Oportunidad y riesgo: ¿Por qué la minería también es una cuestión de estrategia país? (2/3)

La conversación sobre minería ha girado por mucho tiempo en los siguientes temas: permisos, conflictos, impactos, controles y controversias, y muy poco -o casi nula- en lo estratégica que es para el país.

La minería, más allá de su regulación sectorial, tiene un alto componente  en la política económica, seguridad de suministro, geopolítica y el posicionamiento internacional.

Dejar fuera esos argumentos de peso, empobrece  la discusión e invalida cualquier intento de posicionar la actividad minera como generador de riqueza, estabilidad y seguridad.

La conversación reciente sobre la propuesta de reforma minera en Venezuela ayuda a verlo con más claridad. Frente a una lectura que advierte, con razón, sobre la debilidad institucional, la discrecionalidad y los graves riesgos de una modernización incompleta, aparece otra mirada que pone el foco en algo distinto: el valor de la oportunidad. No se trata de negar los riesgos, más bien de entender que, aún en entornos complejos, los recursos minerales siguen siendo parte de una competencia global cada vez más intensa.

Esa mirada resulta especialmente útil para la República Dominicana. No porque nuestro país deba copiar el caso venezolano, ni porque deba asumir sus dilemas como propios, sino porque sí debe entender una verdad que a veces queda opacada por el ruido local: la minería del siglo XXI no se discute solo en clave doméstica; también se discute en clave estratégica.

Hoy los minerales no son solo materias primas. Son insumos para cadenas de valor, transición energética, tecnología, defensa, infraestructura, manufactura avanzada y seguridad económica. El país que no entienda eso corre el riesgo de participar en el debate con categorías viejas, mientras el mundo se reorganiza con prioridades nuevas. Por eso, cuando una reforma minera se examina únicamente desde el lente de la sospecha o desde el lente del entusiasmo, se pierde lo más importante: la capacidad de pensar el sector como parte de una visión de país.

La oportunidad minera, bien entendida, no consiste en extraer más por extraer más. Consiste en saber si una nación tiene las reglas, la institucionalidad,  legitimidad e inteligencia económica para convertir su potencial geológico en desarrollo verificable. Esa es la diferencia entre una minería ocasional y una minería estratégica.

Desde esa óptica, la propuesta venezolana —más allá de sus límites evidentes— ha sido leída por algunos como un intento de crear condiciones para capturar valor en un entorno donde la competencia sigue siendo limitada y el potencial geológico es significativo. Ahí aparece una idea que debe ser discutida con calma: en ciertos sectores, el riesgo no elimina la oportunidad; a veces la encarece, la redefine y la reserva para quienes tienen mayor capacidad de ejecución, paciencia operativa y lectura geopolítica.

Pero esa misma idea trae consigo una advertencia indispensable. No toda oportunidad es aprovechable, ni todo potencial es convertible en desarrollo. Cuando fallan las instituciones y el territorio escapa al control público, o cuando la legalidad se vuelve incierta o la política cambia las reglas sin previsibilidad, el potencial deja de ser ventaja y se convierte en promesa suspendida. Esa es precisamente la conversación que se debe dar en República Dominicana, y darse bien.

Nuestro país no necesita elegir entre dos "bandos": la que ve la minería como una amenaza que debe ser tolerada apenas bajo presión, y la que la presenta como una solución automática para el crecimiento. Ninguna de las dos miradas basta. La primera desconoce el valor estratégico de los recursos; la segunda subestima las exigencias institucionales, ambientales y sociales que esa actividad impone.

Lo que sí necesita el país es una visión madura del sector

Una visión que entienda que la competitividad minera no depende solo de la calidad del subsuelo, sino también de la calidad del Estado. Que sepa que la confianza país no se construye con frases hechas, sino con reglas estables, decisiones oportunas, controles verificables y autoridades capaces de actuar con objetividad. Y que comprenda que en el nuevo contexto internacional los países compiten no solo por inversión, sino por credibilidad.

Ese punto es decisivo

Porque la verdadera pregunta no es si la República Dominicana tiene recursos o potencial. La verdadera pregunta es si quiere y puede articular una política minera que le permita aprovecharlos con legitimidad, previsibilidad y sentido nacional. Eso exige salir del debate corto, reactivo y episódico. Exige pensar la minería no solo como sector, sino como parte de un ecosistema más amplio de infraestructura, energía, puertos, empleo, encadenamientos productivos, recaudo, innovación y reputación internacional.

Por tanto,  una reforma minera moderna no debería verse únicamente como un ajuste jurídico, más bien como una señal de cómo el país decide ubicarse frente a una economía global en transformación. Si el mensaje que emite es desorden, lentitud, duplicidad, opacidad o discrecionalidad, la oportunidad se reduce. Si el mensaje que emite es seriedad regulatoria, coordinación institucional, sostenibilidad exigible y visión de largo plazo, la oportunidad se multiplica. Ese es el punto en el que riesgo y estrategia dejan de ser conceptos opuestos.

La minería seguirá siendo una actividad exigente. Seguirá generando debate. Seguirá obligando al Estado a balancear intereses legítimos y a elevar sus capacidades. Nada de eso cambiará. Lo que sí puede cambiar es la calidad de la conversación pública. Y esa mejora comienza cuando entendemos que una reforma minera no es solo una discusión sobre concesiones, tributos o permisos, sino una discusión sobre el tipo de país que queremos ser frente a recursos que el mundo valora cada vez más.

La República Dominicana no debería desperdiciar esa oportunidad por miedo, improvisación o visión fragmentada. Tampoco debería sobredimensionarla con triunfalismo o simplificaciones.

Debería asumirla con seriedad estratégica, porque al final, la minería no solo pone a prueba la riqueza del subsuelo, también la madurez del Estado, la claridad de la política pública y la capacidad de una nación para convertir posibilidad en rumbo.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.