El país tiene una de las flotas de transporte más atrasadas de la región
SANTO DOMINGO. A pesar de los RD$24 mil millones subsidiados en los combustibles a los empresarios del transporte en los últimos seis años, la flota de transporte de carga y de pasajeros es de las más atrasadas de la región.
En el Plan Nacional de Logística de Carga, se indica que el estudio de Logística de Cargas de Mesoamérica indica que República Dominicana posee la tercera flota de carga más antigua de la región mesoamericana, después de Belice y Nicaragua.
El Plan señala que esta situación es atribuible a múltiples factores, como “una estructura de costos y de tarifas cuyos bajos márgenes de rentabilidad impiden renovar la flota de camiones, dificultades de acceso a crédito, y la inexistencia de planes de renovación de flota”.
Una situación similar es la de las guaguas de transporte urbano e interurbano, que tienen un promedio de 15 años, desde que fueran traídas en el Consejo Nacional de Transporte del Plan Renove, dispuesto por el expresidente Hipólito Mejía el 20 de septiembre de 2001.
Ese Plan Renove costó unos US$157 millones, para traer 5,800 vehículos, distribuidos entre los sindicatos del transporte.
El plan desató luego un escándalo de corrupción, y el transportista Juan Hubieres denunció sobrevaluación de parte de los vehículos.
Falta de empresas
Dentro del Plan de Logística de Transporte se indica que, debido a la inexistencia de empresas formales de transporte, entendidas éstas como organizaciones con estructuras y procedimientos gerenciales destinados a prestar esos servicios, no existe en el país un marco regulatorio que establezca los requisitos para la prestación del servicio de transporte.
Se destaca que la única regulación existente es la correspondiente a las disposiciones sobre el contrato de transporte terrestre de carga establecidas en el Código de Comercio vigente.
También se resalta el hecho de que dichas disposiciones carecen de las características de las legislaciones modernas sobre este tipo de contratos, tales como la clara determinación de las obligaciones del remitente, el transportador y el destinatario.