Incautan dos aeronaves vinculadas a colombiano preso por narcotráfico en el país
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron dos aeronaves modelos Boeing y Piper Aicarft Inc., que pertenecerían al supuesto cabecilla de una red de narcotráfico, Jorge Hernán Zapata Villa, de nacionalidad colombiana, quien cumple prisión preventiva por su vinculación a un cargamento de casi 800 kilogramos de cocaína.
Las autoridades informaron que el Boeing, matrícula XA-UJC, fue confiscado durante una operación efectuada en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), mientras que el Piper Aicarft Inc., matrícula HI-913, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
La incautación se llevó a cabo en el marco de un proceso de investigación contra dicha organización, que realizan la Procuraduría Fiscal de la provincia La Altagracia y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con la colaboración de la DNCD y la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos.
Además de Zapata Villa, por su vinculación a la organización también cumplen prisión preventiva en un centro penitenciario de la región Este, los colombianos Domingo Polo Polo, Samir Guerrero Ruda, Carlos Iván Ortega Castellanos y Max Abraham Dossman, así como los dominicanos Juan Elpidio Olivares Mella, Wilkins Miguel Fernández Contreras y Francis Espino Abud.
Conforme a la investigación, los presuntos integrantes de la red utilizan la zona este de la República Dominicana para introducir grandes cargamentos de drogas procedentes de Suramérica, utilizando para el transporte y comercialización de los narcóticos embarcaciones tipo pesqueras y aeronaves.
Del caso, el Ministerio Público señala que además de la incautación de las aeronaves y los 796.58 kilogramos de cocaína decomisados el pasado mes de julio en la comunidad Boca de Yuma, en Higüey, también ha logrado obtener una serie de medidas cautelares consistentes en la inmovilización de productos bancarios, oposición a vehículos e inmuebles, así como allanamientos e incautaciones de bienes inmuebles.
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