Ayotzinapa: familiares de desaparecidos tienen acceso al expediente de investigación

México sigue torturado por el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas que tuvo lugar la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero. Casi 10 años después de los hechos, hay aún muchos cabos sueltos.

Los cuerpos de los estudiantes nunca fueron encontrados y aunque no hay indicios de que puedan estar vivos, las familias siguen buscándolos. Desde el jueves 4 de enero, y durante dos meses, los familiares  tendrán acceso al expediente de investigación.

Tras una reunión este miércoles con autoridades en la Secretaría de Gobernación (Segob), padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, insistieron en la entrega de al menos 800 folios militares que hasta ahora no figuran en los expedientes y en el acceso total a los archivos del ejército. Estos archivos están en manos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, una organización de vigilancia militar, que operaba en septiembre de 2014 en Iguala, al momento de los hechos. 

Esta solicitud no es nueva. Las familias ya han reiterado en varias ocasiones que la falta de entrega de información militar es una realidad objetiva que se ha acreditado a lo largo de todo su proceso de búsqueda de verdad y justicia, durante prácticamente una década.

En respuesta, el Gobierno ordenó abrir todos los archivos del caso Ayotzinapa, desde el jueves 4 de enero y hasta el 4 de marzo, ofreciendo a las familias la oportunidad de recoger ellos mismos el expediente de la investigación en las instalaciones militares.

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Una posibilidad que siembra incertidumbre en los padres de los desaparecidos, quienes en un comunicado de prensa, denuncian que se puede tratar de una farsa, y solicitan que expertos internacionales, con la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sean incluidos en la revisión de los documentos para garantizar una evaluación técnica imparcial.

En los últimos dos años, la investigación ha dado varios giros: el entonces fiscal general de la República, que había elaborado una versión falsa de los hechos, fue detenido. Un informe destacó que se trataba de un crimen de Estado que involucraba a la Policía y al Ejército. Los soldados fueron encarcelados y luego liberados. El grupo de expertos independientes encargado de la investigación concluyó su misión el pasado mes de junio denunciando los numerosos obstáculos que plantea el Ejército para obtener la verdad. 

Aunque el Gobierno actual ha tomado el control y ha prometido levantar el velo sobre el asunto, su posición sigue siendo ambigua a los ojos de los familiares de los desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió en noviembre pasado al Gobierno mexicano que rompiera el pacto de silencio en torno a Ayotzinapa.

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