incentivos sobre un mismo objeto económico. La ley parece adoptar un enfoque basado en la sustancia económica de una operación u actividad y no en la forma jurídica (i.e., identidad del contribuyente).
A pesar de esto, la redacción del artículo deja un vacío legal al no definir qué constituye una inversión diferente, lo cual genera las siguientes interrogantes: ¿Cuándo verdaderamente una actividad es independiente? ¿Puede el desarrollo de un mismo proyecto contener varias inversiones distintas? ¿Luego de la terminación de un régimen de incentivos, puede el contribuyente beneficiarse de otro régimen para un mismo proyecto? El reto del artículo no es su texto y la prohibición de acumular incentivos, sino más bien la interpretación futura que se le dará, tanto por los contribuyentes como por las mismas autoridades competentes.
De lo anterior se interpreta una clara necesidad de la redacción de normas complementarias que no solo definan los términos expresados en el artículo 2-1, sino que también formulen reglas claras para la aplicación del mismo. Con lo que se limitarían las interpretaciones ambiguas que puedan surgir de la redacción actual de dicho artículo.
Esto con el fin de evitar que (i) los contribuyentes realicen una fragmentación artificial de un único proyecto en varias entidades jurídicas alegando que son inversiones distintas; y (ii) las autoridades rechacen la aplicación de diferentes regímenes de incentivos a un mismo contribuyente, aunque se traten de actividades económicas, inversiones u operaciones diferentes.
En este contexto, resulta claro que, aunque el artículo 2-1 introduce un cambio conceptual significativo en el sistema tributario del país, su alcance verdadero dependerá de cómo sean definidos los conceptos como actividad económica, inversión y operación, temas que probablemente marcarán los debates fiscales de los próximos años.
Más allá de los debates que pueda generar su aplicación, la introducción del artículo 2-1 al Código Tributario Dominicano, era una necesidad impostergable para subsanar el vacío legal que existía previo a la promulgación de la Ley 30-26. Este artículo obliga a las empresas tanto nacionales como internacionales a realizar una planificación fiscal estratégica antes de iniciar cada proyecto. No será suficiente solamente identificar los incentivos disponibles, sino que será necesario evaluar cuál régimen maximiza el beneficio económico y seleccionar el que resulte más conveniente para cada proyecto o inversión, con el fin de evitar cuestionamientos sobre la acumulación de beneficios por parte de la Administración Tributaria.
Ludovino Colón