El Cart pide a Uber una regulación que sólo cumple poco más de la mitad de los taxistas

SANTO DOMINGO. La inminente entrada en operación de Uber al mercado dominicano ya ha empezado a generar debates en torno a la regulación y el tipo de servicio que brinda la aplicación, conectando a conductores con usuarios del transporte. El presidente del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (Cart), Desiderio Ruiz, ha notificado mediante acta a Uber que tiene que regularse para poder operar en el país y sus conductores deben estar inscritos allí para brindar el servicio de transporte conforme a la ley 76-00. Aunque insiste en que los conductores de Uber se regulen, Ruiz admite que sólo 11,000 de los 20,000 taxistas del Gran Santo Domingo están empadronados en el Cart.

El presidente del Cart reconoce que en República Dominicana “las capacidades de regulación no son tal vez las mejores, (...) pero el hecho de que haya una parte que no esté regulada no quiere decir que esa parte esté bien”.

Desiderio Ruiz indica que hace dos años empezaron ese proceso de inscripción de los taxistas (la ley que pide licencia de la Cart para ofrecer el servicio de taxis es del año 2000), pero que hasta el momento las empresas sólo les han remitido 11,000 personas. Ruiz considera que Uber es una “amenaza” para el sector de los taxis porque opera a bajo costo –cobra por distancia recorrida- y, además, “sin regulación”, cuando –asegura- el sistema de taxis en el país no ha sido rentable, a lo que atribuye que muchas unidades no estén en buenas condiciones.

El Cart considera que la aplicación busca “evadir las regulaciones en el sentido de que se dicen no ser una empresa de taxis sino una plataforma que une a un prestador de servicios... eso aquí se llama taxi” y que si no lo hacen, la entidad irá a los tribunales.

Mientras Ruiz exige que cumplan la regulación para taxis aunque Uber no se considera como tal, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohén, explicó a Diario Libre que aunque ya existe una regulación para los taxis, esto no es obstáculo para que se creen nuevas normativas que sean específicas para plataformas tecnológicas que “deberán tener por objetivo principal la protección de la seguridad de los usuarios del servicio y de los conductores”.

“Hay que abrirse a la competencia, llámese Uber o de otra forma” porque la aplicación móvil pudiera ofrecer un servicio seguro, confortable y transparente, dijo Cohén.

Notificación

La notificación que envió la Cart a Uber –en la que en todo momento la identifica como una empresa de taxis- fue enviada el 6 de octubre de los corrientes y firmada por el alguacil ordinario de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional Jorge Santana. Ruiz afirma que el pasado martes 13, los abogados de Uber en el país los visitaron tras la notificación y asegura que la aplicación -nacida en el Silicon Valley (San Francisco, Estados Unidos) en 2009 y que opera en más de 300 ciudades de más de 60 países- no quiere regularse.

El Cart es una entidad público-privada cuya dirección está encabezada por un representante del Alcalde del Distrito Nacional y compuesta además –en lo público- por un integrante de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), uno de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y uno del Ministerio de Turismo; y entre los privados, dos representantes de las empresas de taxis, uno de los taxistas turísticos y dos de los taxis por comunicación.

Antonio Marte

Desiderio Ruiz declaró que le “extrañó” que el presidente la Central Nacional de Transportistas Unificados (Conatra) y propietario de los taxis ejecutivos Tuv Sud, Antonio Marte, dijera que le impedirían el paso a los conductores de Uber, como publicó un diario matutino, porque ese tema lo maneja un hijo del sindicalista llamado Wilson Antonio Marte. Ruiz le advirtió a Antonio Marte que no tiene autoridad para impedir el funcionamiento de Uber: “Él no es el ente regulador, él es un actor dentro del sistema (...) Todo el que rompa el orden público e usurpe una autoridad viola la ley”.

Respecto a esta amenaza, Michelle Cohén sentenció que “basta ya de declaraciones fachas y totalitarias. Este es un Estado que tiene quién lo represente. Basta de amenazas y de caos”.

Michelle Cohén recomendó a los actores sociales y políticos del país entender que la competencia es un “principio económico irrefutable de la vida contemporánea dominicana”, e indicó que el bienestar del consumidor y la eficiencia de la economía están por encima de los intereses de sectores particulares.

Yinett Santelises