Brasil endurece su ofensiva contra los gigantes tecnológicos por el control de internet
Las regulaciones de Lula, las decisiones del Supremo Tribunal Federal y las presiones de Estados Unidos profundizan el enfrentamiento con Google, Meta, X y otras plataformas digitales
Diario Libre
Brasil se ha convertido en uno de los principales escenarios latinoamericanos de confrontación entre los gobiernos y las grandes compañías tecnológicas. La disputa, inicialmente centrada en la eliminación de contenidos ilegales de las redes sociales, se ha extendido a la responsabilidad de las plataformas, la protección de los menores, la competencia económica y los límites de la libertad de expresión.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal (STF) han impulsado medidas para aumentar las obligaciones de las empresas digitales, mientras compañías como Google y Meta cuestionan disposiciones que consideran capaces de generar inseguridad jurídica y restricciones excesivas a la circulación de información.
La controversia también tiene una dimensión internacional. Las iniciativas brasileñas coinciden con las críticas de Washington a las regulaciones que afectan a empresas estadounidenses, incorporando la actividad de estas compañías al debate comercial y diplomático entre ambos países.
El Supremo cambia las reglas
Uno de los principales puntos de inflexión ocurrió en junio de 2025, cuando el Supremo Tribunal Federal declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, legislación de 2014 que establece los derechos y deberes de usuarios y proveedores de servicios digitales.
La norma disponía, como regla general, que las plataformas podían ser responsabilizadas civilmente por contenidos publicados por terceros cuando incumplieran una orden judicial específica de retirada.
El Supremo consideró insuficiente ese mecanismo para proteger determinados derechos fundamentales y estableció nuevas condiciones de responsabilidad, aplicables mientras el Congreso no apruebe una legislación actualizada.
El 17 de junio de 2026, el tribunal confirmó criterios para responsabilizar a las empresas por daños derivados de publicaciones ilícitas y estableció un plazo de 60 días para implementar las medidas correspondientes.
Entre las obligaciones figuran mecanismos preventivos frente a delitos relacionados con explotación sexual infantil, terrorismo, discriminación, trata de personas y violencia contra las mujeres, además de mantener representantes legales en Brasil.
La decisión no establece responsabilidad automática por cualquier publicación. Según Agência Brasil, el tribunal contempló criterios relacionados con las fallas de prevención o retirada de contenidos y la posibilidad de demostrar dudas razonables sobre su carácter ilícito.
Lula amplía la presión
El enfrentamiento adquirió otra dimensión el 20 de mayo de 2026, cuando Lula firmó dos decretos para reforzar la supervisión de las plataformas digitales.
Las disposiciones establecieron mecanismos para denunciar contenidos delictivos, exigir respuestas empresariales y conservar información que facilite identificar a responsables de actividades ilegales. También reforzaron las medidas contra la violencia digital hacia las mujeres y asignaron funciones de supervisión a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).
Según fuentes periodísticas, el Ejecutivo defendió las normas como instrumentos para hacer efectivas las obligaciones establecidas por el Supremo. Las medidas contemplan posibles multas y restricciones de actividad por incumplimiento, aunque distinguen determinados servicios de comunicación privada debido a las garantías constitucionales de privacidad.
La reacción empresarial fue inmediata. La Cámara Brasileña de la Economía Digital, que reúne a compañías como Meta, Google, TikTok, Kwai y OpenAI, participó en una carta abierta contra los decretos.
Las organizaciones advirtieron que las exigencias podrían provocar la eliminación preventiva de publicaciones legítimas, elevar los costos operativos y generar incertidumbre jurídica. También cuestionaron que el Gobierno regulara estas materias mediante decretos sin mayor intervención legislativa.
Meta, sancionada por la justicia electoral
La confrontación alcanzó las elecciones presidenciales brasileñas de octubre de 2026.
Este jueves 12 de noviembre, el Tribunal Superior Electoral impuso a Facebook, propiedad de Meta, una multa de 7.5 millones de reales, aproximadamente 1.3 millones de dólares, por incumplir parcialmente órdenes judiciales relacionadas con la campaña presidencial.
Las decisiones respondieron a denuncias de la campaña de Lula sobre un supuesto trato desigual de los algoritmos y herramientas de inteligencia artificial de Meta durante la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro.
El tribunal señaló que Facebook entregó información fuera de plazo o de manera incompleta, dificultando las verificaciones solicitadas. Sin embargo, aclaró que no existían pruebas de una actuación deliberada para influir en los resultados electorales.
Meta rechazó las acusaciones de parcialidad política y atribuyó los problemas denunciados a fallas técnicas y procedimientos de cumplimiento normativo.
