Una comisión parlamentaria de Perú aprueba acusar a Pedro Castillo por corrupción
La denuncia responde a irregularidades encontradas en varias obras
EFE
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este viernes el informe que recomienda acusar por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado al expresidente Pedro Castillo, antesala de la votación en el pleno del Parlamento en el que deben ratificar la decisión.
Con 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Comisión Permanente dio luz verde a que continúe su rumbo en el Congreso la denuncia constitucional presentada en noviembre por la fiscal de la nación (general), Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente.
La denuncia responde a irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
El diputado del partido derechista Avanza País Diego Bazán señaló en la Comisión Permanente, órgano representativo del hemiciclo, que Castillo era el líder de la trama.
Bazán apuntó a Castillo como planificador, director y controlador de la trama gracias al poder que ostentó durante su presidencia.
Los cuatro diputados de la comisión del partido marxista con el que Castillo ganó las elecciones, Perú Libre, y otros cuatro congresistas de izquierdas, junto al diputado Raúl Doroteo, del centrista Acción Popular, votaron "no" al informe.
El informe será sustentado el próximo viernes en el Pleno del Congreso por Bazán, así como por la congresista opositora y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones.
Si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
En la actualidad, Castillo está bajo prisión preventiva desde el 7 de diciembre tras un intento fallido de autogolpe de Estado, el mismo día que el Congreso votaba una moción de vacancia por "permanente incapacidad moral".
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