Inicia juicio a imputados por presunto blanqueo de capitales en caso Papeles de Panamá

Uno de los principales socios del bufete panameño que estuvo en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá en 2016 y otros exdirectivos de la firma se deslindaron el lunes del presunto delito de blanqueo de capitales al iniciar el juicio relacionado con ese escándalo de alcance mundial en el país centroamericano.

“No soy responsable de tales actos”, respondió el abogado panameño de origen alemán Juergen Mossack a una pregunta de la jueza del caso Baolisa Marquínez y lo mismo hicieron otros acusados en el proceso. Ramón Fonseca, el otro socio de la firma Mossack-Fonseca, no se presentó y ni siquiera siguió el primer día de audiencia en línea debido a que, según su defensa, está recluido en un hospital.

Los “Panama Papers” o Papeles de Panamá —que hace referencia a la creación de sociedades de papel—golpearon duramente la imagen del país centroamericano que ya lidiaba con cuestionamientos internacionales al considerárselo un paraíso fiscal.

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Después de postergarse en varias ocasiones, la justicia panameña finalmente comenzó el juicio a 27 imputados, que de ser encontrados culpables podrían recibir una condena de hasta 12 años de prisión, según la ley.

El inicio del proceso también tiene lugar después de que en julio del año pasado la juez Marquínez decidiera acumular en una sola causa los expedientes del caso Papeles de Panamá y Lava Jato, considerada la mayor trama de corrupción de Brasil.

Esos casos tienen que ver con el movimiento irregular de fondos a través de sociedades offshore —empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial— en Alemania, Brasil y Argentina, que fueron constituidas por el bufete panameño.

Al llegar por la mañana al tribunal donde tiene lugar el juicio en Ciudad de Panamá, el abogado Mossack, de 76 años, señaló a la prensa que “si hay justicia de verdad, salimos bien librados”.

En el primer día se leyó el largo auto de llamamiento a juicio y para el martes se entrará en la etapa de pruebas testimoniales, según la jueza.

El Ministerio Público había pedido inicialmente el llamamiento a juicio de 44 personas en el caso Panamá Papers, pero ese número se redujo luego de darse sobreseimiento y decretarse la extinción de la acción penal a varias de ellas en un caso en el que también se aprehendieron inmuebles valuados en alrededor de cuatro millones de dólares.

Las investigaciones en Panamá habían comenzado inmediatamente después de la publicación de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros.

Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.

El bufete, que cerró sus oficinas en Panamá y en otras decenas de países en marzo de 2018, rechazó en su momento que se lo investigara en Panamá al argumentar que la firma fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial y que la información “robada” y divulgada tergiversó la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales.

Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisión del primer ministro de Islandia y pusieron en tela de juicio a los dirigentes de Argentina y Ucrania, a varios políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

Fiscales estadounidenses también han acusado que el despacho jurídico Mossack-Fonseca conspiró para evadir las leyes de Estados Unidos a fin de mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio Interno de Impuestos. También aseguran que el amaño data del año 2000 e involucra fundaciones falsas y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.

Fonseca, de 71 años, ha dicho que el despacho no tenía control sobre la forma en que sus millares de clientes pudieran utilizar las herramientas offshore que fueron creadas para ellos.

AP

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