Nicolás Maduro firma la ley que ordena 30 años de prisión a quienes promuevan sanciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y "autoridades" del Estado, aprobada por el Parlamento de mayoría chavista.

"Procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre del libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y a la felicidad", dijo Maduro en un acto televisado.

El mandatario indicó que esta norma nació luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno del país norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Gobierno chavista.

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"Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer como estamos venciendo y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites", añadió.

Inhabilitación política 

• La norma, aprobada por unanimidad, incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos "delitos", lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
• Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.

Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.

La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.

EFE

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