Bloqueos obligan al Congreso mexicano a votar reforma judicial en otra sede. Suprema Corte, al paro
La reforma del Poder Judicial es la primera de una veintena de modificaciones a la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador
AP
Manifestantes contrarios a la reforma del Poder Judicial mexicano, que busca que los jueces sean elegidos por voto popular, bloquearon el martes los accesos a la Cámara de Diputados y obligaron a los parlamentarios a trasladarse a una sede alternativa, un deportivo cercano, para votar ahí una iniciativa que cada vez tiene más voces en contra.
Empleados de los tribunales, estudiantes y otros críticos cercaron la sede legislativa el martes, mientras la Suprema Corte votó a favor —por mayoría de ocho a tres— de unirse a un paro de labores iniciado por la judicatura federal hace dos semanas. El resto de trabajadores de la corte también apoyó la medida como muestra de rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Según indicó el tribunal en un comunicado, se mantendrá el trámite de asuntos urgentes y el próximo lunes se valorará si seguir o no.
Pese a los bloqueos al Congreso, el oficialismo no se dio por vencido y sus parlamentarios se instalaron en un deportivo cercano para llevar a cabo ahí la controvertida sesión.
No estaba claro si los diputados de oposición participarían en ella pero, de realizarse la sesión, el oficialista partido Morena y sus socios tienen mayoría cualificada de dos tercios para poder sacar adelante la iniciativa.
"Esta reforma va", sentenció Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. "Así fue cómo nos lo indicó el pueblo de México en las urnas", agregó en referencia a la aplastante mayoría lograda por Morena y sus socios en las últimas elecciones generales.
Los trabajadores de la judicatura tampoco se resignaron y aseguran que continuarán luchando contra la reforma en el ámbito jurídico y en las calles.
"No termina todavía el proceso legislativo... siguen más pasos... y seguiremos pidiendo escucha, que nos den la oportunidad del diálogo, que nos permitan explicarles la regresión en la que caería todo el Estado mexicano" de pasar esta reforma, dijo una de sus voceras, Patricia Aguayo.
La propuesta para cambiar la Constitución y restructurar todo el Poder Judicial de México ha generado un sinfín de críticas no sólo de los partidos de la oposición sino de toda la judicatura, estudiantes, colectivos sociales, consultoras financieras y hasta de Estados Unidos y Canadá.
Todos coinciden en que la iniciativa, que reduce sustancialmente los requisitos para ser juez, politizará la justicia y pondrá en riesgo principios básicos del Estado de Derecho, como la independencia judicial, lo que puede tener serias consecuencias económicas al generar incertidumbre en los mercados, inversores y socios comerciales de México.
"Hay muchísima preocupación", recordó el mismo martes el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en conferencia de prensa tras recordar que mucha personas le han transmitido el mismo sentimiento. Si la reforma judicial no se hace bien, insistió, "puede traer muchísimo daño en la relación (bilateral), esto no solo lo digo yo".
En las puertas de la Cámara de Diputados, los manifestantes expresaban los mismos temores.
"El partido mayoritario podría tomar en control del Poder Judicial y esto sería prácticamente el fin de la democracia", dijo Javier Reyes, un trabajador de la judicatura quien, como muchos, veía necesaria una reforma pero no en los términos propuestos por el oficialismo. "Ellos quieren ser los nuevos dueños de México".
La reforma constitucional comenzó a tramitarse el domingo, el primer día de sesiones de la Cámara de Diputados elegida en las urnas en junio en unos comicios que dieron al oficialismo la mayoría de dos tercios necesaria para sacar adelante los cambios en la Carta Magna.
Este martes está previsto que el pleno inicie su votación en general para culminarla el miércoles en particular con lo que, si no hay sorpresas, esta misma semana llegaría al Senado, que también debe aprobarla antes de pasarla a ratificación de los estados para su eventual entrada en vigor.
Además de las duras críticas de fondo, los partidos de oposición han denunciado serias irregularidades en el trámite de la reforma, realizado de forma acelerada por los diputados de la legislatura saliente e impuesto a los nuevos parlamentarios sin debate, muchos de los cuales denunciaron que ni siquiera habían podido leer la iniciativa. Aunque una jueza aceptó un amparo el sábado para suspender temporalmente su discusión, el oficialismo dijo que su decisión no era procedente.
La reforma del Poder Judicial es la primera de una veintena de modificaciones a la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que incluyen también otras muy controvertidas, como la que que aspira a eliminar organismos independientes que sirven de contrapeso al gobierno, como el de transparencia, o que luchan a favor de la libre competencia.
En la Cámara de Diputados, mientras los críticos protestaban, en un muro se mostraba el sentir de otra parte de los mexicanos. Junto a una pintura del rostro de López Obrador podía leerse "hasta siempre presidente".
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