“Parches” tributarios que se cuelan en Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central

El proyecto de Ley del presupuesto general del Estado, para el 2020, trae bajo el brazo su propio “parche” tributario, que va desde fomentar la creación de más banca de lotería, con el único objetivo de cobrarles impuestos, hasta dejar sin efecto el ajuste por inflación para el cobro del impuesto sobre la renta a las personas físicas, lo que pone en suspensión lo que manda el párrafo I del Código Tributario y sus modificaciones.

El falso pudor sobre los ludópatas

Asimismo, el artículo 19 del proyecto de ley, de ser aprobado por el Congreso, suspende las exoneraciones prevista en el artículo 2 de la Ley 96-88, que autoriza a los casinos de juego a importar y operar máquinas tragamonedas.

En sus explicaciones, el Gobierno informa que la Dirección General de Aduanas recaudará el 100% de los gravámenes aplicados sobre las máquinas tragamonedas, lo que incluye las partes, piezas, repuestos y equipos accesorio, además de cualquier otro artefacto mecánico, eléctrico, electrónicos empleados en estos juegos de azar. Y la intensidad argumentativa del Gobierno sobre este tema es justificada con la siguiente explicación: Es “debido a la externalidad negativa causada a la sociedad, el trastorno mental y adicción sobre los ludópatas compulsivos”.

El Gobierno ofrece esa explicación en el mismo informe sobre el proyecto presupuestario en el que, páginas antes (artículo 24), dispone el levantamiento de la prohibición de la instalación de nuevas bancas de lotería, con el propósito de “aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos a la educación”.

Se trata de un sector en el que la misma asociación que las agrupa, la Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA), proclama con tono de denuncia que en el país existen más de 150 mil bancas de apuestas, entre legales e ilegales. Un sector “parturiente” de incontables ludópatas.

El gas licuado de petróleo

Además, en el proyecto de ley se establece un monto de contribución por cada tonelada métrica de gas licuado de petróleo (GLP), con el propósito de depositar esas recaudaciones en el Fondo Especial de Solidaridad para la prevención y reconstrucción en las provincias impactadas por los efectos del cambio climático.

También, en sentido contrario, se incluye a productos como la leche y la nata (sin concentrar, sin adición de azúcar u otro edulcorante), el agua natural y mineral embotellada, y las demás pastas alimenticias, los que son agregados a la lista de bienes exentos de impuestos.

También se propone gravar los servicios digitales que venden contenidos desde plataformas internacionales, a partir del 2020. Eso incluye todos los servicios vendidos por internet, que no tienen domicilio en el país, siendo los mismos intermediarios internacionales los agentes de retención.

Sin embargo, eso implica enfrentar el desafío de “cómo recaudar ITBIS por esas operaciones, cuestión que es impracticable con las normas tradicionales”, se explica en el informe sobre la Política Presupuestaria para el Presupuesto General del Estado 2020.

Deudas y déficit fiscales

Para el 2020, el Gobierno Central espera recaudar impuestos por un monto de 682.9 mil millones de pesos, lo que equivale a una presión tributaria de un 13.9% del PIB.

Al adicionársele las fuentes financieras (endeudamiento público interno y externo), el total de ingresos asciende a 997.1 millones de pesos. Pero para eso año, enfrenta un déficit fiscal de 110.3 mil millones de pesos.

Ese déficit fiscal es significativamente superior a los 75.5 mil millones de pesos que se estimó en el presupuesto del Gobierno Central para el presupuesto correspondiente al 2019.

En comparación con el producto bruto interno a precios corrientes (lo producido en bienes y servicios durante el año, valorado a precios de mercados), de cumplirse las proyecciones, las finanzas del Gobierno Central pasarían de cerrar con un déficit fiscal de 1.7% del PIB en 2019, a un 2.2% en 2020. Y eso implica más endeudamiento público interno y externo.

Edwin Ruiz