Tres detenidos en Ecuador por disparar a una cárcel y herir a un policía
Varios sujetos dispararon en varias ocasiones contra la cárcel desde el interior de un vehículo

La Policía de Ecuador detuvo este sábado a tres sujetos sospechosos de participar en el ataque armado que se produjo el jueves contra la entrada principal de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del país ubicada en la ciudad costera de Guayaquil, y que dejó a un agente herido.
Según explicó Patricio Campaña, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, que comprende los municipios de Guayaquil, Durán y Samborondón, la madrugada del jueves varios sujetos dispararon en varias ocasiones contra la cárcel desde el interior de un vehículo, lo que produjo que el policía que se encontraba custodiando el ingreso resultara herido.
Los hombres huyeron del lugar y horas después la Policía encontró abandonado en una zona del noroeste de la ciudad el vehículo que se utilizó en el ataque, el mismo que había sido reportado como robado a finales de enero.
"Siguiendo con la línea investigativa realizamos varios allanamientos la noche de ayer y la madrugada de hoy en el sector del Guasmo Sur, logrando la aprehensión de tres ciudadanos que habían participado en este hecho delictivo que atentó contra la seguridad ciudadana y el orden público", señaló el oficial.
De los tres detenidos, uno había sido procesado el 26 de enero de este año por el delito de tenencia de arma de fuego, pero un juez le dio medidas sustitutivas, por lo que estaba en libertad.
Campaña aseguró que en los allanamientos los agentes policiales decomisaron un taxi que utilizaron los sujetos para huir tras abandonar el otro vehículo con el que cometieron el ataque, un arma de fuego y tres teléfonos móviles.
El oficial señaló que el objetivo del ataque armado fue "amedrentar a los miembros policiales y al personal militar" que se encontraba esa madrugada en la cárcel y añadió siguen con las investigaciones para determinar "a qué grupo criminal pertenecen" los detenidos.
Ecuador se encuentra desde inicios de 2024 bajo el estado de "conflicto armado interno" declarado por su presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, principales causantes de la escalada de violencia que en 2023 situó al país como el primero en índice de homicidios de Latinoamérica.
Ello ha ido acompañado de sucesivos estados de excepción para facilitar las operaciones de policías y militares contra las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, las extorsiones y secuestros y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, si bien el Gobierno ha pasado a denominarlas como "grupos terroristas".