Drama de venezolanas víctimas de trata en República Dominicana

SANTO DOMINGO. “Crismar” es el nombre de una venezolana de 20 años que debido a la difícil situación que vive su país aceptó una propuesta que le hicieron para venir a República Dominicana a trabajar en un bar sirviendo tragos. Le dijeron que podían tener relaciones sexuales con los clientes si querían, pero que no era una obligación.

Para facilitar su viaje al país, le enviaron una carta de invitación, le facilitaron el dinero relativo a los impuestos de entrada y el boleto aéreo. Al llegar al aeropuerto la esperaba el propietario del “Pink Pony Bar”, Jarvis Guerra Rodríguez, quien junto a Ángela Isaura Campusano Santos (La Morena) y otra persona la recogieron y la llevaron al que sería su lugar de trabajo.

Sus expectativas cambiaron tan pronto abordó el vehículo. Según documentos de la Fiscalía del Distrito Nacional, los que recibieron a la venezolana la despojaron de su pasaporte y la llevaron al “Pink Pony”, donde supuestamente la obligaron a prostituirse, igual como alegadamente hicieron con otras nueve paisanas.

El Ministerio Público, que comenzó la investigación luego de la denuncia de cuatro venezolanas, asegura que Jarvis y La Morena les informaban a las mujeres que habían contraído con ellos una deuda que iba desde los 1,000 hasta los 1,600 dólares por los gastos del viaje, de alojamiento, pero que además debían pagar diariamente wifi, comida, techo, ropa y todas sus necesidades con el dinero que consiguieran acostándose con los clientes del establecimiento.

La documentación judicial también indica que a estas mujeres las multaban por no ponerse tacones altos o por no tener ropa sensual.

De acuerdo al expediente, las obligaban a consumir drogas, pastillas anticonceptivas, e incluso, una de las diez mujeres fue obligada a tomar un medicamento para abortar después de haber quedado embarazada de un cliente del establecimiento.

Wander Santana