El antecedente de Elon Musk
Uno de los enfrentamientos más conocidos ocurrió en agosto de 2024, cuando la justicia brasileña ordenó suspender X, anteriormente Twitter, después de que la empresa incumpliera decisiones judiciales relacionadas con determinadas cuentas y la obligación de mantener un representante legal en el país.
La plataforma permaneció bloqueada durante más de un mes, hasta cumplir las exigencias que permitieron restablecer sus operaciones.
Su propietario, Elon Musk, acusó al magistrado Alexandre de Moraes de restringir la libertad de expresión, mientras las autoridades judiciales defendieron la obligatoriedad de cumplir las decisiones de los tribunales nacionales.
El episodio se convirtió en una referencia internacional sobre la capacidad de los Estados para aplicar sus leyes a compañías que operan simultáneamente en numerosos países.
Google y el negocio periodístico
La controversia también afecta la relación económica entre las plataformas y los medios de comunicación.
En abril de 2026, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), organismo brasileño encargado de vigilar la competencia, decidió profundizar una investigación sobre la utilización de contenidos periodísticos por Google.
El procedimiento examina si la compañía aprovecha su posición dominante en las búsquedas para obtener beneficios económicos de informaciones producidas por terceros sin una compensación proporcional.
El expediente adquirió relevancia adicional con la expansión de la inteligencia artificial generativa, que permite ofrecer respuestas y resúmenes directamente en los buscadores.
Según Reuters, el regulador también consideró la dependencia de los medios respecto al tráfico procedente de Google, circunstancia que puede influir en su capacidad de negociación.
La compañía rechazó la interpretación del organismo, al considerar que partía de una comprensión equivocada del funcionamiento de sus productos. La investigación continúa siendo un procedimiento regulatorio, no una declaración de culpabilidad.
La inteligencia artificial, otro frente
Las autoridades brasileñas también investigan las condiciones de competencia en el mercado de inteligencia artificial.
En enero de 2026, el CADE abrió una investigación contra empresas de Meta por posibles prácticas de abuso de posición dominante relacionadas con el acceso de proveedores de inteligencia artificial a WhatsApp.
El organismo examinó si los nuevos términos comerciales podían perjudicar a herramientas competidoras y favorecer a Meta AI, el asistente desarrollado por la compañía.
En mayo, el regulador también ordenó revisar la operación entre Microsoft e Inflection AI y abrió investigaciones preliminares sobre acuerdos relacionados con Google, Windsurf y Hume AI.
La preocupación se centra en operaciones que, sin constituir adquisiciones convencionales, pueden modificar la competencia mediante la incorporación de talento especializado, tecnología y propiedad intelectual.
La protección de los menores
Brasil puso en vigor el 17 de marzo de 2026 el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, conocido como ECA Digital, que establece obligaciones para redes sociales, videojuegos y otras plataformas accesibles a menores.
Las disposiciones incluyen mecanismos de supervisión familiar, restricciones comerciales y exigencias de autorización judicial para monetizar determinados contenidos que explotan comercialmente la imagen de niños y adolescentes.
La dimensión del desafío aparece en la encuesta TIC Kids Online Brasil: en 2025, el 92 % de los brasileños de entre 9 y 17 años tenía acceso a internet, equivalente a unos 24.5 millones de personas.
Las tensiones también forman parte de las diferencias comerciales con Estados Unidos.
La administración de Donald Trump ha cuestionado regulaciones digitales extranjeras que considera perjudiciales para compañías estadounidenses. Brasil, por su parte, defiende su facultad de aplicar las leyes nacionales a las empresas que prestan servicios en su territorio.
El debate también divide a las instituciones brasileñas. Según CNN Brasil, en junio de 2026, 29 diputados presentaron iniciativas para suspender los decretos de Lula, cuestionando los límites de las facultades presidenciales para regular estas actividades sin una nueva ley del Congreso.
En septiembre, el Comité Gestor de Internet de Brasil presentó 46 directrices para orientar futuras regulaciones sobre redes sociales, inteligencia artificial, transparencia algorítmica y competencia económica.
Las recomendaciones contemplan obligaciones diferenciadas según el tamaño, alcance y riesgos de las empresas.
El desenlace de estas controversias determinará parte de las obligaciones legales y comerciales de las grandes tecnológicas en uno de los mayores mercados digitales de América Latina. También definirá el alcance de las facultades de las instituciones brasileñas para supervisar compañías cuyo poder económico y tecnológico trasciende sus fronteras.
Diario LibrePeriódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.