La OEA prepara una reunión de cancilleres ante el agravamiento de la crisis en Nicaragua
La iniciativa llega apenas unas semanas después de que la 56 Asamblea General de la OEA expresara su "profunda preocupación" por el deterioro de los derechos humanos y la "erosión sistemática del orden democrático" en Nicaragua
Agencias
El Consejo Permanente estudiará este miércoles la convocatoria de los ministros de Exteriores, en medio de nuevas denuncias de desapariciones forzadas y de medidas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que restringen todavía más la competencia electoral.
La situación de Nicaragua volverá esta semana al centro de la agenda de la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta vez con la posibilidad de elevar la discusión al nivel de los cancilleres del continente, después de meses marcados por nuevas denuncias de violaciones de derechos humanos y un mayor cierre de los espacios políticos y electorales.
El Consejo Permanente de la OEA celebrará el miércoles 19 de agosto, a las 10:00 de la mañana, hora de Washington (14:00 GMT), una reunión ordinaria en la que considerará un proyecto de resolución para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua, según informó este lunes el organismo hemisférico.
La eventual convocatoria supondría llevar el caso nicaragüense a uno de los principales mecanismos políticos de consulta de la organización. El Consejo Permanente es el foro permanente de diálogo político de la OEA y, entre sus atribuciones, da seguimiento a los mandatos de la Asamblea General y de las reuniones de consulta de cancilleres.
La iniciativa llega apenas unas semanas después de que la 56 Asamblea General de la OEA expresara su "profunda preocupación" por el deterioro de los derechos humanos y la "erosión sistemática del orden democrático" en Nicaragua.
La declaración aprobada entonces señaló el debilitamiento de la separación de poderes, el cierre del espacio cívico y las violaciones y abusos de derechos humanos documentados por organismos internacionales.
El escenario se agravó
Desde aquella reunión, celebrada en julio, se han producido nuevos acontecimientos que han aumentado la preocupación sobre Nicaragua.
El 19 de julio, Daniel Ortega declaró durante la conmemoración de la Revolución Sandinista que en el país "no volverá a haber elecciones" para permitir que la oposición alcance el Gobierno. Días después, las autoridades presentaron una propuesta de reforma constitucional que plantea períodos presidenciales de siete años "renovables" y refuerza las disposiciones que permiten impedir la participación política de personas consideradas por el Gobierno como vinculadas a los acontecimientos de 2018.
La reforma se produce después de que los cambios constitucionales aprobados en 2025 establecieran la copresidencia de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, y ampliaran las facultades del Ejecutivo.
A las restricciones políticas se suman las denuncias sobre detenciones y desapariciones forzadas.
Uno de los casos más recientes es el del obispo emérito de Estelí, Abelardo Mata, de 80 años, crítico del Gobierno. El religioso reapareció públicamente la semana pasada después de permanecer más de 40 días sin que familiares y allegados pudieran comprobar directamente su situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas urgentes ante la Corte Interamericana debido a la incertidumbre sobre su paradero y su estado de salud.
Precisamente, durante su 196 período de sesiones, la CIDH celebró el pasado 6 de agosto una audiencia dedicada específicamente a las desapariciones forzadas en Nicaragua, con participación de organizaciones de derechos humanos y del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
La muerte de Brooklyn Rivera
Otro de los casos que ha aumentado la presión internacional es el del histórico dirigente indígena Brooklyn Rivera, quien murió el 30 de mayo después de permanecer durante más de dos años y medio bajo custodia estatal y sin contacto regular con su familia.
- La Asamblea General de la OEA expresó en julio particular preocupación por su muerte y por las denuncias de represalias posteriores contra familiares y miembros de su comunidad. También condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura.
En esa declaración, los Estados miembros instaron a Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, restablecer las libertades fundamentales, garantizar la participación política y el Estado de derecho, poner fin a la privación arbitraria de la nacionalidad y facilitar el regreso seguro de los nicaragüenses exiliados.
La OEA también reiteró su llamado para que Nicaragua regrese a la organización. El Gobierno de Ortega denunció la Carta de la OEA en noviembre de 2021 y su salida se hizo efectiva dos años después, aunque el organismo hemisférico ha continuado examinando la situación del país.
Una instancia de mayor nivel político
La decisión que deberá adoptar el miércoles el Consejo Permanente no constituye todavía la reunión de cancilleres. Lo que se someterá a consideración es el proyecto de resolución para convocarla.
- De prosperar, abriría una nueva instancia diplomática de alto nivel para analizar la crisis nicaragüense y las posibles respuestas de los países del continente.
La sesión se realizará en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington y será transmitida en directo con interpretación en español, inglés, francés y portugués.
La discusión llega, además, en momentos en que la propia Secretaría General de la OEA ha colocado a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, entre los países sobre los que ha reclamado una ampliación del espacio democrático y cívico y un mayor respeto a las libertades fundamentales.
El debate del miércoles permitirá conocer hasta dónde están dispuestos a avanzar los Estados miembros ante una crisis que la OEA mantiene bajo observación desde las protestas de 2018 y que ahora entra en una nueva etapa tras las recientes decisiones políticas y constitucionales del Gobierno de Ortega y Murillo.
Agencias