Pensiones: reformar para mejorar

En pocos meses hará veinte años que se aprobó la Ley de Seguridad Social, y aunque a veces no lo parezca, es un hito que hay que celebrar. La República Dominicana entró de lleno en el grupo amplio de países que tienen un sistema de protección social, abarcando los temas de salud, riesgos laborales y pensiones. A este último apartado me voy a referir, ya que se oyen demasiadas voces que, a veces sin pleno conocimiento, sin tener todos los datos, o sencillamente por otros posicionamientos que tienen más de políticos que sociales, se manifiestan en contra del actual sistema de pensiones.

El sistema no es perfecto

Me parece imprescindible partir de la idea de que el sistema no es perfecto, y tiene fallas que con veinte años de perspectiva podemos apreciar. Quiero recordar que esta Ley fue consensuada por prácticamente todos los estamentos sociales y políticos del país, y que su aprobación e inicio supuso un gran soplo de esperanza para la población dominicana. Y eso fue porque, en aquel momento, la ley era una excelente ley. La República Dominicana fue el último país en América Latina y Caribe que hizo reforma estructural (profunda) al sistema de pensiones, y eso permitió aprender de los antecesores, para lo bueno y para lo malo. Y aunque todo el mundo piensa que el referente directo al sistema fue Chile, más bien eso no es así, porque el modelo siguió mucho más los pasos de México que los del país andino.

Por tanto, una buena ley era aprobada en 2001, lo que era imprescindible para proteger adecuadamente a la población. Pero una buena ley, por sí sola, no es suficiente si luego no se desarrolla como está previsto, o aún peor, no se cumple. Los resultados no serán los esperados, pero no será a causa de la ley, sino precisamente por su incumplimiento.

Y así, nuestra Ley 87-01 vio cómo los sucesivos gobiernos ignoraban parte de sus mandatos (incorporar a los independientes, establecer el sistema de pensiones mínimas, hacer el aporte de lo que contribuyeron los afiliados al antiguo IDSS), cómo no se proponían medidas para combatir el fraude (no es hasta este año, con la Ley 13-20, que se otorgan capacidades suficientes a la Tesorería de la Seguridad Social para perseguir el fraude y la informalidad, y también se aprobaron cotizaciones por debajo del salario mínimo o se plantearon más demoras para la afiliación en las Mipymes), y cómo no se trabajaba en actualizar la norma a medida que la sociedad avanza. No olvidemos que la seguridad social debe servir, y por tanto adaptarse, a las características de la población, y no al revés. Tampoco hemos visto defensa del sistema durante años, ni desarrollo del imprescindible mercado de capitales para que se pudieran invertir los fondos, y las necesidades de financiación del Estado han requerido de parte muy relevante de los fondos de pensiones.

¿Y ahora?

¿Qué supone todo esto? Primero es preciso explicar cómo funcionan los fondos de pensiones. Cuando un trabajador está afiliado (como es la obligación de toda empresa y trabajador), su empleador y la propia persona cotizan, en un importe, redondeando, del 10% del salario, en una proporción que es prácticamente un 70% a cargo del empleador, y un 30% a cargo del empleado. Esos recursos, que automáticamente son propiedad del trabajador, se invierten en los mercados financieros buscando la mejor rentabilidad.

Eso hace que, en el momento de pensionarse, del monto total que se reciba como pensión, más de un 60% va a corresponder a rentabilidad y menos de un 40% a aportes. Haciendo el cálculo de manera sencilla, por cada peso que pone un trabajador de forma directa en su fondo de pensiones, recibirá 10 (el resto será el aporte del empleador y la rentabilidad acumulada).

Ya respondida la pregunta que formulaba antes, qué supone el incumplimiento y el no desarrollo de la ley, podemos afirmar que implica pensiones más bajas de las previstas al inicio. Si el objetivo del sistema era que el 80% de la población tuviera pensión, y que ésta fuera aproximadamente del 40-45% del último salario (lo que los organismos internacionales establecen como piso de los sistemas de pensiones), al tener a un 60% de la población trabajando en la informalidad, con entradas y salidas del mercado formal, y con cotizaciones por debajo del salario real, la población con derecho a pensión va a ser menor, y el monto de la pensión, también.

El autor es Presidente de Novaster. Doctor en Economía y Actuario, Profesor de la Universidad de Barcelona y Profesor y Director Académico del Global Pensions Programme.Estamos a tiempo

Pero estamos a tiempo de arreglarlo, manteniendo lo bueno del sistema, terminar de poner en marcha lo que no se ha hecho aún, y corregir lo que no ha funcionado. Como muy importante me gustaría destacar que hay que garantizar pensiones mínimas para la población, tanto afiliados como no afiliados. Eso se puede hacer con un uso racional del Fondo de Solidaridad Social para los afiliados y a través de eficiencia y reorganización impositiva para la cobertura de la población no afiliada.

Hay que mejorar las pensiones, y no necesariamente con aumentos de aporte, sino, al menos de momento, cotizando por lo que la propia Ley dice que hay que cotizar, es decir, cayendo encima de la elusión (la tasa de reemplazo podría aumentar hasta diez puntos más), y el Estado tiene que honrar su compromiso de dar la correspondiente cobertura a todas aquellas personas que cotizaron al antiguo IDSS.

Se pueden buscar fórmulas para que esto suceda sin costos excesivos para el Estado, que seguramente son difíciles de plantear en este momento. También se debe permitir que los independientes entren al sistema y así puedan contribuir para su futura pensión.

Es conveniente estudiar sistemas de monotributo o tarifas mínimas con aumento gradual para fomentar la formalidad en el empleo, que tan buenos resultados han dado en otros países para generar incentivos a la formalidad. Asimismo, si algo nos ha demostrado esta pandemia que estamos sufriendo es que hay que tener una protección eficiente al desempleo.

Los sistemas de ahorro a través de fondos de cesantía garantizan unos beneficios hoy por hoy inexistentes para gran parte de la población trabajadora sin incrementar costos para los empleadores. Es de humanidad garantizar el derecho a la salud tras la jubilación, algo que parece un olvido de la legislación vigente.

Y también, en el plano operativo, pero imprescindible para extraer todas las ventajas de un sistema de ahorro a largo plazo, ampliar las posibilidades de inversión de los fondos de pensiones, que por ejemplo, ahora son un magnífico recurso para fondear las alianzas público privadas para el desarrollo económico del país. Y todo esto, y más, es factible sin nuevos dispendios económicos de relevancia, sino mediante la optimización de los recursos ya existentes.

No nos dejemos llevar por supuestas soluciones mágicas. Venimos de un viejo sistema de reparto, ineficiente e injusto, que duró muchos años y que condenó a buena parte de los adultos mayores a la pobreza. Prometer es fácil, cumplir no tanto.

Yo sugeriría, si me lo permitieran, a la Comisión Bicameral que va a estudiar la reforma, que solo analicen los proyectos de reforma que tengan una memoria económica solvente que los avale. Si queremos un sistema serio de pensiones, seamos serios en su reforma.

Y finalmente, hay otro tema trascendental para explicar avances económicos en el país en los últimos veinte años, y es que el impacto del aumento del ahorro en el crecimiento económico del país es muy relevante, como muestran estudios al efecto, con todo lo que esto conlleva de mejora del bienestar y reducción de la pobreza. En resumen, reformemos, sí, pero para mejorar.

El autor es Presidente de Novaster. Doctor en Economía y Actuario, Profesor de la Universidad de Barcelona y Profesor y Director Académico del Global Pensions Programme.

Diego Valero