Corte de EEUU otorga US$73 millones a familia de concejal venezolano asesinado
Fernando Albán fue arrestado en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas procedente de Nueva York
AP
Un juez federal en Miami ha otorgado 73 millones de dólares como indemnización a la familia de un opositor venezolano que murió mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades de Venezuela, en lo que describió como un “asesinato por encargo” llevado a cabo por una organización delictiva encabezada por el presidente Nicolás Maduro.
Fernando Albán fue arrestado en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas procedente de Nueva York, donde fue parte de una delegación que había denunciado al gobierno de Maduro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Falleció tres días después en lo que las autoridades describieron en un principio como un suicido al arrojarse del 10mo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela.
La muerte de Albán desató indignación internacional y repudio de Estados Unidos. El año pasado, su viuda y sus dos hijos presentaron una demanda contra Maduro y varios altos miembros de su gobierno, acusándolos de secuestro, tortura y asesinato de quien fuera concejal de Caracas.
La familia acusó a los indiciados de pertenecer al "Cártel de los Soles", un supuesto grupo dedicado al narcotráfico que incluye a altos funcionarios del gobierno de Venezuela y a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que envía 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela cada año.
El juez Darrin P. Gayles emitió una sentencia en rebeldía en contra del cártel por no responder a la demanda en un fallo de la semana pasada que no había sido reportado previamente. En dicho fallo, el tribunal declaró que lo que describió como la “organización delictiva de Maduro” es responsable de cargos federales de crimen organizado por la muerte de Albán debido a que su único fin es “ejercer un control autoritario ilícito sobre Venezuela” mediante el tráfico de narcóticos, actos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos.
Adoptando los hallazgos previos de un juez de primera instancia, el tribunal señaló que operadores del gobierno de Maduro siguieron a Albán mientras estaba en Nueva York, lo fotografiaron y enviaron a Venezuela la información que facilitó su secuestro y asesinato una vez que regresó a su país natal.
“El asesinato del señor Albán fue un asesinato por encargo debido a que los miembros de la organización delictiva de Maduro que cometieron el homicidio recibieron un pago (en forma de salarios) de parte del régimen de Maduro”, afirmó la corte.
El tribunal decretó que el cártel debe pagar 73 millones de dólares a la familia de Albán por el dolor y sufrimiento causados por su muerte.
Se desconoce, sin embargo, cómo es que sus familiares cobrarán el monto. Aunque Maduro y otros acusados nombrados en la denuncia original —incluyendo al ministro de Defensa y al presidente de la Corte Suprema de Venezuela— enfrentan cargos penales de narcoterrorismo y corrupción en Estados Unidos, se encuentran bajo muy poca presión de los excompañeros opositores de Albán para ceder el poder.
En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden ha mostrado disposición de reducir las sanciones sobre la nación sudamericana a cambio de un progreso en las negociaciones con la oposición con el fin de generar un ambiente más democrático para las elecciones presidenciales de 2024.
Además, el único de los supuestos cabecillas del cártel que se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, el general jubilado del ejército Clíver Alcalá, es representado por un equipo legal designado por la corte después de asegurar que no podía costear su defensa.
Un abogado de la familia de Albán se negó a comentar sobre el fallo.
El caso de Albán también ha sido expuesto ante la Corte Penal internacional, que investiga las acusaciones de tortura y asesinato que pesan sobre las fuerzas de seguridad de Maduro. A finales de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que dos integrantes del servicio de inteligencia SEBIN habían sido sentenciados a casi seis años en prisión por actos de negligencia en conexión con la muerte de Albán mientras estaba bajo su custodia.
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