Poder y bienestar

En mayor o menor medida, todos los ciudadanos ejercemos alguna forma de poder. Lo hacemos en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en las instituciones. Poder es, en términos simples, la capacidad de influir en otros, de decidir, de orientar procesos y de incidir en aspiraciones personales o colectivas.

Desde esa perspectiva, el poder no es exclusivo de los gobernantes ni de las grandes estructuras del Estado; es una realidad cotidiana que atraviesa toda relación humana.

El poder se manifiesta en dimensiones macro y micro a través de la política, la economía, las instituciones, el orden jurídico, la cultura y la religión. En cada una de ellas se construyen relaciones que requieren límites o reglas claras para preservar el equilibrio social.

Cuando estas reglas funcionan, el poder se convierte en instrumento de organización y progreso; cuando se debilitan, se transforma en mecanismo de atraso, desigualdad y fractura social.

En la dimensión macro, el poder es ejercido por delegación de la voluntad ciudadana desde la estructura formal del Estado y sus instituciones. Su ejercicio responsable debe orientarse al objetivo primario de generar confianza y credibilidad, mediante políticas públicas que creen condiciones favorables para la inversión, la creatividad en todas sus manifestaciones, el empleo y la producción; principales vías legítimas para crear riqueza sostenible y bienestar colectivo.

Una mirada objetiva al desarrollo institucional del país permite reconocer que, aun con tareas pendientes, es innegable el avance alcanzado en materia de desarrollo y en el afianzamiento de la democracia como sistema de gobernanza.

Los cambios experimentados en los niveles de ingreso medio de la población, en infraestructuras y en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas constituyen un indicador relevante del progreso alcanzado. Este avance refleja el impacto positivo en el bienestar colectivo de un ciclo en el que el poder político se ha manejado dentro de límites razonables y acorde con la arquitectura institucional del Estado dominicano.

Comparativamente, somos un país privilegiado frente a otras naciones de América Latina donde el rompimiento de esos límites ha derivado en rupturas del equilibrio social, con costos políticos y económicos elevados que han deteriorado la calidad de vida de sus ciudadanos, particularmente la de los más vulnerables.

La experiencia regional confirma una verdad reiterada por la historia: el poder delegado necesita límites para no corromperse, controles para no deformarse y principios para no extraviarse.

El lado micro del poder puede observarse en el ámbito empresarial, donde no debe limitarse a la facultad de dirigir recursos, establecer estrategias o adoptar decisiones financieras; es, sobre todo, una responsabilidad moral frente a las personas cuya estabilidad depende de esas decisiones.

Toda empresa ejerce poder cuando contrata, fija salarios, define condiciones laborales o impulsa acciones en su entorno social, cultural y ambiental. Cuando ese papel se ejerce con ética y responsabilidad, se genera mayor espacio para la dignificación del trabajo y la productividad, fundamentos del reconocimiento social.

La confianza derivada del poder responsable se transforma en una fuerza capaz de generar estabilidad, prosperidad y trascendencia histórica para una sociedad.

Para que esta relación de causalidad sea óptima, el poder no se ejerce como dominio, sino como un deber; no se concibe como un privilegio, sino que se ejerce como un servicio ético y transparente. En resumidas cuentas, ello indica que el poder debe utilizarse con la finalidad suprema de transformar la realidad para crear valor y bienestar.

Dados los innegables avances alcanzados en el nivel de desarrollo del país, sería un acto justo valorar los méritos de nuestra imperfecta democracia, reconocer los avances institucionales logrados y el razonable clima de estabilidad económica, política y de paz social que caracteriza a la nación.

En medio de un escenario internacional marcado por profundas incertidumbres, poseer un activo social de tal relevancia debe generar el compromiso colectivo de preservarlo y fortalecerlo desde cualquier posición de poder que se ostente.

Porque, en definitiva, el verdadero valor del poder no reside en la autoridad que concede, sino en el bienestar que es capaz de generar para la sociedad.

Luis A. Reyes Abreu