Gobierno licitaría la inspección técnica vehicular si propuesta privada declarada de interés es factible
La estructura para revisar los vehículos requiere aproximadamente US$100 millones de inversión
Mariela Mejía
Una vez realizados los estudios de factibilidad de la iniciativa privada declarada de interés público, para la ejecución de un Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular, se determinará si se convocará a una licitación pública para adjudicar el proyecto, que pudiera ser ganada por otras empresas distintas a la que propuso dicha iniciativa.
Así lo adelanta a Diario Libre el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, quien, además, informó que desarrollar todos los centros que se requerirían para inspeccionar -como manda la Ley 63-17- el parque vehicular del país, que supera los 4.8 millones de unidades, demanda una inversión aproximada de US$100 millones.
“Este es un proyecto que requiere 100 millones de dólares de inversión; el gobierno no tiene 100 millones de dólares para destinarlo a esto”, enfatizó.
"Cuando nosotros tengamos los estudios de factibilidad y veamos (...) cuántos vehículos realmente tenemos en el país, la división de los lotes cómo sería, cuál podría ser una tarifa razonable para el usuario, todo ese tipo de cosas, cuando nosotros tengamos la data, el Consejo decide si convoca la licitación o no la convoca", agregó.
El Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (CNAPP), mediante la Resolución 01-2022, del 13 de enero del presente año, declaró de interés público la iniciativa privada para la implementación del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular, para la puesta en funcionamiento de una red de centros para inspeccionar que los vehículos que transiten por la vía pública lo hagan en condiciones adecuadas. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) será el regulador.
La propuesta contempla distribuir los ingresos que se captarían en 90 % para el agente privado y el restante 10 % de canon para el Estado.
“Una vez culminados los estudios de factibilidad, si el Consejo decide proseguir con el proyecto, aprobamos los pliegos ajustados a lo que nosotros entendemos que debe ser lo razonable, o sea, si queremos decir: no, la distribución económica no será 90/10, será 60/40 o será 50/50, o será 70/30”, explicó Freund.
“Eso, es en ese momento que se determinará; todo esto es una simple propuesta de un agente privado”, agregó.
La iniciativa fue presentada a la DGAPP por el agente privado Consorcio Inteve, representado en el país por la sociedad comercial Castillo Holding Company, S.A., a cargo de Leopoldo Castillo Bozo, un venezolano que ha tenido problemas judiciales.
Sobre esto, Freund indicó que, en la fase en que está la propuesta, no se puede todavía adentrarse “en revisar de manera profunda lo que sería la idoneidad o no de un originador en lo que debe ser su perfil legal, de reputación moral o técnica”.
Explicó que hay una fase que se abre en la licitación que se llama "Habilitación de oferentes", que permite revisar a profundidad quiénes son los accionistas, su solvencia moral y si cumplen con las condiciones.
Sobre la propuesta
La Ley 63-17 establece la obligación de someter a revisión técnica anual a todos los vehículos de motor, con una antigüedad superior a tres años, y autoriza al Intrant para conceder la licencia de operación a personas físicas o jurídicas que tengan la capacidad de realizar las inspecciones técnico vehicular, de conformidad con las normas.
Dicha ley indica que serán multados los conductores que no hagan la inspección, una revisión que aún no se ejecuta en el país.
El proponente privado sugiere la construcción de 56 Centros de Inspección Técnico Vehicular (CITV). Además, ocho Unidades Móviles de Inspección para las localidades donde no se justifique un CITV.
Para el inicio de las operaciones, propuesto para 2024, se estima el valor unitario de la tarifa para la primera inspección vehicular en RD$1,633.81 (equivalentes a US$25) y para la segunda RD$816.90 (US$12.50).
En el Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas se le observó a la propuesta la parte operativa, para que se dividiera en lotes territoriales y evitar el monopolio de un solo operador.
Al preguntarle a Freund sobre el por qué no se habilitan talleres para que puedan ser quienes hagan la inspección, como se señala también en la ley y como hace unos años se convocó a licitación, respondió que también se pueden crear los centros propuestos.
Señaló que certificar un taller en el país “es muy complejo”, porque no existe la suficiente estructura o estos locales no cumplen con las condiciones para hacer las inspecciones. Además, no es lo mismo certificar a 500 talleres de diferentes dueños.
Mariela MejíaEditora de Economía y docente de periodismo. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos.
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