Noboa promulga ley contra lavado de activos de criminales que fue archivada por Parlamento
La definió como "una herramienta clave diseñada para atacar y asfixiar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado
EFE
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, bautizada popularmente como 'Ley Antipillos', después de que la semana pasada el proyecto legislativo fuese archivado por la Asamblea Nacional (Parlamento) al considerar que generaba más carga impositiva a la ciudadanía.
La 'Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos' fue emitida por Noboa y enviada para su correspondiente publicación en el Registro Oficial (boletín oficial de leyes del Estado), pese a que el pleno del Legislativo la había rechazado por amplia mayoría.
"En la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa jamás le dará la espalda al país", señaló el Ministerio de Gobierno en un comunicado donde anuncia la promulgación de la ley, a la que definió como "una herramienta clave diseñada para atacar y asfixiar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado".
El Ejecutivo afirmó que, con esta decisión de sacar la ley a través de decreto, "ha actuado con determinación y dentro del marco constitucional" en contraposición a la "falta de tratamiento legislativo y al cumplirse con el plazo establecido".
"Esta decisión marca un paso firme en la lucha frontal y decidida contra quienes protegen y se benefician de las mafias criminales. La 'Ley Antipillos' no es solo una herramienta, es un compromiso con el país, un paso decisivo para devolver la paz y la tranquilidad" al país, concluyó el Gobierno.
Proyecto "urgente"
El proyecto de ley había sido presentado por el Gobierno el pasado 7 de noviembre con el objetivo de que fuese tratado por la Asamblea como urgente en materia económica.
Al anunciar esta iniciativa, el Ejecutivo indicó que el texto planteaba acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional.
La propuesta legislativa del gobernante ecuatoriano incluía regulaciones de control y reformas institucionales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe).
El proyecto fue archivado por el Legislativo con los votos del correísmo, el movimiento de centroderecha Construye y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), entre otras formaciones.
Durante el debate del proyecto de ley, el asambleísta Jorge Peñafiel (Construye) consideró que la iniciativa legislativa no aborda adecuadamente el tema del lavado de activos, ya que no enfrenta el problema central: el análisis y la verificación del origen ilícito de los recursos económicos que ingresan a la economía formal.
Mientras, el asambleísta socialcristiano Jorge Acaiturri señaló que "esta ley carece de lógica, ya que encubre impuestos disfrazados como medidas de lucha y control contra las economías criminales".
Reforma tributaria previa
Con el objetivo de lograr más recursos para la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno de Noboa sacó adelante también este año una reforma tributaria donde impuso un incremento de tres puntos porcentuales del impuesto al valor agregado, que pasó del 12 % al 15 %, así como el incremento de otros tributos como el impuesto a la salida de divisas (ISD), que volvió a situarse en el 5 %.
Ecuador se situó en 2023 como el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100,000 habitantes, una violencia que ha sido atribuida a la acción de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también a la extracción ilegal de minerales y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.
Si bien el Gobierno reporta una disminución del 17 % en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales se siguen sucediendo en el país.
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