Supremo de Perú prolonga por 18 meses prisión preventiva a Castillo por su fallido autogolpe
El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) escenificó un fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022
EFE
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú aprobó este jueves prolongar por 18 meses la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
"El Poder Judicial prolonga por 18 meses la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, en la investigación en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública", reza un mensaje publicado en la red social X por ese poder.
La petición de prolongar la prisión preventiva la presentó la Fiscalía el pasado 6 de junio, cuando se vencía una primera orden de 18 meses que comenzó el 7 de diciembre de 2022.
El fallo emitido este jueves por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara fundado el requerimiento de la Fiscalía y, en consecuencia, "revoca la resolución dictada en primera instancia que amplió la medida coercitiva para el exmandatario por 14 meses".
"El tribunal argumentó su decisión tras 'inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (...), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva'", destacó el Poder Judicial.
Independientemente de la decisión que hoy tomó la Corte Suprema, Castillo hubiera seguido en el penal de Barbadillo en Lima, puesto que sobre él también pesan 36 meses de prisión preventiva por otro caso de corrupción.
El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, periodo en el que el juez Juan Carlos Checkley analiza la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.
Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta.
La Fiscalía pide 34 años de prisión contra el exgobernante por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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